La expansión de la epidemia de Covid 19 hacia comunas del sector poniente de la Región Metropolitana (RM) marca un hito, porque el SARS-COV-2 comienza a afectar a sectores sociales más vulnerables y a poblaciones que sobreviven con altos niveles de pobreza, precariedad laboral, hacinamiento y patologías crónicas. Para prevenir un colapso sanitario, económico y social es necesario que el Estado y los más ricos sostengan temporalmente a las familias que carecen de ingresos como consecuencia de la pandemia.

La agudización de la crisis sanitaria sepultó la “nueva normalidad” o “retorno seguro” del gobierno y dejó mortalmente heridas sus “cuarentenas flexibles y estratégicas”. Es un hecho indesmentible que el número de contagios se incrementa de manera acelerada en comunas populares de la RM, como consecuencia de la tardía decisión del Ministerio de Salud de retrasar, sin justificación sanitaria, cuarentenas en comunas que vienen mostrando desde hace más de un mes un aumento sostenido del número de personas infectadas.

Los motivos que ha tenido Piñera para evitar las cuarentenas están más relacionados con razones económicas que con objetivos de salud pública, y esta tardanza en adoptar medidas de contención de la epidemia revelan que el mandatario ha seguido cediendo sistemáticamente a las presiones empresariales, en perjuicio del bienestar y la vidade la población afectada por la epidemia.

La credibilidad del gobierno es bajísima y las evidencias demuestran que el tan proclamado aplanamiento de la curva de contagio era solo un mito, ya que la expansión del COVID 19 sigue en alza, sin que haya señales visibles de moderación de los contagios. Los datos que entregan las autoridades de salud muestran con claridad que todavía no hemos llegado a la cúspide (peak) de la crisis sanitaria y que probablemente la cima del contagio coincidirá con el momento en que el virus ataque a sectores sociales más desprotegidos y con menos posibilidades de enfrentar un confinamiento prolongado, porque dependen para susubsistencia de lo que ganan día a día.

Junto con las medidas sanitarias que se están adoptando para extender la cuarentena, es necesario acelerar la aprobación del proyecto de ley de Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que fue parcialmente rechazado por el Congreso Nacional, debido a diferencias entre oposición y gobierno;relacionadas con el monto y extensión de la cobertura de este ingreso de emergencia, indispensable para garantizar la subsistencia de familias pobres y de la llamada “clase media”; segmento  heterogéneo de la población que agrupa a millones de personas que laboran en actividades relacionadas con el comercio, los servicios o la pequeña producción.

Una cuarentena efectiva

La extensión de la cobertura del IFE a estos sectores socialesmedios, que habitualmente no son sujetos de apoyo del Estado; es fundamental para garantizar una cuarentena efectiva a cerca 9 millones de personas que trabajan de manera informal o por cuenta propia, impedidas de laboraren esta coyuntura. Para lograr el objetivo sanitario, este el IFE debiera ser igual o superior al salario mínimo ($320.500) para una familia de cuatro personas y tendría que extenderse durante todo el periodo de la pandemia. Este aporte solidario contribuye a sostener también al conjunto de la economía, incluyendo su aporte a la reactivación del ciclo de producción y consumo, a través del fortalecimiento del poder de compra de la población.

Es indispensable además que las organizaciones sindicales cumplan su rol e intensifiquen su defensa de las trabajadoras y trabajadores, y que las autoridades de gobierno aumentenla fiscalización para impedir abusos de empleadores. Según cifras de la Dirección del Trabajo, cuando recién se iniciaba la crisis sanitaria, entre enero y marzo de 2020, las cartas de despido cursadas por empresarios fueron 994.265, con 212.600 despedidos más que los registrados en el mismo periodo del año 2019.

En momentos de crisis extrema, como la que estamos viviendo, las soluciones de la receta neoliberal resultan inútiles para enfrentarla. La focalización de los subsidios en los más pobres no basta, el Estado debe intervenir también con políticas públicas y soluciones que se extiendan hacia toda la población vulnerable. Es necesaria además la activa participación de la ciudadanía organizada mediante accionesde educación sanitaria, autoayuda o solidarias; que vengan desde organizaciones vecinales, partidos políticos populareso asociaciones de economía solidaria, por nombrar algunas.

Los recursos para financiar este periodo de emergencia deben ser aportados principalmente por el Estado, que tiene la posibilidad de endeudarse a largo plazo por la vía de emisión de bonos soberanos, y de quienes se han beneficiado de este modelo de crecimiento desigual; me refiero a los súper ricos, cuyo aporte tributario al país es insignificante. No queremos que una vez más el peso de los costos de la crisis se cargue sobre las espaldas de trabajadoras y trabajadores.