La discusión presupuestaria que se abrió en Chile durante los primeros meses del gobierno de José Antonio Kast no puede reducirse a una controversia técnica sobre planillas, subtítulos presupuestarios o ajustes administrativos. Lo que está en juego es algo más profundo: qué tipo de Estado se quiere construir después de una década marcada por crisis sociales, pandemia, inflación, debilitamiento de la confianza pública y agotamiento ciudadano.
El gobierno tiene razón en un punto: la situación fiscal que recibió no era holgada. El Presupuesto 2026 no venía blindado frente a todas las presiones de gasto, las proyecciones de ingresos fueron revisadas a la baja y el déficit estructural era mayor al comprometido. Negar esa realidad sería intelectualmente débil. Pero reconocer que existía una restricción fiscal no obliga a aceptar como inevitable la respuesta que está aplicando el Ejecutivo.
La pregunta política decisiva no es si había presión sobre las cuentas públicas. La pregunta es quién termina pagando esa presión.
El gobierno de Kast y su ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, han decidido responder mediante una arquitectura reconocible: recorte fiscal, contención del gasto, solicitud de mayor endeudamiento, debilitamiento de mecanismos de protección y una reforma tributaria orientada a reducir la carga sobre las empresas bajo la promesa de que el crecimiento futuro compensará el costo presente. Esa combinación no es neutra. Ordena ganadores y perdedores. Define qué se protege y qué se expone. Decide qué se considera inversión y qué se trata como gasto prescindible.
El episodio del Oficio Circular N.º 16 de Hacienda/Dipres, relativo a la formulación del Presupuesto 2027 y la Programación Financiera 2028-2031, hizo visible esa racionalidad. El documento instruyó a los ministerios a proyectar sus necesidades bajo una restricción presupuestaria plurianual. Dicho de manera simple: no se trataba solo de ajustar el próximo año, sino de instalar un marco de reducción, control y priorización estricta para todo el ciclo 2027-2031.
El problema no está en que Dipres evalúe programas. Eso corresponde a una buena administración pública. El Estado debe revisar si sus políticas cumplen objetivos, si duplican funciones, si gastan mal o si deben ser rediseñadas. Nadie serio podría defender la idea de que todo programa, por el solo hecho de existir, debe continuar eternamente. Pero una cosa es evaluar para mejorar y otra muy distinta es instalar la evaluación como antesala de una poda presupuestaria cuyo criterio principal parece ser cuadrar una restricción fiscal definida desde Hacienda.
La controversia estalló con Educación porque allí la abstracción presupuestaria adquirió rostro social. El anexo filtrado sugería descontinuar 15 programas y ajustar otros 42 en al menos 15%. Entre los programas mencionados aparecían iniciativas especialmente sensibles: el Programa de Alimentación Escolar, el Fondo de Apoyo a la Educación Pública, el PACE, Reinserción Escolar, Beca Indígena, útiles escolares y otros apoyos vinculados a trayectorias educativas de niños, niñas y jóvenes.
Después de la polémica, el gobierno intentó aclarar que no habría recortes en alimentación ni becas, y que “descontinuar” debía entenderse como reformular. La aclaración era necesaria, pero no resuelve el problema de fondo. Cuando un documento formal de Hacienda ubica programas de alimentación, revinculación escolar o apoyo a la educación pública dentro de una matriz de descontinuidad o ajuste, no estamos simplemente ante una palabra mal escogida. Estamos ante una forma de mirar el Estado.
Esa mirada parece provenir más del lenguaje de la empresa que del lenguaje de los derechos. En una empresa, una línea de productos puede cerrarse si no entrega rentabilidad suficiente. En el Estado, un programa social no puede evaluarse solo como una unidad de costo. Puede ser caro, puede tener problemas de gestión, puede requerir rediseño; pero muchas veces sostiene obligaciones públicas que no desaparecen porque Hacienda las catalogue como ineficientes. El hambre escolar no se descontinúa. La deserción educativa no se reformula en una planilla. La pobreza territorial no espera a que el crecimiento futuro derrame algún beneficio.
El Estado no administra clientes: administra ciudadanía. No vende servicios: garantiza condiciones mínimas de integración social. Por eso, los programas de educación no son simples partidas presupuestarias. Son dispositivos de protección, permanencia, alimentación, movilidad social y cohesión democrática.
Esta es la contradicción central del gobierno de Kast. La administración sostiene que faltan recursos para mantener o expandir capacidades públicas, pero al mismo tiempo impulsa una reforma tributaria que busca reducir ingresos permanentes del Estado mediante rebajas al impuesto corporativo y beneficios patrimoniales. La escasez aparece como argumento implacable cuando se trata de salud, educación o programas sociales. Pero esa misma escasez se vuelve flexible cuando se prometen certezas tributarias al capital.
El discurso oficial dirá que se trata de eficiencia, no de desmantelamiento. Y esa distinción importa. No todo ajuste es necesariamente desmantelamiento. Pero cuando el ajuste se combina con endeudamiento adicional, rebajas tributarias regresivas y debilitamiento de mecanismos contracíclicos, deja de ser una medida administrativa aislada. Empieza a parecer una reorganización estructural del Estado.
La austeridad de Kast no opera como una disciplina pareja. Es selectiva. Recorta donde el Estado protege a las familias y abre espacio donde el Estado asegura condiciones al capital. Contiene gasto social en nombre de la responsabilidad, pero acepta menores ingresos permanentes en nombre de la inversión. Endurece el lenguaje frente a los usuarios de programas públicos, pero suaviza la carga sobre los grandes contribuyentes bajo la expectativa de que algún día esa rebaja vuelva convertida en crecimiento.
El problema es que esa promesa depende de una cadena de supuestos inciertos. Se supone que al bajar impuestos las empresas invertirán más; que esa inversión se realizará en Chile; que generará empleos formales; que elevará salarios; que aumentará la productividad; que expandirá la recaudación futura; y que todo ello compensará el costo fiscal presente. Pero mientras ese futuro no llega, el costo es inmediato: menos espacio presupuestario, mayor presión sobre servicios, más deuda y más riesgo trasladado a los hogares.
Educación muestra con crudeza esta transferencia de riesgo. Si se reduce alimentación escolar, el riesgo pasa al hogar. Si se debilita la reinserción educativa, el riesgo pasa al estudiante que ya está al borde de abandonar el sistema. Si se ajustan programas de apoyo a la educación pública, el riesgo pasa a comunidades escolares que ya enfrentan ausentismo, déficit de infraestructura y trayectorias interrumpidas. Si se reduce el apoyo a becas o materiales, el riesgo pasa a familias que no siempre pueden reemplazar con ingresos propios aquello que el Estado deja de cubrir.
El gobierno puede decir que nada de eso ocurrirá finalmente. Puede afirmar que el oficio era preliminar. Puede corregir palabras. Puede reemplazar “descontinuar” por “reformular”. Pero la señal política ya fue emitida: bajo la nueva administración, incluso programas que encarnan mínimos civilizatorios pueden ingresar al lenguaje del ajuste si Hacienda necesita cuadrar la caja.
Ahí está el problema mayor. Chile no necesita un Estado que nunca evalúe. Necesita exactamente lo contrario: un Estado que evalúe mejor, con mayor transparencia, evidencia y responsabilidad. Pero evaluar no es lo mismo que recortar horizontalmente. Evaluar no es trasladar la carga de la restricción fiscal a los sectores que tienen menor capacidad de defenderse. Evaluar no es asumir que toda política social debe probar permanentemente su derecho a existir, mientras las rebajas tributarias al capital se presentan como inversión natural en el futuro.
El presupuesto público siempre es una decisión moral. No porque deba ser sentimental o irresponsable, sino porque expresa qué vidas son consideradas prioritarias. Un presupuesto dice si la alimentación escolar es gasto o inversión social. Dice si la educación pública es una obligación o una carga. Dice si el Estado se entiende como una empresa que optimiza líneas o como una institución democrática que sostiene derechos.
La herencia fiscal de Boric no era cómoda. Pero tampoco autorizaba cualquier respuesta. Kast recibió cuentas estrechas, no un mandato para debilitar la protección social. Recibió un Estado con problemas, no una licencia para convertir la escasez en doctrina. Recibió presiones reales, pero decidió procesarlas mediante una arquitectura que protege más a la oferta privada que a la demanda social.
Lo que se empieza a ver en el Presupuesto 2027 no es solo una discusión contable. Es la continuidad de una orientación ya visible en los primeros cien días: recortes, deuda, rebaja tributaria, cautela frente al capital y traslado de riesgos hacia las familias. La educación aparece ahora como el laboratorio más sensible de esa disputa.
Porque cuando el Estado mira la alimentación escolar, la reinserción educativa o el apoyo a la educación pública como partidas disponibles para el ajuste, el problema deja de ser técnico. Se vuelve político en el sentido más profundo: qué sociedad queremos ser, qué riesgos estamos dispuestos a compartir y qué derechos estamos dispuestos a proteger incluso cuando los recursos son escasos.
La responsabilidad fiscal es indispensable. Pero no puede convertirse en una coartada para reducir derechos mientras se entregan certezas a quienes más capacidad tienen de protegerse por sí mismos. Cuidar la caja fiscal no significa desentenderse de la vida concreta de las personas. Significa priorizar con justicia, recaudar con progresividad, gastar con eficiencia y proteger aquello que ninguna familia puede financiar sola.
El presupuesto de un país no es solo una suma de ingresos y gastos. Es una declaración de prioridades. Y la señal que deja esta discusión es inquietante: el gobierno parece dispuesto a endeudarse para sostener la caja, a recortar para disciplinar el Estado y a reducir impuestos para estimular al capital; pero vacila cuando debe garantizar que la educación, la alimentación y la protección social no sean tratadas como variables de ajuste.
Esa es la verdadera controversia. No si había estrechez fiscal. La había. No si los programas deben evaluarse. Deben evaluarse. La controversia es si esa evaluación servirá para fortalecer derechos o para justificar una retirada selectiva del Estado. Si servirá para mejorar la educación pública o para convertirla en una línea más dentro de una planilla de austeridad.
En los primeros meses del gobierno de Kast, la caja fiscal dejó de ser solo una cuestión técnica. Se convirtió en el campo donde se disputa el sentido del Estado chileno: uno que comparte riesgos colectivos y protege mínimos sociales, o uno que usa la escasez para transferir la intemperie hacia abajo mientras asegura tranquilidad hacia arriba.
