Administrador Público
El actual ciclo político en Chile se ha inaugurado bajo una promesa de restauración que busca corregir las derivas de la última década: retomar el crecimiento y aproximarse nuevamente a tasas cercanas al 4% anual. En el plano discursivo, la fórmula es conocida y se presenta como técnicamente inevitable: ajuste fiscal, reducción del gasto público y rebaja del impuesto corporativo desde 27% a 23%. Sin embargo, bajo la aparente neutralidad de las planillas presupuestarias, emerge una pregunta que la técnica económica tiende a eludir: ¿estamos frente a una estrategia de estabilización o ante un proceso de reconfiguración más profundo del vínculo entre Estado, mercado y ciudadanía?
Responder esta pregunta exige desplazar el análisis desde la superficie de las medidas hacia la racionalidad política que las articula. Lo que está en curso no es únicamente un ajuste fiscal, sino un cambio en la forma de gobernar la fragilidad social.
La comparación entre el ciclo 2022 y el escenario proyectado para 2026 permite identificar con claridad este desplazamiento. En 2022, Chile enfrentó un shock inflacionario de magnitud —con tasas cercanas al 10,8% anual según el Banco Central — en un contexto social aún marcado por las secuelas del estallido de 2019 y la pandemia. La respuesta estatal se estructuró bajo una lógica amortiguadora: el Estado absorbió parte del costo del ajuste mediante transferencias, subsidios y políticas contracíclicas, con el objetivo de evitar que la corrección macroeconómica se tradujera en desborde social.
En 2026, en cambio, el escenario es distinto. No hay un colapso agudo, pero sí una fragilidad persistente. El IPoM de marzo de 2026 proyecta un crecimiento entre 1,5% y 2,5%, mientras que el retiro de mecanismos de estabilización —como el subsidio a los combustibles— anticipa presiones inflacionarias en torno al 4%. A ello se suma un ajuste fiscal que, según estimaciones de la Dirección de Presupuestos, implica recortes del orden de 2,5 billones de pesos y una reducción transversal cercana al 3% del gasto en distintos ministerios.
Lo relevante no es solo la magnitud de estas medidas, sino su orientación. A diferencia del ciclo anterior, el actual no busca amortiguar el impacto del ajuste, sino acelerar su traspaso hacia la sociedad, bajo la premisa de que la disciplina fiscal constituye la condición primaria para la recuperación del crecimiento. Estamos, en rigor, frente a la consolidación de un Estado disciplinador, cuya función no es contener la incertidumbre, sino administrarla y redistribuir sus costos.
Aquí resulta iluminador el marco de Hannah Arendt. Cuando las decisiones políticas se presentan como el resultado de una necesidad económica ineludible, lo político se vacía de deliberación y se transforma en administración. No se trata simplemente de que las decisiones sean correctas o incorrectas, sino de que dejan de ser percibidas como decisiones. La ciudadanía ya no se reconoce como sujeto de acción colectiva, sino como objeto de una racionalidad técnica que opera por encima de ella. La política, en este sentido, se desplaza desde el espacio de la acción hacia el de la necesidad.
Este desplazamiento ocurre, además, sobre una estructura social particularmente vulnerable. De acuerdo con la CASEN 2024, la pobreza por ingresos bordea el 17% de la población y la pobreza multidimensional afecta a más del 13% de los hogares. A ello se suma un mercado laboral tensionado: la tasa de informalidad se sitúa en torno al 26% del empleo, con más de 2,5 millones de personas fuera de sistemas formales de protección social.
En este contexto, el ajuste fiscal no es neutro. El Estado chileno no solo redistribuye ingresos; también estructura la demanda interna. A través del sistema de compras públicas —ChileCompra— se transan más de 17 mil millones de dólares anuales, de los cuales cerca de un 35% corresponde a micro, pequeñas y medianas empresas. Para una parte significativa de este tejido productivo, el Estado no es un actor marginal, sino su principal cliente.
Cuando ese flujo se contrae, el efecto no se limita a las cuentas fiscales: se transmite al empleo, a la inversión y a la estabilidad de los ingresos. La hipótesis de que la rebaja tributaria y la disciplina fiscal activarán automáticamente la inversión privada omite un elemento central de la teoría económica clásica: la inversión depende de expectativas de demanda. Si el mercado interno se debilita producto del ajuste, el incentivo a invertir se reduce, generando el riesgo de un equilibrio de bajo crecimiento con alta precariedad.
Lo que en el plano técnico se presenta como una “corrección necesaria”, en la experiencia cotidiana se traduce en una acumulación de pérdidas. El alza de los combustibles impacta directamente en el transporte, este en el precio de los alimentos, y ambos en el presupuesto doméstico. En paralelo, la reducción del gasto público limita la capacidad de respuesta del Estado frente a esas mismas presiones. Se configura así una asimetría estructural: los costos del ajuste son inmediatos, concentrados y visibles; los beneficios —estabilidad macroeconómica, credibilidad fiscal— son diferidos y, para amplios sectores, abstractos.
La advertencia del Consejo Fiscal Autónomo refuerza esta tensión. El desvío del Balance Estructural en 2025 —cercano a 2,5 puntos del PIB respecto de la meta— confirma la existencia de un problema fiscal real. Sin embargo, el modo en que ese problema se corrige no es neutro desde el punto de vista político. El actual enfoque opta por trasladar con rapidez los costos hacia los hogares, consolidando una lógica que se inscribe en una tradición reconocible: la del neoliberalismo disciplinario, donde el mercado actúa como mecanismo de ajuste y el Estado como garante de esa disciplina.
En este punto, la lectura de Zygmunt Bauman adquiere relevancia. La inseguridad deja de ser una anomalía a corregir y pasa a constituirse en una condición estructural que se distribuye socialmente. Los individuos internalizan esa inseguridad como responsabilidad propia, adaptándose a condiciones cada vez más inestables. Byung-Chul Han, por su parte, permite comprender la dimensión subjetiva de este proceso: la precariedad no solo se vive como carencia, sino como autoexigencia permanente, como necesidad de sostenerse individualmente en un entorno que ha reducido sus mecanismos de protección colectiva.
El resultado no es necesariamente un conflicto abierto inmediato, sino algo más complejo: una acumulación silenciosa de malestar, fragmentada, difícil de articular políticamente, pero persistente. Una sociedad que se ajusta sin colapsar, pero que tampoco logra recomponer sus niveles de confianza.
Hacia 2027, el éxito de este ciclo no se medirá únicamente en indicadores macroeconómicos. Incluso si la inflación converge y el crecimiento repunta, persistirá una pregunta política más profunda: ¿sobre qué tipo de vínculo social se construyó esa estabilidad? La economía puede corregirse más rápido que la confianza, pero esta última, una vez erosionada, tiende a sedimentarse como experiencia colectiva.
El riesgo, entonces, no es solo económico, sino político. Chile podría arribar a un escenario paradójico: un país fiscalmente más ordenado, pero socialmente más frágil; macroeconómicamente estable, pero con una ciudadanía más distante, más desconfiada y menos disponible para sostener los acuerdos que hacen posible la gobernabilidad democrática.
En última instancia, lo que está en juego no es únicamente la eficacia del ajuste, sino su legitimidad. Una democracia difícilmente puede sostenerse si el Estado deja de ser percibido como un espacio de protección frente a la incertidumbre y pasa a operar exclusivamente como el administrador del rigor económico. Cuando la estabilidad se construye trasladando sistemáticamente el costo hacia los mismos sectores que ya viven en condiciones de vulnerabilidad, deja de ser un horizonte compartido y se convierte en una experiencia desigual.
La paradoja es, entonces, profundamente política: un orden que se consolida disciplinando a la sociedad puede terminar debilitando las condiciones que hacen posible su propia estabilidad. Porque no toda estabilidad es equivalente. Existe una estabilidad que integra, que amortigua y que produce cohesión. Y existe otra que ordena, pero al hacerlo, erosiona silenciosamente el vínculo entre quienes gobiernan y quienes son gobernados.
Chile parece avanzar, con precisión técnica y bajo la promesa de responsabilidad fiscal, hacia esta segunda forma. Y es precisamente en ese desplazamiento —menos visible que el ajuste mismo— donde podría estar incubándose el verdadero costo de la estabilidad.
