La reconstrucción como Caballo de Troya: la paradoja de la certeza en el Chile de Kast

Noam Santander

En la actual gramática política chilena, las palabras suelen utilizarse como escudos antes que como puentes. El «Proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social» (Boletín N°18.216-05) es, quizás, el ejemplo más acabado de esta desorientación deliberada. Bajo la promesa de sanar las heridas materiales de un país que clama por reactivación tras las crisis sucesivas, se esconde una arquitectura normativa que no solo tensiona las bases del derecho administrativo, sino que amenaza con desmantelar el precario equilibrio entre el capital privado y el bien común. Para un público informado y comprometido con la justicia social, este proyecto no debe leerse como un plan de obras públicas, sino como una declaración de principios sobre la capitulación del Estado frente al mercado.

La hipótesis central que vertebra este análisis es lo que hemos denominado la «paradoja de la certeza». El gobierno de José Antonio Kast ha erigido su discurso sobre la necesidad de otorgar seguridad jurídica a la inversión, acelerar la permisología y reducir lo que ellos denominan «burocracia obstructiva». Sin embargo, al examinar las costuras del proyecto —y especialmente tras el demoledor informe técnico de la Corte Suprema—, emerge una realidad inquietante: el diseño propuesto, lejos de estabilizar el sistema, incuba una incertidumbre jurídica sistémica. Al intentar blindar al inversor de cualquier riesgo regulatorio, el proyecto termina por dinamitar la legitimidad de las propias instituciones que deben dar esa certeza.

El Estado como asegurador de riesgos privados

Para entender la primera capa de esta cebolla regulatoria, debemos atender a la advertencia del máximo tribunal. La Corte Suprema no declaró formalmente la inconstitucionalidad del proyecto, pero su informe fue institucionalmente severo: advirtió la necesidad de “ajustes relevantes” en materias que afectan la coordinación normativa, la competencia de los tribunales ambientales y la responsabilidad fiscal del Estado. El punto neurálgico es el mecanismo de restitución de gastos directos a los titulares de proyectos cuya Resolución de Calificación Ambiental (RCA) sea anulada judicialmente.

Este es el corazón de la perversión institucional. El proyecto propone que, si un tribunal determina que un proyecto es ilegal o dañino para el medio ambiente, el Estado —es decir, el erario público financiado por todos los chilenos— deba resarcir al empresario por los gastos incurridos. El riesgo no está en que el Estado responda alguna vez por actuaciones defectuosas, sino en que la norma pueda configurar una responsabilidad fiscal demasiado amplia, donde la anulación judicial de una RCA opere como puerta de entrada para trasladar al erario público costos que forman parte del riesgo normal de una inversión privada. ¿Cómo puede un tribunal ambiental o una Corte de Apelaciones juzgar con independencia técnica si sobre sus hombros pesa la amenaza de un desembolso fiscal masivo cada vez que protege el patrimonio natural? La certeza jurídica se vuelve unilateral: el inversor tiene la garantía de que no perderá dinero, mientras que la ciudadanía tiene la certeza de que su sistema de justicia ha sido condicionado por la chequera fiscal.

Esta norma altera profundamente la lógica de la responsabilidad del Estado. Tradicionalmente, el Estado responde por «falta de servicio», es decir, cuando actúa mal o no actúa. Pero aquí se intenta instaurar una suerte de responsabilidad objetiva ante el éxito de las pretensiones ciudadanas en tribunales. Es, en esencia, un castigo financiero al ejercicio del derecho a la justicia ambiental. Si el Estado debe pagar cada vez que un ciudadano gana un juicio ambiental, el incentivo del poder ejecutivo será, inevitablemente, asfixiar los mecanismos de impugnación para evitar el descalabro presupuestario.

La erosión de la sostenibilidad fiscal

Esta transferencia de riesgos nos lleva directamente a la segunda capa: la fragilidad de las cuentas públicas. El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) ha sido la voz de la prudencia en este desierto de retórica inversionista. Al contrastar la evidencia empírica, nos encontramos con proyecciones que harían palidecer a cualquier ortodoxo de las finanzas públicas. La baja del impuesto corporativo del 27% al 23%, sumada a este esquema de compensaciones y la invariabilidad tributaria por 25 años para grandes inversiones, una medida que en la práctica beneficia a actores económicos de alta capacidad patrimonial, proyecta un déficit que podría alcanzar el 0,71% del PIB para el año 2030.

Desde una perspectiva progresista, esto es una receta para el desastre de largo plazo. Se están privatizando las utilidades bajo la promesa de un crecimiento que «chorreará» —una tesis económica ya desacreditada por la historia reciente—, pero se socializan las pérdidas regulatorias y ambientales. Es un modelo que hipoteca la capacidad del Estado para responder a crisis futuras a cambio de una bonanza inmediata para los sectores de mayor capital. El riesgo es que el presupuesto de 2026 quede atrapado entre menores ingresos permanentes, mayores pasivos contingentes y una reducción del margen fiscal para políticas sociales.  

El desmantelamiento de la justicia ambiental

Pero quizás el aspecto más corrosivo sea el debilitamiento deliberado de la fiscalización ambiental. El proyecto utiliza la «reconstrucción» como un paraguas —un caballo de Troya— para reformar la Ley de Bases del Medio Ambiente y la estructura de los Tribunales Ambientales. La estrategia consiste en restringir la legitimación activa: limitar quiénes pueden y quiénes no pueden impugnar un proyecto en su territorio. Se busca quitarles el megáfono a las comunidades organizadas, a las ONG y a la ciudadanía de a pie, bajo el pretexto de evitar la «obstaculización» de proyectos estratégicos.

Esta desregulación no produce eficiencia; produce pérdida de legitimidad democrática. Al debilitar el acceso a la justicia ambiental, el gobierno de Kast podría entrar en tensión con el espíritu del Acuerdo de Escazú, particularmente en materia de acceso a la información, participación pública y justicia ambiental y, con décadas de avance en derecho ambiental internacional. La falacia aquí es creer que menos fiscalización significa más inversión. Por el contrario, los proyectos que carecen de una base social sólida y de una revisión técnica rigurosa terminan inevitablemente en conflictos sociales explosivos. El gobierno está intentando comprar tiempo de tramitación al costo de sembrar el territorio de conflictos latentes que estallarán apenas se inicie la faena.

Además, el proyecto introduce la figura de la «reconstrucción» para saltarse pasos clave en la evaluación de impacto. Bajo la urgencia de la emergencia, se pretende institucionalizar la excepción. Cuando la excepción se vuelve la regla, lo que tenemos no es modernización del Estado, sino un retroceso hacia un autoritarismo administrativo donde el criterio técnico es reemplazado por la urgencia política de cumplir metas de corto plazo que favorezcan a los grandes consorcios inmobiliarios y extractivistas.

El espejo de la herencia: la caja con destino

Es imposible entender este proyecto sin mirar el espejo del gobierno saliente. Gabriel Boric dejó lo que en este análisis llamamos una «caja con destino». Contrario al relato de la derecha sobre las arcas vacías, la administración anterior blindó presupuestariamente las prioridades sociales: salud, pensiones, vivienda. Esta rigidez es el gran obstáculo para la agenda de Kast. Al no haber «grasa estatal» fácil de recortar —ya que Boric eliminó programas ineficientes antes de irse—, el nuevo gobierno se ve forzado a proponer leyes como esta para generar holgura fiscal mediante el despojo de protecciones ciudadanas.

Por lo tanto, la llamada «Ley Frankenstein» es un instrumento de demolición controlada. Busca crear espacio fiscal mediante la reducción de estándares de servicio y protección. Si no pueden recortar la PGU o la salud sin un estallido social inmediato, recortarán la capacidad del Estado para actuar como contrapeso al poder económico. Es la sustitución de la tecnocracia estatal equilibrada por una voluntad gerencial centralizada en el Palacio de La Moneda, utilizando facultades excepcionales para un fin ordinario: la consolidación de un modelo de acumulación por desposesión institucional.

Hacia una Reconstrucción Democrática

Para la ciudadanía informada y de pensamiento crítico, el desafío es elevar el nivel de la discusión. No basta con la consigna reactiva; se requiere la disección del mecanismo. Debemos denunciar que la invariabilidad tributaria no es un incentivo genuino al desarrollo, es un candado a la soberanía de las próximas generaciones. Es decirle al Chile de 2050 que, pase lo que pase en el clima o en la sociedad, el capital de hoy no podrá ser tocado para financiar las necesidades de mañana.

Concluyamos con una reflexión sobre la responsabilidad histórica. Chile necesita reconstruirse. Necesita inversión y necesita eficiencia. Pero una reconstrucción que se hace sobre las ruinas de la justicia ambiental y la sostenibilidad fiscal es una reconstrucción fallida desde su diseño. El verdadero debate no es entre reconstrucción y obstrucción, sino entre una reconstrucción democrática, legítima y responsable, y una reconstrucción utilizada como plataforma para consolidar un modelo de privilegios. Una política pública que sacrifica la legitimidad en nombre de la velocidad puede ganar una elección, pero perderá al país en el mediano plazo.

La invitación para el mundo progresista es a oponer a la «paradoja de la certeza» la certeza de la democracia. La seguridad de que el interés público siempre prevalecerá sobre el balance corporativo, y que la tierra que habitamos no es una externalidad negativa en una hoja de Excel, sino el sustento mismo de cualquier desarrollo humano posible. En esta tensión se juega no solo una ley, sino el concepto mismo de comunidad y Estado social de derecho que tanto nos ha costado empezar a imaginar.