Administrador Público
La crisis política que atraviesa Chile no es un fenómeno coyuntural, sino el síntoma de una estructura histórica que ha priorizado la construcción de un Estado-nación homogéneo sobre la base de la exclusión. Bajo la apariencia de una estabilidad excepcional, subyace una tensión persistente: el fracaso reiterado en constituirse como una comunidad política democrática y deliberante. Esta incapacidad se manifiesta hoy en la intersección de dos fuerzas: un neoliberalismo que ha colonizado la subjetividad ciudadana y una negativa histórica a reconocer la existencia de naciones preexistentes al Estado.
El modelo chileno, consolidado en la Constitución de 1980, no se limitó a una apertura de mercados; instituyó el «Estado subsidiario», una racionalidad que desplazó la deliberación política en favor de la gestión económica. En este esquema, el ciudadano es redefinido como consumidor y el mercado ocupa el lugar del espacio público. Esta «modernidad líquida», como sugeriría Bauman, ha fragilizado los vínculos sociales, volviendo la ciudadanía instrumental y reversible.
El resultado es lo que Byung-Chul Han denomina la «sociedad del cansancio». En Chile, este agotamiento es estructural: niveles críticos de informalidad laboral, deuda y precariedad en salud mental han transformado la política en una carga técnica y ajena para las mayorías. Cuando la frustración se cronifica, surge un cinismo que reemplaza el deseo de cambio por la demanda de alivio inmediato. El «voto defensivo» observado tras el estallido social no fue un giro ideológico, sino un colapso de la esperanza; ante la fatiga de un proceso deliberativo largo y complejo, el orden aparece como la única anestesia posible frente a la intemperie del presente.
Este cierre autoritario y neoliberal se refuerza mediante la negación de la diversidad nacional del territorio. El Estado chileno se fundó sobre un mito de homogeneidad que borró la memoria y la organización política de los pueblos originarios. La relación con el pueblo Mapuche, por ejemplo, se selló mediante la «Pacificación de la Araucanía», que en realidad fue una ocupación militar y un despojo territorial que redujo a naciones soberanas a la categoría administrativa de «indígenas» u objetos de política pública.
La propuesta de un Estado plurinacional en 2022 no fue una moda, sino un intento de subsanar una república que nació incompleta. Sin embargo, el rechazo a este reconocimiento refleja la persistencia de la matriz portaliana: la creencia de que cualquier fisura en la unidad nacional amenaza el orden establecido. Al rechazar el reconocimiento de los pueblos originarios como interlocutores válidos, Chile rechazó mirarse en el espejo de su propia violencia fundacional.
La Democracia Pendiente
El neoliberalismo constitucional chileno ha tenido éxito en modelar una subjetividad que desconfía del pacto colectivo y se refugia en el individuo. La política sigue hablando el lenguaje del proyecto a largo plazo, mientras una sociedad exhausta responde desde el «yo me lo merezco» y el deseo de límites externos.
Superar este nudo ciego requiere más que una nueva redacción legal; exige reconstruir las condiciones materiales y simbólicas que permitan volver a habitar un «mundo común». La democracia en Chile seguirá siendo un procedimiento frágil mientras no sea capaz de integrar la deliberación colectiva y el reconocimiento genuino de sus múltiples naciones. Solo cuando el reconocimiento sea entendido como una condición de igualdad democrática y no como una concesión administrativa, podrá Chile finalmente transitar de una república del orden a una comunidad de ciudadanos.
