Ignacio Pozo, Cientista Político, Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Magíster © Estudios internacionales Instituto de Estudios Avanzados, Universidad de Santiago.
José Orellana Yáñez, Doctor en Estudios Americanos Instituto IDEA-USACH, Magister en Ciencia Política de la Universidad de Chile, Geógrafo y Licenciado en Geografía por la PUC de Chile. Académico de la Escuela de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Academia Humanismo Cristiano
¿El presidencialismo agoniza, por lo menos, así como lo conocemos? En los últimos años hemos sido testigos de una constante tensión que ha sufrido el régimen presidencial, caracterizado de hiperpresidencialismo, con una excesiva concentración de potestades que, sumado al paradigma centralista chileno, se vuelve inflexible, a veces sordo, respecto a las exigencias que nacen desde la ciudadanía. Prueba de ello, es la situación que se desarrolló la semana pasada a raíz del tercer retiro del 10% de las AFP, en donde el presidente Sebastián Piñera, con sus potestades constitucionales, tuvo en vilo a la mayoría de la población que esperaba su resolución, cumpliendo su advertencia de llevar el proyecto aprobado en el congreso al Tribunal Constitucional, órgano que, al rechazar su requerimiento, colocó nuevamente en entredicho la gobernabilidad de la administración del presidente. Sumado al episodio del tercer retiro, la encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) dio otro golpe al ejecutivo, otorgándole un 9% de aprobación contra un 75% de desaprobación para el gobierno.
En este clima adverso, el presidente Piñera invitó a las mesas de las dos cámaras legislativas al diálogo, situación que permitió un ambiente de “cocina”, de un salvavidas para el gobierno que permita el término de su mandato. No obstante, esta situación, contenida dentro del juego democrático, tiene otra visión. En las dinámicas democráticas donde los poderes del Estado tienen un rol de contrapeso entre ellos, las actuales relaciones entre ejecutivo y legislativo tienen a este último en una posición de negociación pocas veces vista, con una lectura un poco más cercana a la realidad, forzada a partir de los hechos de octubre de 2019, incluso viendo a congresistas oficialistas cuadrarse con mociones de la oposición. Dicha situación debilita aún más la capacidad negociadora del gobierno, por lo que el acto de diálogo entre los dos poderes, no se puede sino situar dentro del entendimiento de un “co-gobierno”, no al estilo francés semipresidencialista, que tiene otra connotación y forma de acción. Se asume, que esta singularidad, en la relación entre ambos poderes en esta suerte de “co-gobierno”, el ciclo electoral de mayo, más el de diciembre del 2021, contribuye a que ello sea, lo cual mezclado con una compleja, difícil e indolente gestión de la pandemia (excepto el proceso de vacunación), es un telón de fondo insoslayable para que ello se profundice aún más.
Este “co-gobierno” no es más que otra obligada salida política del presidente Piñera por tratar de disminuir las tensiones que él mismo ha creado mediante las facultades exclusivas que le otorga su cargo, pero que, a su vez, representa el inicio del debate en torno a cómo el legislativo ha servido de catalizador de la inestabilidad y desprestigio de la institucionalidad y sistema político chileno, y cómo ello debe traducirse en que los representantes del congreso recuperen la credibilidad de las instituciones políticas, respondiendo a las demandas de sus representados. En esa línea, con la “nueva lectura institucional de la realidad” que se observa, por lo menos discursivamente, el congreso puede imponer agenda al gobierno, que creemos estaría en línea con el sentir ciudadano, relativizando/superando las potestades constitucionales del presidente para con el legislativo.
Esta realidad de “co-gobierno” que nace, nos hace reflexionar respecto al futuro del presidencialismo. En ningún caso desconocemos que su continuidad depende de lo que emane de la convención constitucional próxima, pero sí observamos que, de continuar, se le avecinan grandes cambios, entre ellas la capacidad que tiene el presidente de intervenir el congreso, respecto a vetar leyes, modificar su agenda legislativa o la absoluta potestad en algunos temas a través de la “iniciativa exclusiva del presidente”.
Sin duda este gobierno, con sus limitaciones (explicadas en parte por el personalismo de este presidente), ha desvelado que el presidencialismo actual tiene dificultad para continuar, dados sus visos antidemocráticos, por coartar la voz de quienes suponen representar la diversidad de tendencias políticas que tiene la ciudadanía. Creemos que en el momento constituyente en el que estamos, se hace necesaria una revisión de las potestades del presidente sobre el legislativo, así como también una oportunidad de los congresistas de ejercer una representación más fidedigna de la ciudadanía, en pos de recuperar las confianzas en las instituciones y, con ello, en el fortalecimiento de la democracia.
