Buscando dejar sin efecto la sentencia del Tribunal Ambiental de Antofagasta que ordenó que el controvertido proyecto minero portuario Dominga vuelva a votarse en la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo, los abogados y las abogadas de distintas asociaciones de pescadores, organizaciones locales y de la Alianza Humboldt presentaron recursos de casación para que sea la Corte Suprema la instancia que dirima el futuro de la iniciativa de la empresa Andes Iron.
El abogado de la ONG FIMA Diego Lillo, quien representa a miembros de la Asociación Gremial de Pescadores y Mariscadores de Los Choros, afirmó que con este recurso sus representados buscan “demostrar que el Comité de Ministros no cometió ilegalidad al rechazar al proyecto, y probar nuevamente que Dominga adoleció de información esencial y no pudo satisfacer medidas de mitigación y compensación para los grandes impactos que el proyecto tendría”.
La presentación de los recursos de casación busca invalidar la sentencia del Tribunal Ambiental de Antofagasta por no ceñirse estrictamente a revisar si la evaluación ambiental del proyecto se había hecho o no de forma correcta, como lo había ordenado la Corte Suprema en septiembre de 2019. “El Tribunal Ambiental confundió su función de revisar la legalidad de la actuación del Comité de Ministros que rechazó el proyecto con una atribución que no tiene de realizar una evaluación ambiental alternativa de Dominga”, aseveró Lillo, agregando que “nunca demostró que la instancia ministerial haya resuelto en forma contraria a derecho”.
Recordemos que, en 2017, tanto la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo como el Comité de Ministros definieron el rechazo del proyecto minero portuario Dominga, argumentando que éste presentaba una deficiente línea de base del medio marino, subestimaba su área de influencia y no caracterizaba las rutas de navegación, falencias técnicas de profundo riesgo para uno de los ecosistemas marinos más biodiversos de toda la corriente de Humboldt. Frente a esos rechazos, Andes Iron apeló y judicializó el caso.
Desde las distintas comunidades de la comuna de La Higuera han señalado que el proyecto es un peligro latente no solo para uno de los ecosistemas más biodiversos del mundo, sino también para cientos de pescadores y pescadoras y operadores de turismo que viven gracias a la riqueza natural de la zona.
«Somos muchos los que defenderemos nuestro territorio hasta las últimas consecuencias, pues está demostrado que esta zona es de importancia mundial para la naturaleza y para nosotros que vivimos de ella”, afirmó Teresa Reyes, dirigente social de Punta de Choros. “No seguiremos permitiendo que una empresa que ha sido tan cuestionada por su actuar y cuyo proyecto fue rechazado por ser ambientalmente nefasto siga corrompiendo nuestro tejido social, por lo que queremos exigirle a la empresa que se retire de aquí», agregó.
Dentro de las próximas semanas, los abogados y abogadas esperan que la Corte Suprema admita los recursos de casación para que posteriormente se efectúen los alegatos.
