Administrador Público
Los incendios que afectaron a la comuna de Penco, en la Región del Biobío, no pueden ser leídos únicamente como una tragedia natural ni como un evento excepcional. La destrucción de miles de viviendas, la desarticulación de comunidades completas y la pérdida simultánea de hogares, memorias y vínculos sociales exponen una crisis más profunda, donde confluyen vulnerabilidad territorial, debilidad regulatoria del Estado y un modelo productivo que ha normalizado la proximidad extrema entre la industria forestal y los asentamientos humanos.
En el sur de Chile, esta convivencia no es desconocida. Comunidades ubicadas a menos de 30 metros de monocultivos forestales —y en muchos casos a distancias que no superan los 500 metros— enfrentan un riesgo evidente y reiterado. Quien conoce el territorio sabe que, con viento a favor, un incendio de origen forestal puede destruir en una sola noche cuatrocientos o quinientos hogares sin mayor resistencia. Esta realidad no responde a ignorancia técnica ni a falta de evidencia, sino a un marco jurídico que permite a la industria maderera cumplir con estándares mínimos de prevención que resultan claramente insuficientes frente a incendios de gran escala, trasladando el costo humano, social y fiscal al conjunto de la sociedad.
En este contexto de devastación material y emocional, la catástrofe no solo vulnera derechos básicos como la vivienda, sino que irrumpe de forma directa en la dignidad humana de las personas afectadas. El shock colectivo que sigue a la pérdida del hogar debilita temporalmente la capacidad de las comunidades para procesar información, evaluar escenarios y tomar decisiones de largo plazo. No se trata de debilidad moral ni de ignorancia, sino de una reacción humana esperable ante la pérdida total.
En contextos de shock emocional y pérdida material, la capacidad deliberativa del ciudadano se ve severamente disminuida. Bajo estas condiciones, la exposición a narrativas de posverdad amplificadas algorítmicamente induce a decisiones apresuradas, mal informadas y contrarias a su propio interés de largo plazo. Estas malas decisiones no son fallas individuales, sino el resultado previsible de un entorno comunicacional que reemplaza la deliberación racional por adhesión emocional, promoviendo soluciones aparentes mediante la atribución de culpas y el desplazamiento deliberado de la atención hacia chivos expiatorios.
Es precisamente en este terreno donde la posverdad se vuelve una herramienta política altamente eficaz. Las plataformas digitales, mediadas por algoritmos diseñados para maximizar atención, interacción y emocionalidad, amplifican discursos polarizantes que prometen soluciones simples a problemas estructurales complejos. La identificación de chivos expiatorios, la moralización del conflicto y la simplificación extrema del diagnóstico permiten canalizar la angustia social, pero al costo de ocultar responsabilidades estructurales y debilitar el debate público.
Así, la política deja de entenderse como un proceso colectivo de deliberación y se transforma progresivamente en un bien de consumo. Se adquiere como si fuera un producto más del mercado: rápido, emocionalmente satisfactorio y aparentemente eficiente, aunque institucionalmente nocivo. El sentido común de lo público queda colonizado por la lógica mercantil y debilita la democracia, donde lo inmediato reemplaza a lo sostenible, lo viral a lo verdadero y lo “barato” a lo justo.
En este escenario, el rol del funcionario público adquiere una relevancia democrática central. Como agente del Estado, su función no se reduce a la administración de beneficios ni a la tramitación de ayudas materiales. Su tarea, especialmente en contextos de catástrofe, implica entregar contención, empatía y orientación racional a comunidades que han visto destruidos sus hogares y vulnerados en su dignidad humana. Al mismo tiempo, recae sobre la función pública la responsabilidad ética y política de resguardar el buen uso de los recursos públicos, evitando decisiones apresuradas, fiscalmente ineficientes o capturadas por narrativas de posverdad que profundizan el daño psicosocial de comunidades, barrios, familias y hogares.
Sin embargo, esta labor se desarrolla en condiciones estructuralmente adversas. El Estado carece hoy de herramientas jurídicas robustas para responsabilizar de manera efectiva a la industria forestal, más allá del cumplimiento formal de exigencias mínimas que no previenen incendios ni protegen adecuadamente a las comunidades. A ello se suma un ecosistema comunicacional que privilegia la emocionalidad por sobre la evidencia y un sistema político que ha tendido a gestionar las catástrofes de forma reactiva, fragmentada, deshumanizante y desconectada de los territorios.
Lo ocurrido en Penco no es solo una tragedia local, sino una advertencia democrática. Cuando la posverdad interfiere la acción del Estado, erosiona la confianza pública y empuja a comunidades en shock a tomar decisiones basadas en medias verdades, no solo se daña la reconstrucción material, sino también la cohesión social y la deliberación colectiva. En esos contextos, la función pública no es un obstáculo, sino un dique: su tarea es proteger el interés general, orientar racionalmente el uso de los recursos públicos y sostener la democracia allí donde el ruido informacional y la fragilidad social amenazan con vaciarla desde dentro.
