Médico Siquiatra, Presidente de la Sociedad de Salud Mental Comunitaria.
Desde la vereda arquitectónica, el arquitecto Van Eyck nos ofrece principios claros a relevar en toda política pública para la infancia: el cuidado efectivo de la infancia debe realizarse en forma universal y continua, en un sentido estructural más que discrecional, con una lógica territorial, integrada al devenir cotidiano de la comunidad, permitiendo su consistencia temporal y espacial, aspirando inmiscuirse en ese entretejido cotidiano e invisible, donde las transformaciones reales ocurren, lenta pero visiblemente. Así mismo, enfatiza la necesidad de que los niños sean vistos, posicionándonos a todos, voluntaria o involuntariamente, como responsables de su seguridad y desarrollo. En otras palabras, la infancia como un imperativo de la comunidad en su conjunto.
La historia reciente de la infancia vulnerada en nuestro país nos ha enseñado que no podemos asumir que nuestros niños están a salvo en las instituciones que, supuestamente, hemos creado para ello. Por el contrario, estas instituciones cerradas han tendido a constituirse en una amenaza para el desarrollo y seguridad de nuestra infancia.
La respuesta coordinada, coherente y comprometida de una sociedad hacia su infancia supone trascender medidas legales reactivas, o el mero aumento del número o la calidad de los hogares (aunque es fundamental), para avanzar hacia una política de infancia para rehabitar nuestros entornos, de reconstruir nuestras comunidades tal como ha ocurrido cuando un cataclismo lo arrasa todo. Lamentablemente el cataclismo es real: somos uno de los países con peores índices en infancia, incluidos los abusos documentados cometidos por el Estado de Chile contra los derechos humanos de los menores, con incalculables costos para nuestra sociedad, traducidos en trastornos de salud, de salud mental, inequidades en educación y, muchas veces, en la determinación de trayectorias delictivas, entre otros.
Debemos asumir, entonces, que es momento de plantear una verdadera reconstrucción de la nación, en que los adultos reformulemos nuestra estructura social, poniendo a los niños y niñas en su centro. Solo de este modo seremos consecuentes con la idea de que, para que un niño vulnerado gravemente pueda recuperarse, no basta con responder exclusivamente a su individualidad, ni siquiera a la de su familia, sino revisar el habitar humano. Se trata de rehabitar los espacios físicos y psíquicos bajo una nueva concepción, basada en una construcción con otros, en entornos abiertos a la comunidad, visibles y por tanto seguros, respetuosos y dignos, y por lo tanto, fortalecedores y constructores de identidad. De este modo, superaremos la lógica de exclusión y aislamiento de los más vulnerados, con la rehabilitación como excusa, para apropiarnos de nuestro entorno, y desde ahí, de nuestra historia.
Por consecuencia, es imprescindible que toda política de salud mental infantil tenga estos principios como sustento, a la vez que una perspectiva sanitaria que trascienda a todas las políticas públicas. Afortunadamente, los valores comprometidos en los modelos de gestión asociados al nuevo Plan Nacional de Salud Mental, y reforzados pertinentemente por este gobierno a través del Acuerdo Nacional por la Infancia, han asumido este desafío. El principio de territorialidad, en primer lugar, prioriza las estrategias que permiten la recuperación del sujeto en el lugar donde siente que pertenece, en un entorno conocido que, a su vez, debe ser capaz de transformarse para acogerlo, partiendo por la familia, y extendiéndose hacia espacios inclusivos más extensos como la comunidad que habita. El principio de oportunidad, a su vez, se concibe como la optimización de la eficacia mediante la antelación y pertinencia de una respuesta.
Por otra parte, aunque estrechamente relacionado a los anteriores, los principios de proporcionalidad y coherencia de la respuesta son un imperativo en salud mental. Subsiste aún un ideario con vocación psicoterapéutica y/o farmacológica para dar respuesta a situaciones de abuso, vulneración y abandono de la infancia, perspectiva insuficiente para dar cuenta de los orígenes del problema y por lo tanto, para construir procesos de recuperación sustanciales y sustentables. Ejemplos sobran, ninguno tan dramático como el de Lissette, que inaugura la lamentable fama del Servicio Nacional de Menores SENAME, quien, sin acceso a un acompañamiento con normas y estándares propios del sistema sanitario, se vio sometida a mecanismos cruentos de una mal llamada “contención” que desembocaron en su muerte. Otro ejemplo es la respuesta a los altos índices de consumo de drogas en adolescentes, en particular en grupos vulnerados, donde las estrategias centradas en el tratamiento de las adicciones o de las conductas delictivas resultan insuficientes sin un sistema de protección y cuidado a las familias en contextos de alta vulneración.
En resumidas cuentas, llamamos a asumir el desafío de cambiar los criterios de exclusión por estrategias de inclusión, librarnos de la indolencia para comprometernos con la acción coherente y proporcional.
Una buena señal es el fortalecimiento de los sistemas de gestión intersectorial entre salud y SENAME, los que debieran avanzar progresivamente hasta intervenciones articuladas y colaborativas, donde sea el interés superior de la infancia el que oriente, ordene y provea de sentido y dirección a las acciones.
La apertura de los organismos de SENAME hacia el sistema público de salud, y específicamente en salud mental, con los estándares y modelos de gestión actuales, será el equivalente a la apertura de nuestros parques infantiles, donde niños y niñas serán los dueños del mundo. Y allí estaremos los adultos, para cuidarlos, para protegerlos, aprendiendo, jugando, creciendo y a veces padeciendo con ellos, todo en comunidad.
