Guillermo Williamson Castro, Doctor en Educación y Académico Universidad de La Frontera.
En pocos días más deben renunciar las autoridades de gobierno que postulen el 2020 a Gobernadores, Alcaldes o Concejales: la carrera ya comenzó para los políticos que están todos los días en las radios y TV, los partidos ajustan y preparan sus cartas electorales antes de establecer acuerdos electorales o programáticos, unos se suben y otros se bajan de probables postulaciones, piden primarias, alegan que “el que tiene mantiene”. La caída del ex-Subsecretario de Desarrollo Regional (SUDERE) F. Salaverry coloca un inesperado paréntesis en la distribución presupuestaria regional 2020 pero, además, en las primeras elecciones de gobernadores regionales, escenario inédito en la historia moderna de la democracia institucional de Chile: la descentralización y regionalización. Falta mucho en distribuir poder a las regiones, financiar proyectos de desarrollo regional sustentables y estratégicos, asegurar participación de la sociedad civil, asociar el desarrollo político, institucional y económico al desarrollo técnico y científico de las universidades con sede en regiones, asegurar poder real a las regiones en relación a los delegados presidenciales, fortalecer la Ley de Rentas Regionales. La esperanza, aún más de la élite dirigente que del pueblo, de los ciudadanos comunes, es avanzar a una democracia más participativa, próxima, descentralizada, sostenible: es un tímido pero primer paso en una dirección correcta. Sabia consigna era la de los 70: una larga marcha comienza con el primer paso.
Ese es el escenario actual pero ¿cómo asegurar que esta iniciativa construida con energía, persistencia y dificultad por un grupo de regionalistas de universidades regionales como la Universidad de La Frontera, Fundaciones como “Chile Descentralizado”, algunos alcaldes, diputados, senadores, de diversos partidos, pueda consolidarse y tener éxito? Sólo será posible con un cambio en la cultura de los ciudadanos y ésta, a su vez, sólo será posible con una reforma educacional estructural orientada a la formación ideológica de la descentralización (no es fácil en un país que mira a Santiago, para las decisiones y a Valparaíso, para las catarsis), la formación cultural orientada a asumir la autonomía local y regional y sus consecuencias y de competencias técnicas para alcanzar un mejoramiento de la productividad y del desarrollo sostenible, a la formación ciudadana para asegurar la profundización democrática participativa que implica la regionalización.
Avanzar con Contenido Crítico
La reorganización del estado debe instalarse como contenido critico en los programas de estudio de las asignaturas de las nuevas bases curriculares aprobadas hace poco por el Consejo Nacional de Educación, deben formarse profesores(as) en estas temáticas, fortalecer la presencia activa de los establecimientos educacionales en los territorios locales y regionales. Hay que reorganizar los planes y programas de la educación técnico-profesional y asociarla, como la humanista-científica, con el mundo productivo local y académico de las universidades con rectorías en regiones, de modo a asegurar las bases para un desarrollo sostenible y una economía de cooperación y diversidad de modos de trabajo y de producción. La asignatura obligatoria de Formación Ciudadana (Ley 20.911, 2017), debe considerarse como un gran espacio curricular, no para reemplazar la de Historia, sino para promover una educación cívica centrada en la formación cultural ciudadana regional, dejando la enseñanza de la institucionalidad nacional a Historia. En regiones con población indígena significativa debe considerarse un modelo de desarrollo de los territorios que implique la capacidad de que, en ellos, los pueblos puedan asumir su autodeterminación, autonomía y autogestión difundiendo su enfoque de la naturaleza y de la presencia del ser humano en ella al conjunto de la sociedad.
La educación pública juega un papel relevante en este proceso y por ello debe ser fortalecida de modo nacional (entendiendo que el gobierno y Ministra actual no tienen esa preocupación) pero sobretodo debe avanzarse en que los Sistemas Locales de Educación (SLE) se vayan asociando a los nuevos gobiernos regionales. Por su diseño legal –extrañísimo y centralizado- dependen del Ministerio de Educación en Santiago. En regiones el gobierno actual los considera un sostenedor más (sic) y en consecuencia deben competir con todos los otros sostenedores, como si fuesen iguales: el estado desdibuja su fuerza para potenciar el modelo de mercado y competencia.
La Oportunidad de las Próximas Elecciones
Los SLE deberían ser la vanguardia de la educación regionalizada, un baluarte de difusión de las ideas públicas descentralizadoras e innovadoras en lo pedagógico, particularmente en su compromiso con el aprendizaje y desarrollo de los territorios. Deberían ser los articuladores de las trayectorias educativas de los estudiantes, de la colaboración entre las modalidades y niveles del sistema educativo, de la plasticidad y mezcla de los contenidos culturales y pedagogías formales y no formales, de la formación de todos los educadores, de una gestión participativa que integre en las decisiones a las organizaciones sociales, populares, económicas, indígenas y culturales de las comunidades urbanas y rurales.
Se vienen elecciones de gobernadores, las experiencias de federalismo, parlamentarismo, descentralización han sido escasas en Chile y en términos generales han terminado mal: en violencia. La opción de avanzar a una transformación del poder, aunque sea inicial y débil hoy, supone como condición absolutamente necesaria una reforma cultural y educacional de la sociedad que forme una nueva ciudadanía con mayor sentido de su poder, su conciencia, su responsabilidad con el desarrollo territorial local y regional, con el coraje para enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones colectivas. No habrá regionalización ni descentralización real y a largo plazo con una educación de mercado, dispersa en sus proyectos educativos, competitiva en sus relaciones en los territorios, dependiente del estado central a través del sistema de financiamiento y control, defensora de la formación de competencias aisladas unas de otras, abstractas sin comprobación empírica, tecnológicas olvidando la conciencia y la responsabilidad con el desarrollo. No habrá desarrollo descentralizado y regionalizado sin una nueva educación.
