Fresia Ramírez, Tomate Rojo.
Desde el 5 de septiembre hemos observado una seguidilla de acciones de parte del Gobierno y los partidos que lo componen respecto a un tema que sacaron de la tumba: el TPP-11. Por un lado, partidos como Convergencia Social, Comunes, Revolución Democrática y el Partido Comunista han declarado públicamente su posición contraria el acuerdo de 11 países. Por otro, el gobierno a través del Ministro de Hacienda Mario Marcel, ha asegurado que no se interpondrán en la votación del tratado, dejando en claro que Gabriel Boric no usará su potestad presidencial para quitar el TPP-11 de la tabla de votación.
Es más, ya tenemos fecha en que su discusión comenzará en el Senado: este miércoles 28 de septiembre.
Mientras tanto, la Ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, no sólo negó saber qué son las side letters, tema crucial en el actual debate, sino que fue tajante en no referirse al TPP-11 ya que Marcel ya lo había hecho. Decir que es preocupante es poco, debido a que el tratado configura una apertura de par en par al agronegocio transnacional, y una profundización de un modelo alimentario que no alimenta a sus niños y niñas.
En paralelo, Heraldo Muñoz dice a través de la prensa hegemónica, megáfono del sector de los 30 años, que se avanzó el TPP-11 en comparación al TPP «removiendo» normas, cuando la verdad es que las 20 normas que menciona están «suspendidas». ¿La diferencia? Pueden reactivarse en cualquier momento los artículos que se refieren a propiedad intelectual. En la misma carta afirma sobre las side letters que quizás «quienes acepten nuestras cartas pidan algo a cambio», lo que es entregarse a las política que desde afuera, desde una oficina transnacional, nos coartan la libertad de avanzar en derechos sociales . Y en estos términos debemos decirlo, el TPP-11 es un tratado que tendrá altos costos monetarios para el país y es una camisa de fuerza a avances como la gratuidad en la educación, el fin de las AFP o políticas duras que limiten la especulación en vivienda. Esto porque frente a cambios de política pública, nos veremos enfrascados en juicios entre empresas y el estado en tribunales ad hoc, donde el costo se lo lleva el perdedor. Así mismo, una nueva Constitución que asegure derechos en educación, salud, vivienda y soberanía alimentaria, no es complementaria al TPP-11.
Por último, “hacerle el quite” a reuniones con movimientos sociales, a escuchar sus opiniones y a hacerlas parte de un debate tan delicado como este acuerdo, es dejar la democracia como una consigna y este Gobierno aseguró que ese no sería su legado.
La única certeza que tenemos, es que la abismal mayoría de Chile Vamos y la ex Concertación (autoproclamada ‘socialismo democrático’) en el Senado, permitirá una aprobación rápida y afilada. Una sin escuchar a los movimientos sociales, sin participación indígena y que traerá graves consecuencias.
