La bancada de diputadas y diputados socialistas entregó a la Ministra del Interior Izkia Siches, un documento conteniendo su propuesta de “bases para agenda legislativa en seguridad publica”, donde se hacen cargo de la inexistencia de una agenda consistente en la materia, lo que se suma a “un disperso y poco sistemático conjunto de propuestas de reformas, en años anteriores”.
Si bien rescatan el proyecto en trámite sobre organizaciones criminales y delito informático, califican como sombrío “ el panorama en la nueva ley de inteligencia; la eufemística modernización de las policías”. Indican al respecto que “el estatuto de las policías es un “aumento de penas permanente”, lo que no es necesariamente el problema, sino más bien fijar en sede administrativa “protocolos” de actuación, que deberían ser regulados en el contexto de actuación que el Código Procesal Penal establece, o bien, en una Ley marco sobre seguridad ciudadana que garantice a la comunidad y a los funcionarios, como ocurre en el derecho comparado”.
Se refieren a proyectos específicos sobre seguridad ciudadana que están en trámite como el proyecto que tipifica la organización criminal; la necesidad de dar urgencia al proyecto que refuerza la prisión preventiva en casos de delitos cometidos con armas y en contexto de organización criminal y el proyecto que establece exigencias de registro audiovisual en actuaciones de la policía. Respecto de este último, señalan los parlamentarios socialistas que “esta iniciativa, permitirá un mejoramiento en la calidad de la prueba y mayores garantías de probidad y transparencia en las actuaciones de las policías que en diversos casos han sido cuestionadas. Los casos ocurridos con posterioridad a este proyecto (Catrillanca, Caso Pio Nono), demuestran de sobra su necesidad y las sanciones aplicables”.
Entre los proyectos para ingresar a trámite, mencionan una ley marco de seguridad ciudadana indicando los criterios mínimos a tener en cuenta. Entre ellos reglas especiales en materia de identificación de personas y reglas sobre antecedentes de hechos punibles fuera del territorio; un régimen sancionador de hechos que atentan contra la seguridad ciudadana (incivilidades); medidas de seguridad en establecimientos e instalaciones estratégicas; medidas y reglas especiales de vigilancia en zonas de costeras y fronterizas con riesgo de internación ilegal de drogas, mercancías y armamentos; y sanciones especiales a la omisión o corrupción de funcionarios encargados de seguridad.
Asimismo, mencionan un proyecto de ley de mejora sustancial a técnicas especiales de investigación en el marco del estado de derecho; un proyecto que modifica la ley de lavado de activos; otro que modifica la ley de control de armas y proponen una agenda progresista para el sistema penal.
