Periodista.
Tal parece que la imagen del Presidente recibiendo abrazos y gritos de apoyo (¡Fuerza Presidente!, ¡Aguante Boric!) cuando suspendió sus vacaciones para llegar a las zonas siniestradas por los incendios del sur, más la imagen de muchas autoridades de gobierno al frente de la emergencia, con respuestas inmediatas a las urgencias de los damnificados, fueron demasiado para una derecha ausente de la primera línea en la catástrofe. En redes sociales esa ausencia quedó en vitrina.
La inquietud de los ausentes se notó cuando luego de una semana y cuando aún no termina el peligro sobre todo por incendios intencionales – y en algunos casos con hechores comprobadamente de ultraderecha- la maquinaria propagandística de la UDI, Kast y otros, comenzó a aceitarse para detener de alguna manera la verdadera imagen que estaba dejando el gobierno en esta ocasión.
Para empezar, la encuesta Cadem, cuyas mediciones casi siempre han sido puestas en entredicho por la población a raíz de su cercanía al piñerismo, señaló este domingo que las preferencias por el gobernante no suben mayormente y que el rechazo sigue intacto. Y eso, mientras sigue promoviendo como posibles presidenciables a personajes de prestigio dudosos como los alcaldes Evelyn Matthei y Rodolfo Carter. Peor aún, ya subió a sus preguntas para medir “preferencias” hasta al propio Sebastián Piñera quien habría recibido casi un 70 por ciento de aprobación popular. Claro, es lo que dice la Cadem.
Los medios tradicionales de la derecha como El Mercurio, La Tercera, Radio Biobío, entre otros, por cierto se están sumando al engranaje en marcha, buscando como suelen hacerlo, la parte medio vacía de un vaso que para ellos ha estado peligrosamente lleno. Por ejemplo, ahora todos los dardos están apuntando al “desastre” según ellos que está provocando el gobierno al no salir en ayuda de las Isapres. El gobierno respondió con tranquilidad por voz de la ministra del ramo, Ximena Aguilera. “Nosotros como gobierno no vamos a renunciar a seguir fortaleciendo el sistema público, pero al mismo tiempo responder a la situación de los cotizantes de Isapres, y que no tengan una desprotección”, añadiendo que el traspaso de recursos del Estado a las aseguradoras está descartado. La ministra reiteró que el objetivo es dar una solución legislativa que permita dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema, el que ordena aplicar la nueva tabla de factores a todos los afiliados y restituir los cobros en exceso. Para el gobierno lo principal es que los cotizantes de las Isapres no queden a la deriva.
La industria forestal y otras yerbas
Se suma la intranquilidad empresarial frente a los dichos del Presidente Boric cuando desde la comuna de Quillón, en Ñuble, instaló el tema de los incendios asegurando que debe existir “una regulación distinta” para la industria forestal. Algunos ministros abordaron la opción de un “nuevo pacto” que incluya dicha nueva regulación, lo que ha provocado la alarma de los empresarios del área. De hecho, el gerente general de CMPC, Francisco Ruiz-Tagle, aseguró que si bien “es importante revisar prácticas y mejorarlas a partir de estas experiencias (…) lo más relevante es basarse en información 100% confiable y no basada en la desinformación”.
La respuesta la entregó la ministra del Trabajo, Jeanette Jara. Aclaró que el gobierno está trabajando en controlar los incendios para resguardar la vida de las personas. “Con posterioridad a que superemos esta emergencia vamos a seguir trabajando en la reconstrucción y en la recuperación económica de los sectores que han sido afectado por este desastre, por estos incendios, pero en segundo lugar, por cierto, además, vamos a tener que trabajar en un nuevo pacto que tiene que ver con el lineamiento de lo que vamos a hacer como Estado de ahora en adelante para el combate a los incendios, donde van a haber distintos elementos a considerar, entre ellos también, por cierto, la regulación de las empresas forestales”. Y añadió: “vamos a llamar a todas y a todos los empresarios, y a las actorías locales, sociales y políticas a tener una conversación sobre esta materia”.
Buscando y buscando, siempre se encuentra algo, dicen en los pasillos del Congreso. Ahora la derecha halló otro resquicio para golpear al gobierno. El diputado y subjefe de la bancada de la UDI, Juan Antonio Coloma dijo el domingo: “Hemos decidido crear una comisión investigadora para estudiar el motivo por el cual el gobierno demoró tanto en enfrentar en forma clara y decidida y con todos los recursos necesarios los incendios forestales”.
“El objeto es reunir antecedentes relativos a actos de Gobierno relacionados con la prevención, gestión, capacidad estatal y combate de incendios, debiendo pronunciarse sobre las actuaciones de los organismos que resulten competentes en la materia y que den cuenta de eventuales irregularidades o deficiencias en la ejecución de recursos para el manejo de los siniestros”.
La Cámara “debe pronunciarse sobre este tipo de desastres a objeto de determinar si la administración y ejecución de los recursos humanos y materiales se ha hecho de manera eficiente, con énfasis en las medidas preventivas que se hayan adoptado para identificar riesgos y amenazas y gestionar adecuadamente los desastres”.
Una arriesgada maniobra de la derecha que puede salir perfectamente trasquilada frente a la realidad que han visto y oído chilenos y chilenas.
Una competencia que se pudo evitar
Entrando en la última quincena estival, las fuerzas amigas y adversarias se preparan para la madre de todas las batallas que ocurrirá en mayo próximo, cuando las famosas listas de los partidos buscando votos para consejeros constitucionales, se enfrenten y aunque no lo digan, midan sus fuerzas para el tiempo que queda de gobierno y oposición.
Finalmente se inscribieron cinco listas y tres pactos electorales: Chile Seguro (RN, UDI y Evopoli), Unidad para Chile (Apruebo Dignidad, PS, PL y FRVS), Todo por Chile (PPD, PR Y DC), Pacto con la Gente (PDG) y el Partido Republicano.
Algunas listas optaron por concentrar sus aspiraciones de votos en exautoridades. Cada partido tiene muy claro cuáles son aquellos candidatos o candidatas principales en los que concentrarán sus votos para que integren el Consejo Constitucional, órgano que será el encargado de redactar la nueva Carta Magna.
Pero en el proceso, quedaron varios heridos en la derecha, en el centro y en la izquierda. Chile Vamos, que ahora se llama Chile Seguro, hizo esfuerzos denodados por atraer a Republicanos y al Partido de la Gente a su lista. No hubo caso. La ultraderecha es eso, ultra. Ni siquiera aceptaron concretar pactos por omisión, como se los planteó la UDI. Es que los republicanos no les perdonan haber “pactado” con el oficialismo. Ruth Hurtado, presidenta de los Republicanos fue tajante: “para nosotros es imposible ir en una lista con quienes pactaron con el PC, con quienes han seguido negociando sobre todo con este gobierno que dejó libres a delincuentes y terroristas. La verdad es que para nosotros se nos hace bastante difícil ir en una lista con ello, para nosotros es imposible a estas alturas». Recordó que en Chile Vamos, «no tomaron en consideración ninguna de nuestras indicaciones que eran para mejorar la propuesta (…) la verdad es todas las posibles vías o caminos de encuentro se cortaron completamente».
Entonces, los esfuerzos de la UDI por concretar pactos por omisión para asegurar el triunfo completo de la derecha fracasaron.
Las heridas en el Socialismo Democrático tampoco han cerrado. Tanto el PPD como el Partido Radical, a quienes se responsabiliza por la división del oficialismo, insisten en que su posición fue en resguardo del gobierno, buscando ampliar su base social de apoyo.
Se está viviendo un proceso que tensiona a todo el espectro oficialista. Y cuál más, cuál menos tiene claro que la campaña no será tranquila. Lo han señalado dirigentes de las listas cuyos nombres indicarían ser lo mismo. Pero no: “Todo por Chile” (PPD-PR-DC) y “Unidad para Chile” (PS-PL y Apruebo Dignidad), inevitablemente competirán. El resultado de esa competencia será el que determinará el futuro no sólo de los partidos, sino también el del gobierno.
