Este miércoles, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la Comisión Especial Investigadora impulsada por el diputado independiente Andrés Giordano, sobre el caso del incendio en la fábrica de Kayser en Renca, ocurrido el 20 de octubre de 2019 en el contexto de la revuelta social, donde se encontraron muertos Yoshua Osorio, Manuel Muga, Andrés Ponce, Julián Pérez y Luis Salas, y que ha levantado sospechas en su investigación ante supuestas irregularidades en las pericias, que han sido denunciadas por las familias de las víctimas, por el Equipo Chileno de Antropología Forense y Derechos Humanos (ECHAF) y por la periodista de investigación Alejandra Matus.
Así, con 70 votos a favor, 15 abstenciones y uno en contra -de Frank Sauerbaum-, la Comisión reunirá antecedentes sobre los actos del gobierno de Sebastián Piñera, especialmente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; y del Servicio Médico Legal y del Instituto Nacional de Derechos Humanos, respecto de lo ocurrido tanto en la fábrica de Kayser, como en otros hechos similares entre el 18 de octubre de 2019 y marzo de 2020.
El parlamentario de Apruebo Dignidad, Andrés Giordano, indicó que “coordinamos la creación de esta Comisión para conocer el estado de la investigación, que ha tenido negligencias e irregularidades en las pericias, las cuales no han permitido conocer a los responsables del fallecimiento de estas personas”.
Afirmó que “creemos que la justicia debe dejar de ser un privilegio para los que tienen plata y poder, porque aquí hay familias de clase trabajadora que han sido invisibilizadas, que no han sido escuchadas y llevan años buscando verdad, que es un mínimo de justicia y dignidad ante la muerte de familiares, hace 48 años, hoy y siempre, porque es el primer paso para avanzar hacia una reparación por parte del Estado y una sanación ante la terrible pérdida de un ser querido en sospechosas condiciones”.
En ese sentido, valoró que el presidente Gabriel Boric anunciara la Mesa de Reparación para víctimas de violaciones a los Derechos Humanos del estallido social y el Plan de acompañamiento y cuidado para las víctimas de trauma ocular.
“Han pasado más de dos años desde este incendio que levanta muchas interrogantes. Vamos a presionar e insistir hasta que conozcamos a todos los responsables, porque como país debemos tener tolerancia cero ante la impunidad, para que no sigan ocurriendo tragedias como ésta. Este también es un llamado a la urgencia, porque las familias y el país no pueden seguir esperando y merecen la verdad”, agregó el parlamentario.
Entre otras cosas, el informe de ECHAF da cuenta de que es probable que hubiera lesiones antes y durante la muerte; que no hay reportes ni bosquejos de la posición de los cuerpos, ni de los protocolos de análisis, ni del levantamiento de cadáveres, y que las fotografías disponibles son generales y no sirven para la investigación; también que Luis Salas tenía una fractura en el pie junto a un proyectil balístico calibre 22, y un hematoma subdural en la cabeza que podría vincularse a una lesión pero que, según el Servicio Médico Legal, fue provocado por el calor del incendio.
Asimismo, aseguran que el informe de Bomberos no aclara qué ocurrió para que llegaran a ese espacio y se vieran “atrapados” en el incendio; que no se retiró parte de la vestimenta de uno de los fallecidos; y que no se siguió el protocolo Minnesota, realizando las autopsias sin haberlos identificado antes, y sin considerar la recomendación de que las familias susceptibles de haber sido víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, cuenten con un representante durante la autopsia.
