Este miércoles, el diputado independiente Andrés Giordano llevó una carta al Ministerio del Interior, suscrita por más de 150 organizaciones y dirigencias sindicales, que piden al Gobierno vetar la Ley de Usurpaciones que ya fue aprobada por ambas Cámaras, “dadas las implicancias de la iniciativa contra el derecho a la protesta y a la vivienda” y porque además “atenta contra el derecho a huelga y a la libertad sindical”.
El parlamentario integrante de la Comisión de Trabajo y Seguridad de la Cámara, explicó que “junto a las organizaciones, hacemos una prevención sobre cómo esta ley pone en riesgo la ejecución de otros derechos consagrados constitucionalmente, entre ellos el de manifestación y particularmente el derecho a huelga u otras formas que tienen o que utilizan mecanismos donde podría considerarse la ocupación o la toma temporal de los espacios”.
“Por ejemplo una toma educativa o una huelga, y bajo ese sentido estamos pidiendo que el veto considere la garantía del derecho a huelga y, por lo tanto, se elimine cualquier mención a la usurpación transitoria”, agregó el diputado Giordano, ex dirigente sindical.
En la carta firmada por los dirigentes sindicales y el parlamentario, detallan que “se vuelve fundamental distinguir entre ocupación transitoria y ocupación permanente. El proyecto busca penalizar la transitoriedad en un nuevo artículo 457 del Código Penal y el actual Gobierno intentó corregir este problema de transitoriedad a través de una indicación, la que no fue aprobada en el trámite legislativo, principalmente por el rechazo de la oposición”.
“En un marco de legislación laboral que dificulta el verdadero mejoramiento de sus condiciones de vida, es recurrente que las y los trabajadores acudan a la movilización, a la ocupación o al bloqueo temporal como forma de acción. Basta recordar que los crímenes hacia trabajadores por parte de agentes del Estado, como Rodrigo Cisternas y Nelson Quichillao,ocurrieron en el marco de conflictos con empresas que ni siquiera les reconocían el derecho a negociar, precisamente en las respectivas faenas”, añaden.
Asimismo, aclaran que “con este proyecto de ley, acciones como las descrita precedentemente o cualquier acción de trabajadores y trabajadoras en un piquete de huelga en la entrada de una fábrica, en el acceso de un puerto, en un terminal de micros o en el patio de un mall, se convierte en delito; incluso en el marco de una negociación colectiva”.
En ese sentido, solicitan “al Gobierno que utilice esta atribución para salvaguardar los derechos a huelga y a la libertad sindical, e incluso la vida de los millones de trabajadores y trabajadoras del país que cada año deben movilizarse por mejores condiciones”.
