De manera transversal los y las diputadas integrantes de la comisión investigadora de licencias médicas presentaron un proyecto de ley que busca establecer sanciones claras frente al uso indebido de licencias médicas, incorporando como causal de destitución o cesación del cargo la emisión, obtención o utilización fraudulenta de estos permisos laborales, además de agilizar los procesos de sumarios administrativos.
El presidente de la comisión, diputado Hernán Palma, quien encabezó la iniciativa, explicó que actualmente existe una ausencia normativa expresa que tipifique el uso indebido de licencias médicas, “generando un vacío legal que impide reaccionar con rapidez ante casos evidentes de simulación o utilización del reposo con fines particulares”.
El parlamentario subrayó que esta falta de regulación “dificulta la aplicación de sanciones específicas a los profesionales que emiten licencias sin fundamento». En la práctica —añadió— los sumarios disciplinarios suelen tramitarse con lentitud y muchas veces concluyen sin sanción, ya sea por falta de pruebas o por dilaciones que terminan en la prescripción de responsabilidades. Finalmente, esto conlleva a que justos paguen por pecadores: mientras algunos trabajadores luchan por recibir su subsidio por enfermedad, otros lo utilizan para vacacionar en el extranjero, asistir a casinos o conciertos”, enfatizó Palma.
Por su parte, la diputada Karen Medina recalcó en la necesidad de una reforma estructural del régimen de licencias médicas que permita unificar los criterios de otorgamiento, control y fiscalización entre los distintos estamentos de la administración pública y dijo“ sabemos que las comisiones investigadoras no son vinculantes. Sin embargo, hemos escuchado y evidenciado un abuso sistemático del sistema de licencias médicas. Creo que si no presentamos un proyecto de ley, este tema no tendrá una relevancia real. Lo que buscamos es regular y poner a todos los servicios públicos —incluidas las Fuerzas Armadas y de Orden— en un mismo nivel.
Durante el análisis en la comisión constatamos que los funcionarios sujetos a sumarios se rigen por distintos estatutos administrativos, lo que genera escenarios desiguales”, señaló.
La parlamentaria agregó que “hay muchas personas que realmente necesitan hacer uso de este permiso por motivos de salud, y no pueden hacerlo debido al desfalco que sufrió el sistema público”.
Cabe destacar que el proyecto se fundamentó en el análisis de datos entregados por la Contraloría General de la República, así como en diversas audiencias realizadas por la comisión. La información recabada evidenció que el uso irregular de licencias médicas constituye un problema transversal que afecta a todos los niveles del aparato estatal, desde ministerios y municipios hasta las Fuerzas Armadas y de Orden.
De acuerdo con el Consolidado de Información Circularizada (CIC) N.º 9/2025 de la Contraloría, durante el período 2023–2024 se detectó que 25.078 funcionarios públicos viajaron al extranjero mientras se encontraban con licencia médica, asociados a 35.585 licencias y 59.575 registros de entrada y salida del país.
Según el Anuario Estadístico del Empleo Público en el Gobierno Central 2015–2024, el número de funcionarios que habría incumplido el reposo médico equivale al 2,6% del total del personal estatal y al 0,6% del total de licencias emitidas ese año.
Posteriormente, una nueva investigación de la Contraloría identificó 10.805 funcionarios adicionales y 15.257 licencias potencialmente irregulares, lo que confirma la persistencia del fenómeno y la urgencia de establecer en la ley mecanismos estables de control y sanción.
