Este lunes, el diputado Andrés Giordano , las diputadas Mónica Arce y Camila Musante, junto a la Red Nacional de Cuidados, acudieron a Contraloría para solicitar que se pronuncie sobre el sentido y alcance hacia el sector público de la Ley de Conciliación de la vida laboral, familiar y personal, que establece la modalidad teletrabajo para el cuidado de niños o niñas y personas con discapacidad, entre otros derechos relacionados a ello. Dicho de otro modo, se busca que las disposiciones de la recientemente promulgada ley que comienza a regir desde el 29 de enero se apliquen de la misma forma a funcionarios y funcionarias del Estado.
Sobre esto, el diputado Andrés Giordano (IND), aseguró que “nunca nos ha parecido que existan distinciones entre trabajadoras y trabajadores del sector público y el sector privado. Se ha señalado que la ley de Conciliación recién promulgada sólo considera al sector privado y eso nos parece una interpretación equivocada, por lo que esperamos que la Contraloría, en concordancia con otros pronunciamientos que ha tenido en el pasado, ratifique que esta ley que protege la maternidad y la paternidad en el marco laboral, sea aplicable a cada funcionario y funcionaria del país, como ha venido ocurriendo con otros derechos del Código del Trabajo sobre la materia y, por tanto, que podamos de una vez por todas decir que no existen distinciones injustificadas en esta materia tan sensible y urgente”.
Carolina Guzmán, representante de la Red Nacional de Cuidados desde la Asociación de Funcionarios Públicos de la Corporación de Asistencia Judicial de Valparaíso, sostuvo que “esta ley, que ya se promulgó y que por lo tanto está en vigencia el 29 de enero, modificó el título segundo del Libro Segundo del Código del Trabajo, que es un título universal, que rige para el sector privado y para el sector público, sobre todo considerando el dictamen de fines del año pasado respecto de la Ley TEA, en el cual se hace mención expresa a que estos permisos y beneficios son universales”.
También desde la Red Nacional de Cuidados, María José Escudero, de la Fundación Ronda, destacó que este “ha sido un trabajo mancomunado con los diputados y diputadas presentes. Esto evidencia que en estas causas nos podemos unir de distintos colores políticos porque la causa y resolver la crisis de cuidado es un trabajo transversal. Esto viene a consolidar el triunfo que ya logramos para el sector privado y logramos con esto también poder establecer y ojalá que la contralora subrogante que está hoy día nos pueda atender; ya le pedimos audiencia de lobby”.
Por su parte, la diputada Camila Musante (IND) señaló que si bien la ley “hoy no tendría una aplicación para el sector público, creemos que las normas de aquel título pueden ser perfectamente homologables para las trabajadoras y trabajadores del sector público. Esta es una demanda que se viene empujando desde hace mucho tiempo con fuerza en el Congreso y esperamos que la Contraloría la recoja”.
Asimismo, la diputada Mónica Arce (IND) agradeció “que nos hayan invitado y nos sentimos muy convocados, porque en Chile no pueden existir trabajadores de primera y de segunda categoría porque los trabajadores del sector público también tienen familia y también necesitan conciliar su vida personal personal y familiar, por lo tanto, nosotros vinimos a entregar este documento para que la Contraloría se pueda pronunciar y que todos los trabajadores del sector público y privado día gocen de las mismas las mismos beneficios”.
Finalmente, Jocelyn Moreno, de la Asociación Nacional de Trabajadores/as María Ester Feres Nazarola de la Dirección del Trabajo, parte también de la Red Nacional de Cuidados, aseguró que “a la Dirección del Trabajo le va a tocar fiscalizar esta Ley de Conciliación de Vida Personal Laboral y Familiar, por eso esto nos parece imprescindible. Agradecemos y valoramos el apoyo transversal que hemos recibido a nivel parlamentario porque estas prerrogativas deben ser para todas y todas, sector público y privado, trabajadores y trabajadoras remunerados y no remunerados. Y por eso es que hoy tenemos plena convicción de que la Contraloría General de la República debe buscar el sentido y alcance para que esta ley sea lo más amplia para todas las millones de personas que se van a ver beneficiadas con estas normas”.
Además de las organizaciones señaladas anteriormente, son parte de esta solicitud a Contraloría el Movimiento de Mujeres del Sector Público (MOMUSEP), la Asociación de Profesionales Colombianos en Chile (ASOPROCOL) y Mamá Legal.
