Periodista.
¡Cómo no va a subir la desaprobación del Presidente en la encuesta semanal de Cadem, si el Mandatario está recibiendo el fuego cruzado y fríamente calculado de algunos cerebros de la derecha en una campaña mediática en su contra que pocos analistas recuerdan con tamaña virulencia! De hecho, un desconocido parlamentario de la ultraderecha republicana –Cristian Araya- repitió una y otra vez, a vista y paciencia del conductor del programa Estado Nacional, que el Mandatario se había “arrancado” a China y Japón para evitar responder por su supuesta implicancia en el caso de corrupción investigado hace años ya por un fiscal de dudoso manejo, Patricio Cooper, nombrado fiscal por Ángel Valencia, actual Fiscal Nacional del país.
Ellos se conocían de antes que Valencia llegara al más alto cargo del Ministerio Público en enero del 2023. Representó legalmente a Patricio Cooper en una causa por prevaricación en la Región de Atacama, asumiendo su defensa el 13 de mayo de 2021 y solicitó su sobreseimiento definitivo en junio de 2022, aunque el tribunal rechazó dicha solicitud.
Esta vez se trata del llamado caso “Procultura, una de las principales aristas del denominado «Caso Convenios», un escándalo de corrupción en Chile que involucra traspasos irregulares de fondos públicos a fundaciones privadas. Se afirma que ProCultura, fundada en 2009 por el psiquiatra Alberto Larraín y la fotógrafa Ilonka Csillag, recibió más de 6.000 millones de pesos desde diversas entidades públicas entre 2021 y 2022, según un informe de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados. El informe detectó «reiteradas irregularidades administrativas» y «debilidades significativas en los controles asociados a la entrega y rendición de recursos públicos».
Hay que mencionar que la Fundación ProCultura también recibió financiamiento –aunque menor- del Estado durante el gobierno de Sebastián Piñera. Según declaraciones de su director ejecutivo, Alberto Larraín, el convenio marco con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) comenzó en esa administración. Larraín se defendió afirmando que este convenio se estableció debido a la trayectoria de más de 10 años de trabajo de la fundación con comunidades. También participó en diversos proyectos financiados por organismos públicos durante ese período. Por ejemplo, en 2020, en convenio con Corfo y la Municipalidad de Lota, la fundación se hizo cargo del «Circuito Lota Sorprendente», que incluye el Parque Isidora Cousiño y el ex pique minero Chiflón del Diablo.
Hoy, el caso se transformó en el pretexto que las derechas andaban buscando –también hace años – para socavar el pedestal del incombustible 30 por ciento de aprobación del Mandatario que se ha mantenido contra viento y marea con puntos más o puntos menos, desde que fue elegido, pese a errores y chambonadas cometidas por algunos personeros de su gobierno.
Un fiscal ad hoc
Entre esos errores, la falta de fiscalización de Procultura. Hace casi un año, en junio 2024, el fiscal nacional Ángel Valencia reasignó la investigación del Caso ProCultura a su amigo, el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper. Desde esa fecha hasta ahora, Cooper se ha visto envuelto en múltiples casos entregados por Valencia, investigando con especial ahínco aquellos relacionados con autoridades de gobierno. Entre ellos se puede mencionar la interceptación del teléfono de Miguel Crispi, ex subsecretario de Desarrollo Regional y principal asesor del presidente Gabriel Boric antes de renunciar a su cargo en el marco de la investigación por un convenio de 630 millones de pesos entre el Gobierno Regional de Antofagasta y ProCultura. Durante esta interceptación, que la hizo durar varios meses, descubrió una conversación entre Crispi y su madre comentando coloquialmente la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende, lo que llevó a la apertura de otra investigación penal. Cooper fue el designado por Valencia para investigar la querella presentada por la Fundación Fuerza Ciudadana contra el presidente Boric por presunto fraude al fisco en la fallida adquisición de la casa de Allende.
Y la culminación, por ahora, de su especial interés en el Presidente Boric, fue su solicitud al Juzgado de Garantía de Antofagasta en noviembre del 2024 de investigar las conversaciones del Presidente de Chile. En dos oportunidades lo pidió. En dos oportunidades fue rechazado por los tribunales. Durante la primera quincena de noviembre de 2024 el Fiscal Cooper requirió al Juzgado de Garantía de Antofagasta interceptar el teléfono del Presidente Gabriel Boric por un plazo de 60 días. No solo quiso interceptar sus llamadas, sino que también tener accesos a sus mensajes de texto, al tráfico telefónico del Presidente desde 2021 a la fecha, y también a la ubicación georeferenciada de su celular. También pidió acceso a todos los interlocutores con los que conversó el Mandatario.
Entonces el juzgado fue drástico y muy tajante en su respuesta. Le aclaró al fiscal Cooper que el artículo 222 del Código Procesal Penal solo permite las medidas intrusivas como las interceptaciones telefónicas, cuando “existan sospechas fundadas de haber cometido o estar preparándose para la comisión de un ilícito, ya sea como autor o participe, por ende no es extendible a terceros”. “El hecho de que la persona de quien se pide la diligencia sea amiga o no de quien figuraba como Director Ejecutivo de la Fundación Procultura, no lo hace merecedor de sospecha o reproche penal, puesto que no se ha dado cuenta de hechos concretos que permitan determinar esa circunstancia, no siendo suficiente que la expareja haya prestado declaración en calidad de imputada”, aseguró el juzgado de Antofagasta.
El escrito del tribunal que rechazó definitivamente la pretensión de Cooper, indica que “tampoco se han aportado antecedentes fidedignos que los fondos asignados a la fundación hubiesen sido destinados a actividades políticas y que de aquello tuviera conocimiento este tercero”, en referencia al Presidente Boric.
Las filtraciones
La causa fue asignada por Ángel Valencia al fiscal Cooper el 26 de junio de 2024. Antes estuvo en manos del fiscal Carlos Palma. Entonces Cooper decreta el carácter secreto de las diligencias, condición que se mantuvo entre el 2 y el 6 de abril de 2025. A partir de ese momento, se autorizó el acceso a las partes intervinientes, quienes fueron recibiendo copias del expediente hasta el viernes 9 de mayo.
Fue la puerta que se abrió para las filtraciones que cuando involucra conversaciones de un Presidente se convierte en algo muy grave. Pueden existir secretos de Estado. Tan distinto al llamado “caso Dominga” donde estaba involucrado el Presidente Piñera. Una cláusula del contrato vinculaba el negocio a la aprobación de permisos durante su mandato. La Fiscalía intentó indagar delitos de soborno, cohecho y tributarios. Nunca se supo de las diligencias. Ni siquiera fue intervenido su teléfono. No se filtró una coma del caso. Y la opinión pública ni se enteró de las declaraciones de imputados y testigos del caso.
Ahora las derechas le están sacando el máximo de lustre a este caso, centrando sus ataques en Gabriel Boric. Si incluso desde las bancadas parlamentarias de Chile Vamos solicitaron a la Cámara la realización de una sesión especial que permita abordar los posibles casos de financiamiento irregular de la política y corrupción de las instituciones públicas, además del rol que podría haber tenido el Estado en ello. En medio de las acusaciones en su contra, el Presidente Boric habló en Osaka. “Yo tengo una absoluta tranquilidad respecto a todo lo que he hecho y no me cabe ninguna duda que lo mejor que puedo hacer como presidente de Chile es nuevamente dejar que las instituciones funcionen, no ejercer sobre ellas ningún tipo de presión, no acusar por mi parte ningún tipo de persecución”. Esta tranquilidad es lo que probablemente hace que Boric siga manteniendo su alta aprobación.
Quien nada hace, nada teme parece decir el principal involucrado en la investigación. A través de un comunicado, Alberto Larraín, descartó haber financiado la campaña presidencial de Gabriel Boric. “Nunca se generó financiamiento desde la Fundación ProCultura a la campaña presidencial de Gabriel Boric, ni a ninguna otra campaña política”.
Luego señala: “los proyectos cuestionados fueron impulsados durante el gobierno anterior. Varios de los proyectos hoy investigados, como aquellos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el proyecto de recuperación de fachadas en Antofagasta, fueron promovidos bajo la administración del ex Pdte. Sebastián Piñera”. “No me he enriquecido con este proceso. Por el contrario, cuando se desató la crisis y el Estado decidió cancelar convenios, desestimar licitaciones ya adjudicadas e incluso impedir la recepción de donaciones privadas, esto produjo su quiebra. En ese momento, nuestra prioridad fue proteger a los trabajadores, y muchos de nosotros suspendimos nuestras remuneraciones”.
Finalmente, aborda el supuesto financiamiento de Procultura a la candidatura de Sebastián Balbontín, pareja de Larraín, como alcalde de Limache. “Sobre las transferencias a Sebastián Balbontín (mi pareja hace más de 5 años), estas no provinieron desde ProCultura, sino de mi cuenta personal, consistentes en gastos cotidianos y domésticos. No existió jamás una votación ni acción de su parte, como consejero regional, que beneficiara a la Fundación“. Y señaló que “la fundación ProCultura no tenía adherencia política; por el contrario, tenía la convicción de que el trabajo con las distintas sensibilidades era fundamental para el trabajo en las zonas más vulnerables”.
900 nuevas posibilidades
Lo que pudo ser una gira tranquila para el Presidente Boric, se transformó en una presión constante para responder por el asedio en Chile para que respondiera sobre las acusaciones de las derechas, amplificadas convenientemente por la prensa que controla.
Esa prensa no se ha detenido en realzar su gira por Japón y principalmente por China, que traerá importantes resultados económicos para Chile, tal como lo esperan ansiosos empresarios grandes, pequeños y medianos. No por nada el país asiático es uno de los principales socios comerciales de Chile y esta gira va a ampliar esta sociedad, tal como ya lo anunció el Mandatario. Más de 900 nuevos rubros podrían abrirse para los empresarios chilenos.
Pero, nada de eso le importa mucho a las derechas, enfrascadas en su campaña –que a estas alturas habría que ponerle el apellido de ”sucia”- por recuperar La Moneda. No de otra manera se podría calificar lo dicho en televisión (Estado Nacional)por el desconocido parlamentario republicano Cristian Araya, que acusó al Mandatario de “arrancarse” a China y Japón; o la tontería de José Antonio Kast quien emplazó a Boric a entregar sus celulares y ponerse a disposición de la justicia. Fue más allá en la tontera: “Tenemos al presidente como sujeto de interés de una investigación judicial del fiscal y el presidente decidió, sabiendo esto, partir a una gira. Dada la gravedad de los hechos el presidente debería volver a Chile”, Y agregó: “Una gira como esta, donde se va a sentar al parecer con el presidente chino, bueno ¿Quién se va a sentar allí? ¿El Presidente de la República o un sujeto de interés? Pone en riesgo la seguridad de nuestro país y también la honorabilidad de nuestro país“. “El caso ProCultura puede convertirse en el principio del fin de su gobierno”. He ahí el deseo escondido de las derechas.
La pregunta que surge es a quién le sirve filtrar datos del expediente investigado por Cooper y que ha sido alimento para la mayoría de la prensa conservadora, revelando incluso conversaciones personales incluso entre el Mandatario y quien fuera su siquiatra, Josefina Hunneus. La respuesta está al alcance de la mano.
