Periodista.
Mientras el desorden sigue en el gobierno y en los partidos de las derechas, donde ya se está hablando de la necesidad de un cambio de gabinete -como lo dejó entrever la jefa de gabinete de senadores de RN, María José Gatica: “yo siento que hay carteras en donde ya no puede haber errores, no puede haber equivocaciones”- sigue tramitándose en el Parlamento con mucha prisa y sin pausa lo que para el Ejecutivo es “el corazón” del gobierno: el megaproyecto de ley Quiroz que beneficia a los más ricos del país.
En tiempo récord y prácticamente sin escuchar a la oposición, se aprobó la idea de legislar este proyecto en las distintas comisiones de la Cámara de Diputados, donde operó la supremacía de las derechas, incluyendo al Partido de la Gente y el conocido francotirador René Alinco, diputado independiente por Aysén. El miércoles pasó al pleno de la Cámara con igual suerte.
Ahora, todo va al Senado donde dirigentes de la derecha, como el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, han transmitido públicamente que el oficialismo ya tenía bastante asegurados los votos para avanzar con el megaproyecto de Jorge Quiroz. En el oficialismo se hablaba de que “en el Senado, en teoría ya tienen una mayoría”, según recogen distintos medios de prensa.
Es lo que necesitan imperiosamente para que el Presidente Kast pueda informar en su cuenta pública del 1 de junio, la aprobación de su proyecto como su gran triunfo, además del apoyo que brindará a sus ministros más débiles como las ministras de Seguridad, Ciencia y por cierto, la vocera Mara Sedini, anunciando proyecto relacionados con la seguridad, el narcotráfico y el crimen organizado.
Para la presidenta del Partido Socialista, senadora Paulina Vodanovic, la cuenta pública “va a ser un punto de inflexión como oposición, porque hemos sido bastante tolerantes a la inoperancia, a la falta de planes, a la falta de claridad, a desdecirse de muchas cosas”.
“Creo que el primero de junio tenemos que entrar en una fase muy distinta, porque la verdad es que la realidad y las necesidades de la gente así lo exigen. Se dijo que no se iban a bajar recursos para los derechos sociales, se han bajado los ingresos para todos los hospitales, o para gran parte de los hospitales de Chile”, criticó la senadora. Los recortes no solo en Salud, así lo ameritan.
El problema está en que el gobierno está haciendo lo indecible por conseguir votos más allá del PDG de Parisi. Porque necesita garantizar a los grandes empresarios que su reforma será casi ad eternum. Y esa tranquilidad solo se la puede dar un apoyo robusto, transversal, de una buena mayoría en el Parlamento, cosa que hoy no puede mostrar.
Es cuestión de revisar declaraciones del ex ministro Francisco Vidal que ha sostenido públicamente que, si hay una aprobación solo por un par de votos más, este megaproyecto tiene corta vida y obviamente será cambiado en el próximo gobierno. Lo mismo adelantó el alcalde Tomas Vodanovic, quien en una entrevista señaló: “si esta es una reforma que quiere generar estabilidad, incentivo a la inversión, crecimiento económico, tiene que contar con amplio respaldo, si no, va a ser desechada en el próximo gobierno”.
Y cómo van las cosas, con una baja sostenida del Presidente y su gobierno; con problemas económicos serios para el común de la gente; y con malas noticias, como la decisión del Ministerio del Deporte de Chile de cancelar los Juegos Nacionales y Paranacionales 2026 como parte del ajuste presupuestario exigido por el presidente José Antonio Kast, dejando en la estacada los sueños de cientos de familias, hacen que la desaprobación de Kast aumente semana a semana. La cartera encabezada por la ex atleta Natalia Duco, redujo en un 3% su presupuesto anual, equivalente a $5,7 mil millones. El recorte quedó establecido en un decreto de Hacienda que ya fue tomado de razón por Contraloría. El documento contempla la eliminación total de los recursos destinados a los juegos mencionados La reducción alcanza los $3.586 millones, monto que financiaba íntegramente el evento organizado por el Instituto Nacional del Deporte.
Y suman y siguen las malas nuevas para el país. Por ejemplo, el nombramiento a cargo de Codelco de un conocido empresario sin experiencia en el rubro y por cierto, muy ligado a la derecha, que ha levantado polvareda, dejando un tufillo a privatización en el aire; o la posibilidad más que real que la cárcel de Punta Peuco vuelva a ser muy especial para los mayores asesinos y violadores de derechos humanos del país. Entonces el sueño de las derechas de seguir gobernando después de estos cuatro años, se pone cuesta arriba.
Y más aún, cuando los municipios -de todos los colores políticos- son a estas alturas, las primeras víctimas de la dupla Kast-Quiroz.
Sangra la Salud
Hace algunos días, un grupo de alcaldes llegó hasta La Moneda con un ataúd. Simbolizaba -dijeron- el “desmantelamiento” de la salud pública producto de los recortes presupuestarios impulsados por el gobierno de José Antonio Kast. En pocas palabras, ese féretro encarnaba “la muerte de la salud pública del país”. Es lo que decía la carta que entregaron en la puerta del palacio para el Presidente Kast.
Las consecuencias de esta protesta pacífica no se hicieron esperar. Los medios de comunicación afines al gobierno (prácticamente todos en manos de la derecha económica, que es la que manda) reaccionaron no sólo burlándose de ellos, sino, además, amplificando la reacción de personeros de gobierno y de sus partidos políticos. Los acusaron de hacer un “uso político” de la salud y exagerar el impacto real de los recortes. Salieron en coro a defender el ajuste presupuestario del Ministro de Hacienda, asegurando que no implicaría el colapso de la Atención Primaria. De hecho, la ministra de Salud, May Chomalí, afirmó que el recorte era menor y que “no afectará las prestaciones esenciales”. A los pocos días, reconoció el error. Parlamentarios y dirigentes de las derechas dijeron que los alcaldes estaban “politizando el dolor” y generando alarma innecesaria en la población.
Pocos días después, muchos de los que rieron con la protesta de los alcaldes, entraron en un silencio mortal. Es que salió a la luz el decreto 333, ingresado a la Contraloría General de la República con la firma del Ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, especificando los recortes al ministerio de Salud por 413 mil 193 millones de pesos (casi 470 millones de dólares).
Allí estaban las reducciones de fondos a los hospitales públicos. Allí estaban también, los ajustes al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) por 259.513 millones de pesos (288,2 millones de dólares), equivalente al 1,7% del presupuesto considerado para esta institución, lo que incluye a los servicios de salud regionales y metropolitanos. En otras palabras, la salud de todo el país, será afectada.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, fue consultado sobre el recorte de 2,5% que se instruyó al Ministerio de Salud, afectando la atención que los hospitales y recintos asistenciales proveen a la población. Respondió que “se han construido numerosos hospitales en Chile, pero cuando tú ves las tasas de ocupación y cómo se ocupan los quirófanos, cómo se ocupan los equipos, hay subocupación comparada con el sector privado”.
“Así que hay espacio para ir ocupando mejor esta infraestructura, haciendo ahorro y también proveyendo más servicio. Queremos proveer más servicio, mejores servicios y estos ahorros son precisamente para eso”.
Se le preguntó cómo busca mejorar los servicios si es que tiene la intención de quitarle financiamiento, y ante esto respondió: “A veces uno con menos recursos hace más”. Es la lógica fiscal del Ministro de Hacienda.
Entre los 10 hospitales más perjudicados con la decisión del gobierno -no son los únicos- están el Hospital Sótero del Río de la comuna de Puente Alto de la Región Metropolitana con un recorte de $3.182 millones; el Hospital Salvador de Providencia (RM) con $2.757 millones; el Hospital de Los Ángeles (Región del Bío Bío) con $2.706 millones. Con un recorte de $2.696 millones está el Hospital Clínico Guillermo Grant Benavente de Concepción (Región del Bío Bío); el Hospital Higueras de Talcahuano (Región del Bío Bío) con $2.272 millones; seguido por el Hospital de Valdivia (Región de Los Ríos) con $2.232 millones; el Hospital de Chillán (Región de Ñuble) con $2.099 millones; el Hospital de Antofagasta (Región de Antofagasta) con $2.049 millones; Hospital La Serena (Región de Coquimbo) con $1.972 millones; Hospital Puerto Montt (Región de Los Lagos) con $1.970 millones.
No por nada, el senador socialista Juan Luis Castro, presidente de la Comisión de Salud, subrayó que “el ministro de Hacienda que firmó este decreto, está desangrando al sistema de salud chileno a partir de un recorte impropio en el área más sensible de la vida de las personas”.
Y suma y sigue. Porque poco a poco se irán conociendo los decretos de 17 ministerios sobre los cuales Contraloría ya tomó razón, señalando los recortes correspondientes. La cifra total del ajuste realizado por Quiroz asciende ni más ni menos que a 1, 28 Billones de pesos (US$1.434 millones de dólares).
Y sólo se han cumplido casi 3 meses de gobierno.
