Periodista.
Aún no se puede dimensionar la gravedad de lo ocurrido con el ahora ex Director de Investigaciones Sergio Muñoz, acusado de filtrar información secreta al abogado Luis Hermosilla, sobre causas relacionadas o con el fallecido Presidente Sebastián Piñera o con autoridades ligadas a su gobierno. Y no se puede dimensionar, porque hay consenso en el espectro político que lo revelado por el medio de investigaciones periodísticas, Ciper, es sólo la punta de un iceberg tenebroso y putrefacto que tiene que ver con la corrupción, los conflictos de interés y las redes que se entrelazan en las altas esferas de los poderes fácticos.
Hacía rato que nadie hablaba del “caso Hermosilla”, disfrazado desde un principio por la prensa de derecha como el “caso audios”. Fue la manera de darle una mano al abogado en cuestión, de quien se dice que era conocido porque llegaba a todos los sectores políticos. No es tan cierto. En su juventud fue un joven comunista. Y eso sería todo su acercamiento a la izquierda. Luego, de estudiante de Derecho en la Universidad Católica se acercó al gremialismo donde se hizo muy amigo, entre otros, de Andrés Chadwick. De hecho, llegó a ser asesor del Ministerio del Interior cuando Chadwick fue nombrado en ese cargo por su primo Sebastián Piñera. El mismo que nombró a Muñoz a cargo de la PDI, cuando el anterior fue acusado de corrupción. Fue también el abogado de la familia del asesinado líder de la UDI, Jaime Guzmán. Hermosilla y Andrés Chadwick, compartieron por años su estudio de abogados en Vitacura. Chadwick lo dejó solo cuando estalló el escándalo de los audios a fines del año pasado.
Fue desde su estudio con el ex dirigente UDI y desde la casa de gobierno que Hermosilla tejió sus redes de amistades indispensables para su ambición de llegar a ser el mejor o uno de los mejores abogados de la plaza, como cuentan sus conocidos. Se vanagloriaba de ganar prácticamente todos sus casos, por los que cobraba sumas ingentes de dinero. Sumas imposibles de pagar por cualquier mortal. Sólo la elite podía hacerlo.
Y cómo no iba a ganar sus casos, si producto de sus malas artes profesionales y las redes tejidas incluso desde la propia Moneda, -se dice que él habría sido quien propuso al Presidente Piñera el nombre de Muñoz para jefe de la PDI- lograba asirse de documentos e informaciones relacionadas con los casos que llevaba o incluso que otros llevaban antes que los fiscales que investigaban los casos pudieran presentarlos para iniciar juicios. Sólo así se entienden las supuestas “victorias” jurídicas de Hermosilla. Y sólo así se entiende lo ocurrido con Muñoz. Al parecer, el abogado estaba convencido de su impunidad al igual que el jefe de Investigaciones.
¿El principio del fin?
Lo complicado del caso es que Muñoz entregó valiosa información a Hermosilla sobre la compraventa de la minera Dominga, donde estaba involucrada directamente la familia del Presidente Piñera. También le envió documentos reservados sobre la eventual intervención del fallecido Mandatario en una investigación que la justicia llevaba sobre el casino Enjoy. Se suman informaciones sobre diligencias para perseguir responsabilidades del exalcalde de Vitacura Raúl Torrealba en actos de corrupción. También sobre la causa que investiga al exintendente de la Región Metropolitana y exalcalde de Lo Barnechea, Felipe Guevara, por negociación incompatible en la adjudicación de un proyecto en la comuna de La Granja a su hermano Matías Guevara. Y esto pareciera ser solo el comienzo.
Cuando el pasado viernes se supo que, pese a los intentos de evitarlo que protagonizaron funcionarios de la PDI alertados por el detective que cuidaba la lujosa residencia de Muñoz, a las 6 de la mañana llegó el OS9 de Carabineros tanto a la residencia del jefe policial, como a su oficina, con la orden de allanamiento del fiscal que tiene en sus manos la causa.
Luego de tiras y aflojas, y pasado el momento de sorpresa en todos los sectores, por la noche Muñoz presentó su renuncia al cargo. Hubiera sido insostenible haberse mantenido en él, cuando fue citado por la justicia para su formalización el martes 19 de marzo. Por supuesto que la tardanza en su renuncia dio pie para el inicio de las críticas al gobierno. El ministro de Justicia, Luis Cordero explicó después la situación: “cuando uno está en el Estado las decisiones tienen que ser informadas con mucho cuidado por una razón extremadamente simple, porque tiene a cargo instituciones que responden a la investigación penal, pero, en segundo lugar, porque están a cargo de un tema tan sensible como la seguridad”.
De paso, el Secretario de Estado informó sobre algunos elementos de la investigación en contra de Muñoz que podrían revelar nuevas sorpresas. Dijo que los elementos incautados en la mansión de Muñoz y que serán periciados son, al menos, tres celulares y un notebook personal. “En el caso de la incautación de los teléfonos del director, yo creo que esto recién comienza y por eso yo apelo a la fortaleza institucional”. Más claro, imposible.
El caso en Carabineros
Un elemento más enturbió el panorama político. Consultado el ministro de Justicia sobre la situación del general Director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien será formalizado el 7 de mayo próximo, pero por razones muy distintas a las del renunciado Director de la PDI –se trata de su responsabilidad de mando por eventuales violaciones a los derechos humanos en el estallido social de 2019, el Secretario de Estado opinó que ““Yo esperaría que el general director evaluara su renuncia antes de ser formalizado”.
Pese a las llamadas a rebato de la oposición, y –para variar- de los intentos de la prensa de derecha de encontrar contradicciones al interior del gobierno, los dichos del titular de Justicia se ajustaron al criterio que fijó el gobierno respecto a estos casos: que no puede haber autoridades formalizadas ya que hay que cuidar las instituciones y el enfrentar una defensa judicial los desconcentra de sus labores, por lo que la formalización es un “punto de inflexión”. Fue lo que dijo el Ministro Cordero al ser consultado al respecto. Ni más, ni menos. Es decir, el 7 de mayo –si es que el Presidente no decide otra cosa antes- el general Director de Carabineros debería presentar su renuncia para dedicarse de lleno a su proceso judicial.
El Presidente no quedó ajeno a opinar sobre el caso de la PDI. Cuando le tocó hablar en un acto por el reinicio de obras de la Comisaría de La Farfana en la comuna de Maipú, el Mandatario señaló que “hay una cosa que no puedo dejar de decir. El viernes pasado el país quedó impactado con la noticia que salió a la luz pública y que terminó en la presentación personal de renuncia que me hizo el director general de la Policía de Investigaciones”.
“Los antecedentes que se han conocido hasta ahora son impactantes y son dolorosos porque primero debe estar el cuidado de las instituciones. En Chile no puede haber ningún tipo de diferencia y nadie está por sobre la ley, tenga el apellido que tenga la persona o esté en el cargo que esté, partiendo desde el Presidente de la República hacia abajo», añadió.
Entre aplausos, el Presidente Gabriel Boric cerró este mensaje indicando que “las investigaciones las lleva a cabo la Fiscalía y nosotros hemos establecido un criterio que como gobierno vamos a seguir”.
Sin duda, es una noticia que no tiene fin aun. Y habrá que esperar nuevas revelaciones acerca de las conversaciones del otrora influyente abogado Hermosilla con sus redes. Las que aún no se conocen.
