
Periodista.
“Por la boca muere el pez” es un refrán que se ha repetido hasta el infinito en círculos políticos en la última semana, y no solamente en sectores opositores. Según la definición, el refrán “se aplica cuando alguien se delata, revela información innecesaria o habla sin pensar y termina en problemas”. Es lo que está ocurriendo con el flamante vocero de gobierno, Gonzalo Arenas, un político experimentado, ex diputado, “que habla en limpio”, recordaban algunos parlamentarios que lo conocieron en sus tiempos de Congreso y que desde que reemplazó a Mara Sedini en su cargo de vocera, contrariamente a lo esperado, no ha dejado de cometer errores. Algunos más graves que otros.
El último fue ningunear al PDG, como lo hizo recientemente en un programa de televisión. Y, a menos de un mes de asumir la vocería, Gonzalo Arenas ha pasado de ser una posible solución a los problemas comunicacionales de La Moneda a convertirse él mismo en un problema político.
Calificó al PDG como una entidad que “reúne a una clase media emergente (…) que “no tiene una visión de país, sino que más bien una visión de consumo”, y que, por lo mismo, sus integrantes pueden aceptar posiciones contradictorias si estas responden a determinadas necesidades. “No es un partido, sino que es como un cúmulo de deseos”.
El error político es enorme: descalificó a una colectividad cuyos votos son fundamentales para que el Gobierno saque adelante sus proyectos y enfrente la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat. La molestia en el partido de Parisi – quien calificó el hecho como un “matonaje”-, fue generalizada. El jefe del PDG mencionó que la relación del gobierno con la bancada “ya venía bastante complicada”. “Para nosotros fue un tremendo sacrificio poder saber con quienes hay que interactuar en el gobierno, no se sabe. Tenemos un ministro del Interior que también es vocero, que el vocero no era vocero. Después tenemos un ministro secretario general de Gobierno que no actúa, hay un pirquineo de votos que no se entiende. Mire, realmente para nosotros ha sido muy complicado poder hablar con el gobierno, de verdad”.
Por su parte, el jefe de bancada de ese partido, Juan Marcelo Valenzuela, le respondió a Arenas: “No se escupe el pozo donde usted posteriormente va a tomar agua”. Sostuvo que el vocero necesita asesoría para desempeñar su función y cuestionó su capacidad para relacionarse políticamente. “Este vocero necesita un vocero. Una cosa es tener opinión política y otra cosa es tener inteligencia política. Yo creo que al vocero le falta lo segundo”, afirmó.
En medio de ironías y burlas como costumbra responder, la diputada Pamela Jiles acotó: “Si esa va a ser la vocería, me parece bastante complejo para el gobierno. Me parece que la performance de Arenas ayer (en una entrevista) en muchos sentidos fue nefasta”.
Las declaraciones se dan justo cuando el Ejecutivo busca respaldos para enfrentar la acusación constitucional contra el ministro Rabat. La oposición cuenta con 65 votos y necesita otros 13 para alcanzar los 78 requeridos si asisten los 155 diputados. En ese escenario, Pamela Jiles aseguró que 12 de los 14 diputados del PDG apoyarían el libelo. Aunque en realidad, nunca se sabe cómo se alinearán los parlamentarios de la gente que, en su inmensa mayoría, según las encuestas, aprueban la acusación constitucional contra Rabat. La encuesta Criteria, publicada el pasado domingo, muestra que un 79% de los chilenos respalda la salida del abogado del cargo, mientras que un 68% apoya la presentación del libelo en su contra.
Lo ocurrido con el PDG y las afirmaciones de la diputada Jiles configurarían el escenario que se necesita para lograr el número de votos que permita aprobar una acusación constitucional para el ministro Rabat, por haber rebajado penas a violadores, abusadores sexuales y criminales de lesa humanidad. Y por lo mismo, una vez más, una autoridad de gobierno debió disculparse y agradecer públicamente la colaboración del PDG para contar con sus votos. Pero, no fue suficiente -hasta ahora- para el partido de Parisi.
Otro que muere como el pez
Definitivamente, la gente, sobre todo los políticos, son dueños de su silencio y esclavos de sus palabras. Las grabaciones en las redes sociales son implacables. Y con eso de telón de fondo, el gobierno de José Antonio Kast está entrando en una dinámica políticamente peligrosa: no termina de resolver una crisis cuando sus propias autoridades generan otra.
Las declaraciones del subsecretario Arenas ocurren justo cuando el presidente Kast se encontraba en su gira por Asia, donde en Vietnam el Mandatario debió rendir honores al padre de la patria vietnamita, Ho Chi Min, a quien había calificado de “asesino en serie”, cuando la ex presidenta Bachelet visitó ese país y rindió homenaje al héroe asiático. Después, Kast y sus partidarios han explicado que cuando hizo tamañas declaraciones era jefe de un partido y que ahora, era Jefe de Estado, como si fueran dos personas distintas.
Pero, los errores del vocero no quedaron allí. En la misma entrevista y a propósito del paro de los camioneros, cuya solución le ha costado millones de dólares al Estado, Arenas manifestó su desacuerdo con que los bloqueos parciales de las vías públicas constituyeran un delito Esa es precisamente una de las disposiciones centrales del proyecto Antibarricadas 2.0 impulsado por el Ejecutivo. La contradicción se produjo inmediatamente después del conflicto con los camioneros. Lo que, de nuevo, puso en entredicho tanto la coordinación ministerial como la consistencia de la política de seguridad.
El vocero, que debería ordenar el discurso gubernamental, termina desordenándolo. Quien debería construir puentes con las fuerzas parlamentarias termina deteriorándolos. Quien debería explicar las políticas del Ejecutivo termina contradiciéndolas.
Un ministro exagerado
El pronunciamiento de Arenas coincide, además, con las negociaciones parlamentarias por el Presupuesto 2027, otro desafío legislativo para el Gobierno y que se ha convertido en un problema político de primera importancia. Más aún cuando las cifras de la economía muestran un deterioro que no ha parado. Y no son pocos los que recuerdan al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz afirmando en varias oportunidades que la economía chilena comenzaría a recuperarse durante el último trimestre de 2026, es decir, entre octubre y diciembre.
El 28 de agosto pasado, durante un seminario organizado por PwC y Bci, en el hotel W, el ministro señaló textualmente: “La economía va a empezar a repuntar en el último trimestre y en el próximo año también”. Sostuvo que la reactivación vendría de la recuperación de la inversión privada, especialmente de la construcción, y descartó que fuera necesario que el Banco Central redujera la tasa de interés.
El 1 de octubre de 2026, luego de conocerse la caída del Imacec de agosto en un 1%, Quiroz volvió a insistir: “Creo que el último trimestre viene bueno. Vamos a empezar a notar los otros efectos”. E insistió el 3 de octubre pasado: “Tenemos bastante convicción de que el último trimestre se va a ver bien”. Y hace pocos días, tras reconocer que Chile atravesaba una recesión técnica, Quiroz desplazó el énfasis de sus expectativas de recuperación hacia enero de 2027: “esperamos que a final de año tengamos un número positivo, sobre todo el próximo año partiendo en enero. Tenemos absoluta seguridad de eso”.
La realidad dice otra cosa. Baste recordar que hay más de un millón de chilenas y chilenos buscando trabajo para poder comer y otros tantos rebuscando cómo llegar a fin de mes, porque el sueldo no les alcanza.
Una investigación de la Fundación Horizonte Ciudadano, difundida por CIPER el 16 de octubre, identificó 48 programas sociales con recortes que suman $325.765 millones, una reducción conjunta del 32,4% para esos programas. Allí radica la razón de las numerosas movilizaciones sociales que se están produciendo en el país.
Durante los últimos meses, especialmente desde septiembre, se ha producido una reactivación de las movilizaciones sociales en Chile. No se trata solamente de protestas estudiantiles: también participan trabajadores públicos, profesores, transportistas, pobladores, organizaciones ambientalistas y feministas. Lo políticamente significativo es que sectores con demandas muy diferentes están comenzando a coordinarse y que una parte importante de su descontento está relacionada con los recortes presupuestarios, el costo de la vida, la defensa de los derechos sociales y las críticas a la falta de diálogo con el Gobierno.
Las encuestas últimas muestran lo que muchos analistas califican como el desfonde del gobierno de Kast, un fenómeno -dicen- políticamente mucho más complejo que una simple caída en las encuestas. En Cadem bajó su aprobación de 57% en marzo a 27% en noviembre de 2026. En Criteria, marcaba 48% al inicio y 18% en la actualidad. En Tu Influyes, la tendencia es la misma: 41% de apoyo al comienzo y 25% en la última medición. Esto significaría que un gobierno comienza a perder simultáneamente respaldo ciudadano, credibilidad, autoridad política, cohesión interna y capacidad para imponer su agenda.
Hoy, el gobierno está enfrentando una creciente conflictividad en las calles, las carreteras, los hospitales, los consultorios y los establecimientos educacionales. Y lo más significativo es que muchos de los sectores movilizados no están pidiendo nuevos beneficios, sino defendiendo prestaciones, derechos y condiciones laborales que consideran amenazados.
El problema del gobierno no es solamente que las cifras económicas hayan sido inferiores a sus expectativas, sino también la insistencia con que ha anunciado una recuperación cuya materialización sigue pendiente. El ministro Quiroz ha tratado de mantener su optimismo estrellándose una y otra vez con las porfiadas cifras. Y con un descontento aumentando.
La pregunta que surge es cuánto tiempo puede un ministro de Hacienda sostener su credibilidad sobre la base de expectativas futuras, mientras los resultados económicos presentes continúan siendo desfavorables.








