viernes, abril 26, 2024
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El pretexto de la derecha para tapar repercusiones del “caso Hermosilla”

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En un evidente intento por desviar la atención del escándalo despertado por las conversaciones ¿y tratos espurios? del abogado Luis Hermosilla -ex asesor del Ministerio del Interior del gobierno de Piñera- con personeros importantes del escenario nacional, hoy arrinconados pensando en qué contendrán las más de 700 mil páginas con conversaciones de todo tipo con amigos y clientes del abogado en cuestión, la derecha encontró el pretexto que necesitaba para tocar las campanas a rebato luego de la declaración en un  programa de TV del senador comunista Daniel Núñez. El parlamentario señaló en esa oportunidad que el gobierno debería “convocar a la presión social de la ciudadanía para sacar adelante las reformas que impulsa el Ejecutivo”, entre ellas pensiones y pacto fiscal.

Durante varios días la derecha fue un testigo nervioso de las esquirlas que aún siguen flotando luego que se conocieron los audios que vinculan a Hermosilla con pagos a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), además de las filtraciones que dejó en prisión preventiva a Sergio Muñoz, el renunciado exdirector general de la Policía de Investigaciones (PDI).

Lo último fue, por ahora, las revelaciones del papel clave que el abogado Luis Hermosilla tuvo en los nombramientos de ministros en la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema. Se afirma que el abogado hizo gestiones para permitir la llegada de Jean Pierre Matus a la Corte Suprema, y de Antonio Ulloa a la Corte de Apelaciones de Santiago, en 2021.

La estrategia

Como de costumbre, no pasaron 48 horas para que los estrategas de la oposición armaran un guion con el fin de hacer frente el escándalo de Hermosilla que los tenía a mal traer, particularmente al mejor amigo del abogado, el ex ministro del Interior y primo del fallecido presidente Piñera, Andrés Chadwick. La derecha partió entonces con su campaña. Ha declarado sotto voce punto menos que el Partido Comunista y el Frente Amplio están preparando un nuevo estallido social, y como siempre, apelando al recuerdo de las imágenes de incendios y vandalismos  ocurridos durante octubre del 2019, pero sin mencionar que más de un millón de ciudadanos salieron a las calles a reclamar por los abusos existentes muchos de los cuales aún se mantienen.

Lo dijo, entre otros, el presidente de la UDI, Javier Macaya. “Cuando el Partido Comunista, cuando el Frente Amplio, quizás se piensan o se saben en minoría y empiezan a pensar en fórmulas de presión callejera, al final es recordar una pesadilla que vivió Chile desde el año 2019 (aludiendo al estallido social), y no ven que tuvo que ver con violencia, con consecuencias que hasta el día de hoy estamos pagando. La izquierda muchas veces, cuando se sabe en minoría, empieza a ver fórmulas alternativas a la democracia”. Sorprendente declaración, si se toma en cuenta que fue precisamente la derecha la que tiene historia de recurrir a los militares cuando el peligro de cambio es muy grande.

Macaya sigue reflexionando: “Si no hubiese sido porque fuimos capaces de generar una salida institucional, nuestra democracia se pudo haber quebrado. Yo creo que eso es lo más delicado de las declaraciones que hacen dos partidos, que no son cualquier partido, no son partidos minoritarios, son los partidos que tienen probablemente más parlamentarios en el oficialismo, con una fuerza importante, con ministros de Estado”.

Muy rápido, el subsecretario del Interior Manuel Monsalve aclaró la postura del Ejecutivo, aclarando que “al gobierno no le compete ni le corresponde en ningún caso convocar a ningún tipo de presión y que se  apunta a construir mayorías “con diálogo social”.

Pero, por más que la oposición intente echar por tierra lo realizado por el abogado Hermosilla, hasta hace poco uno de los más solicitados por la derecha y uno que otro oficialista, las consecuencias de sus actos recién se están conociendo. De hecho, ahora se supo que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) accedería a las más de 777.000 páginas que contiene el informe en que se transcribieron las conversaciones por WhatsApp del abogado Luis Hermosilla, hoy en manos de  la Fiscalía Metropolitana Oriente. Se dice que el Consejo está preparando una solicitud para acceder al expediente en cuestión.

Son pocos los que se atreven a criticar abiertamente a Hermosilla. Y en realidad tratan de esconder la mugre debajo de la alfombra. Así lo evidenció el diputado y jefe de la bancada del Partido Socialista, Daniel Melo. Dijo que “existe un silencio cómplice” desde la derecha y emplazó a la oposición “a dar la cara y responder”.  “El señor Chadwick, ex ministro del Interior, debiera ponerse a disposición para colaborar a desentrañar todos estos problemas que hay y que hemos ido conociendo”.

La comisión investigadora de la Cámara Alta conformada para investigar este caso  citó para el lunes 8 de abril a declarar a Andrés Chadwick, Rodrigo Delgado y Juan Francisco Galli, ex autoridades del Gobierno de Sebastián Piñera.

Y mientras…

Todo esto está ocurriendo mientras la oposición y el oficialismo buscan  a sus representantes para competir en las elecciones de Alcaldes, concejales y gobernadores. Eso, además de la mesa de la Cámara que debe cambiarse y que luego del quiebre del acuerdo en el Senado, gracias al cambio de vereda de Ximena Rincón y  Matías Walker  que se instalaron definitivamente en la derecha, está en el aire. Todo dependerá de los votos del Partido de la Gente que reclama para sí la presidencia de la Cámara de Diputados, pidiendo que se respete un acuerdo hecho cuando recién comenzó a sesionar el recién  electo Parlamento. ¿Qué sería lo problemático? que el Partido Comunista  reclame su opción, pues en 2022 fue vetado y se saltaron su turno. El Partido de la Gente (PDG), por su parte,  –haciendo cumplir el acuerdo original de 2022– también busca que se respete su turno, por lo que no negociará ningún cambio.

Lo que parece estar claro es que tanto el oficialismo como la oposición están sin los votos necesarios para llevar a sus respectivos candidatos a la testera. Ninguno tiene la mayoría simple que se requiere. Cada sector necesita 78 votos. El oficialismo más la DC suman 73. La oposición tiene 75. Ambos necesitan  imperiosamente los votos del PDG y algunos independientes. Ellos son por ahora, el objeto del “deseo” de lado y lado.

Las tiendas del bloque de Gobierno, más la Democracia Cristiana, suman 73 y la oposición 75. Hay tres diputados –más ligados al oficialismo– fuera de pacto y cuatro PDG cuyos votos son decisivos.

Se afirma que estaría en curso una estrategia –que es compartida por el Ejecutivo-de respetar el acuerdo administrativo de 2022, donde se estableció, por mayoría de las bancadas, que el PDG lideraría la testera de la Corporación en su cuarto periodo (entre marzo y octubre de 2024), junto a una primera vicepresidencia del PC y la segunda para el PS.

 

 

 

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