La bancada del Partido Socialista ofició a la Contraloría General de la República para que determinará eventuales responsabilidades administrativas en el gobierno tras una publicación que alude a una “quiebra” del Estado y culpa a la gestión anterior por el alza del precio de la bencina. Esta jornada, el organismo instruyó al Ministerio Secretaría General de Gobierno para determinar responsabilidades de funcionarios públicos en el hecho.
La solicitud, ingresada mediante oficio dirigido a la señora Dorothy Pérez, cuestionaba una publicación realizada el 24 de marzo de 2026 en la cuenta oficial del Gobierno en Instagram y otras plataformas, que señala textualmente:
“El precio de la bencina subió como nunca antes… por la guerra de Irán. Y no podemos bajarla porque nos dejaron un Estado sin plata, endeudado y quebrado.”
El jefe de la bancada PS, Raúl Leiva, señaló “sin lugar a dudas, una situación muy grave y compleja para el gobierno. La contraloría no solo ha establecido la improsimilitud de anuncios en redes sociales de gobierno de esa naturaleza, sino que, además, establece un reproche administrativo y ordena el sustanciar un sumario administrativo contra quienes sean responsables. Por eso la Secretaría General de Gobierno y todos aquellos responsables en este diseño comunicacional deben asumir su responsabilidad, no solo administrativa, sino también política. Un tema muy complejo, porque lo que deja en claro la contraloría, que aquí el bien jurídico que se tutela es la fe pública y la verosimilitud y fundamentación de los argumentos que realiza el gobierno a través de medios de comunicación, y particularmente de las redes sociales”.
Mientras que el subjefe de la bancada, Nelson Venegas dijo “la Contraloría terminó dándonos la razón, porque, efectivamente, este es un hecho muy grave. Aquí se está jugando con la credibilidad financiera del estado. Aquí hay un sector, que es el gobierno, nada más ni nada menos, que, con tal de tratar de sacar pequeños y mezquinos provechos políticos, ha puesto en duda la credibilidad del estado de Chile. Nos colocan en una situación de riesgo financiero, de nuestra capacidad crediticia. Por eso es que estamos contentos con esta resolución de la Contraloría, para que, de una vez por todas, el gobierno entienda que está actuando de una forma equivocada, y esperamos que, de una vez por todas, cambie su actitud”.
