Periodista.
Bochornos múltiples ha acumulado en pocos días el gobierno del Presidente José Antonio Kast. Casi todos difíciles de explicar. Desde el lamentable y bochornoso retiro del apoyo a la Presidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas cuyo patrocinio por parte de dos de los países más poderosos de este lado del continente – México y Brasil- se mantiene; pasando por otro hecho inexplicable como fue el retiro de la tercera autoridad de Investigaciones por solicitud de la Ministra de Seguridad, al parecer por líos de celos; la evidente falta de manejo político, comunicacional y hasta lingüístico de la ministra vocera, Mara Sedini; la increíble falta de manejo político del gobierno al declarar a Chile “en quiebra”, lo que obligó al poco simpático ministro de Hacienda a desmentir tal situación; y la catástrofe que se avecina para el bolsillo de chilenos y chilenas con el alza de los combustibles a niveles que nadie sospechaba y que augura una inflación que puede llegar a ser insoportable.
¿Quién se podía imaginar que cuando aún no se cumplía la primera quincena del gobierno de José Antonio Kast, la gente saldría a las calles o tocaría las cacerolas para repudiar medidas del Ejecutivo? Todo un récord. Tanto como la cantidad de errores acumulados por los ministros y que ya a estas alturas configuran qué tipo de gobierno podría administrar el país durante cuatro años.
Algunos de ellos, muy publicitados en las redes sociales. Sólo por mencionar algunos: eliminar decretos medioambientales que protegían a salares, bosques y animales en vías de extinción, como la ranita de Darwin y el pingüino de Humboldt. (Las ranitas se salvaron. Por ahora). Los anuncios de cortes en gratuidad universitaria para los mayores de 30 años, dejando así afuera de la posibilidad de tener una carrera a quienes, por trabajo, por maternidad o por imposibilidad financiera, no pudieron acceder a estudios superiores. La construcción de 3 edificios en el Parque Nacional Puyehue, con todo lo que ello significa en destrucción; el extraño acuerdo con Estados Unidos sobre las codiciables “tierras raras” abundantes en Chile, esenciales para el desarrollo tecnológico en el mundo: Smartphones, pantallas y parlantes; Baterías recargables; Autos eléctricos; Turbinas eólicas; Satélites, radares y misiles.
Se suma el endurecimiento contra deudores del CAE; la eliminación del criterio de evaluación que protege los cielos astronómicos de Chile; la reactivación del proyecto Dominga que destruiría las napas de agua y el medio ambiente protegido en Los Choros; también el fin de las becas de ciencias.
Y, por si fuera poco, entre otros anuncios se evalúa recortar presupuesto a la JUNAEB, es decir, recortar la alimentación diaria de miles de niños que dependen del Estado para poder estudiar y comer; se habla de poner un freno a la ley de “40 horas”, un derecho adquirido que le daría más tiempo a los trabajadores para pasarlo con la familia; se están cuestionando, además, los feriados irrenunciables; y se suma el anuncio de indultos a violadores de DDHH y asesinos convictos.
Privilegios para los más ricos
¿Lo peor y de lo que poco se habla?, el privilegio del que gozarán los dueños de las empresas más grandes del país, al reducirles los impuestos del 27 al 23 por ciento, supuestamente para reactivar la economía. Así, se bajarían 4 puntos con una pérdida fiscal aproximada de US$ 1500 millones al año. El 80% del beneficio de la rebaja va al 1% más rico del país que recibe $100 millones anuales por cada punto de rebaja. De acuerdo a expertos, el 1 por ciento más rico del país gana millones por año mientras el 50 por ciento más pobre, recibe aproximadamente $2.445 al año.
No es casualidad entonces, que todos los ministros subsecretarios y otras autoridades repitan como un mantra que encontraron al país “peor de lo que imaginaban” y luego, repitan como otro mantra, que deberán tomar “medidas muy dolorosas”, sea por la eliminación o reforma del MEPCO, o por la necesidad de un ajuste fiscal. Es la única explicación que han repetido hasta el cansancio, siguiendo las directrices de una minuta que se filtró desde el Ejecutivo instruyendo cómo responder cada una de las críticas que se levantarían frente a las medidas tomadas.
Tanto se lo tomaron en serio y tanto se han visto arrinconados por las críticas, que el gobierno sacó una publicación en redes sociales -por supuesto que culpando al gobierno anterior de dejar al Estado “en quiebra”-: “Nos dejaron sin plata. Un estado en la quiebra, endeudado en más de 49 mil millones de dólares y la caja del Estado completamente vacía”, apuntaron en la publicación de la cuenta oficial del gobierno. Todos en el gobierno comenzaron a desmarcarse de tamaña mentira, al extremo que la Contralora Dorothy Pérez requirió este miércoles, vía oficio, al Ministerio de Secretaria General de Gobierno (Segegob) que informe respecto de las publicaciones realizadas en las redes sociales oficiales del Ejecutivo sobre las medidas vinculadas al Mecanismo De Estabilización De Precios De Los Combustibles (Mepco). En concreto, “se requiere informar sobre los recursos públicos y personal involucrado para la generación de dichas publicaciones y, en particular, acerca del fundamento normativo de las mismas, y los sustentos fácticos de las afirmaciones contenidas en la publicación antes reseñada”, señala el oficio en cuestión.
Los números presentes en prácticamente todos los medios de comunicación, no son meras estadísticas; encarnan un golpe directo al poder adquisitivo de familias, pequeñas empresas y el sector transporte. Se calcula que un hogar tipo perteneciente a la clase media, con un vehículo promedio, tendría que asumir cargas adicionales mensuales que oscilan entre $29.600 y $58.000, considerando dos cargas de combustible semanales.
En lugar de una respuesta estructural basada en la absorción total del shock, el gobierno presentó un paquete de medidas paliativas bajo el eslogan «Chile Sale Adelante». Este plan, aprobado en tiempo récord por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados con 10 votos a favor y 3 abstenciones, buscaba mitigar los efectos más duros de la crisis, aunque con alcances limitados. Entre las medidas clave se encuentra el congelamiento de las tarifas del transporte público en Santiago hasta el 31 de diciembre de 2026, una protección crucial para los 2.5 millones de usuarios diarios de la red metropolitana. Adicionalmente, se destinaron recursos a los gobernadores de las regiones, quienes podrían aplicar una «fórmula espejo» para atender las necesidades locales. Otra medida focalizada fue la rebaja y posterior congelamiento del precio de la parafina o kerosene, un combustible vital para la calefacción de miles de familias vulnerables durante la temporada de invierno.
Para evitar el descontento -por ahora-de otros sectores afectados, el plan incluyó un bono de $100.000 mensuales por vehículo para taxis y colectivos, vigente por un período de seis meses. Este beneficio logró ser ampliado para incluir también al transporte escolar. La crítica a estos “beneficios” no tardó. Primero, porque se considera de una cobertura limitada, ya que no abordan la inflación indirecta que afectará a productos como alimentos y servicios; su temporalidad, con la mayoría de los beneficios expirando a fin de año; y, fundamentalmente, la falta de una contribución proporcional por parte de los sectores económicos con mayor capacidad de absorción. Quedó claro que la decisión gubernamental, dibujó claramente una línea divisoria entre la disciplina fiscal y la protección social, dejando a la ciudadanía y a las pymes como principales receptores del impacto económico.
Gabriel Boric en 2022
A estas alturas de la propaganda goebeliana usada por este gobierno, se recuerda entre otras cosas, qué pasó en el 2022, cuando asumió Boric. Frente a un entorno de altas presiones sociales y económicas heredado, tomó la decisión política de utilizar el MEPCO sin dudarlo, para amortiguar el impacto de los precios del combustible en la economía nacional. Fue la época en que las críticas de José Antonio Kast recrudecieron a tal extremo, que llamaba a chilenos y chilenas a salir a protestar a las calles.
La situación entonces era extremadamente crítica: el precio del barril de petróleo se situaba en torno a los $1.300 a $1.500 por litro (dependiendo de la región). El precio del petróleo se disparó llegando a más de US$110–118 por barril. La respuesta del gobierno de Boric fue una inversión deliberada en estabilidad social y protección de las clases medias y bajas cuyo poder adquisitivo estaba en juego. La decisión fue defendida como una herramienta necesaria para contener la inflación y prevenir un malestar social generalizado, priorizando la estabilidad económica social sobre la rigidez presupuestaria en un momento de excepcional dificultad.
Muy distinta a la opción del gobierno de Kast que fue diametralmente opuesta. En lugar de activar el MEPCO para absorber el nuevo shock, el Ejecutivo decidió permitir el traslado completo del alza de 370 pesos por litro de gasolina y 580 en diésel, a los consumidores. La justificación central de esta decisión, reiterada por el Ministro de Hacienda Jorge Quiroz, fue de naturaleza fiscal: argumentaron que continuar con el subsidio implicaría una erogación sostenida de US$140 millones por semana, una cifra que el gobierno consideró insostenible y que ponía en riesgo el equilibrio de las cuentas públicas.
Esta postura se enmarcó dentro de la narrativa sugerida en el memorándum filtrado enfatizando aquello de «recibimos el gobierno sin plata», sugiriendo que el déficit fiscal heredado limitaba las opciones de gasto.
Esta comparación genera una pregunta central y crítica: ¿Por qué, ante una variable externa casi idéntica —un barril de petróleo caro—, se adoptaron políticas tan dispares? Es que las prioridades son muy distintas. Mientras el gobierno de Boric priorizó la protección social y la contención de la inflación, el gobierno de Kast priorizó la disciplina fiscal y la sostenibilidad presupuestaria. El miedo, la angustia y el dolor de la gente, no existe…
Y una vez más, el costo de la guerra en el Medio Oriente lo pagan los trabajadores, esta vez, sin la ayuda del Estado por decisión del Ministro Quiroz, del presidente Kast y de los grandes empresarios.
