Periodista.
La tozudez es lo que hasta ahora identifica al gobierno del presidente Kast y su principal articulador, el ministro de Hacienda. Jorge Quiroz. Desde el lanzamiento de la reforma económica sostuvo que no se movería «una coma» de los aspectos esenciales del proyecto. Y lo ha mantenido.
Más allá de las palabras, los hechos están demostrando que Quiroz se ha sentado a contrapelo en la mesa de negociaciones que intentó construir la presidenta del Senado,Paulina Núñez. Tanto es así que, a la primera reunión de opositores con el ministro, se dice que éste ni siquiera habría llevado un documento, no anotó nada de lo que le dijeron y con su semisonrisa eterna, se despidió de sus interlocutores sin señales de flexibilidad.
No es de extrañar. El ministro comenzó su gestión con un tono confrontacional: «mi rol no es ser simpático ni ser popular» dijo en sus primeros días de poder. Instaló así una imagen de ministro duro, dispuesto a confrontar antes que, a persuadir, debilitando de partida su capacidad para construir apoyos políticos. Hasta ahora, pareciera que no le importa mucho, aun cuando ha debido conceder algo mínimo en una que otra declaración o medida -como el recorte inicial a Seguridad, tema esencial para Kast -y que le proveyó de una mayoría de votos en las elecciones pasadas. Posteriormente el Ejecutivo debió abrirse a negociar varios puntos, lo que debilitó esa imagen inicial de firmeza absoluta.
No es casualidad que este ministro esté, junto a Pamela Jilesy otros personeros, en los últimos lugares de aprobación ciudadana según encuestas de la plaza, entre ellas Cadem y CEP. Porque claro, se descubrieron sus mentiras a poco andar de emitirlas. Su inexperiencia política lo llevó a afirmar que recibió unas finanzas públicas mucho peores de lo informado. Habló de un problema fiscal de enorme magnitud; anunció investigaciones administrativas; y habló de posibles responsabilidades.
Argumentos que en cosa de horas fue blandido por los Libertarios de Kaiser para acusar constitucionalmente al ex ministro Grau, adelantándose a los Republicanos, obligados a sumarse a la acción libertaria, que finalmente cayó en el descrédito y perdió en el parlamento. Se llegó a cometer la estupidez de anunciar la quiebra del país, sin pensar en el daño a la imagen internacional de Chile. Más o menos lo mismo que hizo el Presidente Kast en Paraguay cuando dijo que “nos dimos cuenta tarde de que teníamos una enfermedad económica que afecta la vida y la calidad de vida de nuestros compatriotas”. Lo dijo en Asunción, tras suscribir, junto a su homólogo Santiago Peña en Palacio de López, acuerdos bilaterales en materia económica y de combate a crímenes transnacionales durante su gira por ese país y por Paraguay.
No solo Quiroz es responsable por el bencinazo y otras situaciones que están afectando a los chilenos. También Hacienda comunicó recortes, eliminación de programas y otras medidas con lógica de empresa privada, sin explicar suficientemente sus efectos sobre las personas. Entre otras, el costo político del “bencinazo”.
Por lo mismo, muy pronto el gobierno y Quiroz, en particular, debieron corregir promesas centrales del Gobierno: reconocer que no habría equilibrio fiscal durante este gobierno; que el crecimiento prometido de 4% anual no sería alcanzado, demostrando que existió un exceso de confianza en las proyecciones de la megarreforma. Por cierto, detrás de todas esas dificultades el gobierno de Kastlas explicó echando mando a la ya irritante frase de que el culpable de todos estos males era el gobierno anterior.
Difícilmente Quiroz y las derechas se sacarán de encima el concepto de “estado en quiebra”; el oficio sobre recortes de programas sociales y los ajustes presupuestarios que obviamente perjudican solo a los sectores medios y de más bajos ingresos. Tendrán que dar cuenta en algún momento por sus decisiones.
Las presiones
En medio de malas noticias para el gobierno, con el reinicio de la guerra de EE.UU contra Irán que significará inevitablemente otra alza en los combustibles, otras noticias peores entraron a La Moneda. Entre ellas la baja irrefrenable del apoyo ciudadano.
La derecha suele argumentar que chilenos y chilenas mayoritariamente aprobaron el programa de Kast: 58,16% de los votos válidamente emitidos (7.249.850 votos). Entonces llama la atención la baja sostenida del gobierno en estos 4 meses de gestión. La tendencia negativa a la gestión realizada por La Moneda continúa en alza. Y es que para la última versión entregada de Plaza Pública Cadem, la desaprobación del presidente José Antonio Kast aumentó a 60%. Subiendo así un total de 2 puntos respectivamente a la muestra anterior.
Recordemos que el 11 de marzo, la aprobación del presidente José Antonio Kast se encontraba en un 57%, lo que lo ha llevado a bajar un total de 20 puntos en casi cuatro meses.
Durante los primeros meses del gobierno de José Antonio Kast se han acumulado varios episodios que muestran que el Ejecutivo no cuenta con un respaldo monolítico de todas las fuerzas de derecha. Más que una ruptura, lo que se observa es una desafección parcial de sectores de la centroderecha y, al mismo tiempo, presiones de la derecha más dura para que el Gobierno no modere su agenda.
El descenso en la aprobación presidencial, junto con el deterioro de las expectativas económicas y del empleo, ha llevado a dirigentes oficialistas a pedir cambios de estilo y de prioridades. La preocupación no es solo electoral: algunos dirigentes temen que el desgaste del Gobierno termine afectando a todo el sector.
Hay señales de distanciamiento, especialmente desde sectores de la centroderecha tradicional. Sin embargo, esos mismos partidos han reiterado que siguen respaldando al Gobierno y su agenda general, al tiempo que piden mayor coordinación política y una mejor gestión de las diferencias, que no son pocas. Entre ellas, la arremetida de la ultraderecha libertaria seguida por los republicanos
que abogan para que la actual administración cumpla con una de sus promesas de campaña: indultos a efectivos policiales y militares condenados en el estallido social.
Esta situación generó que el Partido Nacional Libertario (PNL) se volcara al Congreso Nacional e ingresara un proyecto de indulto general, es decir, a los presos por crímenes de lesa humanidad recluidos en Punta Peuco y otras cárceles. La senadora y autora del proyecto en cuestión es la hermana del ex candidato presidencial y le está solicitando sentidamente al gobierno un gesto para una amnistía general.
Una victoria frágil
Pero, el gobierno está pendiente de lograr la aprobación de su megarreforma. Que, en su opinión, debiera estar aprobada en el Senado este mes, así sea por un solo voto, que los tienen. El problema es que su legitimidad quedaría en entredicho y probablemente, si el gobierno próximo cambia de signo, este proyecto tendría corta vida. De hecho, el propio presidente Kast señaló que estaba dispuesto a aprobar la reforma «aunque fuera por un solo voto».
Es lo que la presidenta del Senado está empeñada en evitar. Ella, política con años de experiencia, sabe lo que se está jugando su derecha en esta ocasión. De ahí que, contra viento y marea, aunque reciba los misiles de su propio sector, la senadora insiste en seguir dialogando con la oposición, con los partidos del socialismo democrático para encontrar puntos de consenso. Pero, su principal obstáculo es el propio Quiroz, que apuesta al pirquineo de votos, de convencer a uno que otro parlamentario que signifique un voto más.
Las principales consecuencias para las derechas podrían ser lograr una victoria legislativa, pero sin una mayoría política sólida. Una aprobación por el margen mínimo reflejaría que no logró construir un consenso amplio, sino que apenas reunió los votos indispensables
Si el proyecto depende de uno o dos parlamentarios o de independientes para aprobarse, -como es el caso- eso mostraría que ni siquiera todo el oficialismo y la centroderecha están plenamente alineados. Y, aunque la reforma sería plenamente válida, la oposición podría argumentar que un cambio estructural en materias tributarias, laborales y económicas debió contar con un respaldo transversal. Un argumento que puede cobrar fuerza si posteriormente aparecen efectos económicos controvertidos o definitivamente perjudiciales para la mayoría del país.
La responsabilidad política recaería casi por completo sobre el gobierno y sus aliados. Si la reforma produce los efectos positivos que promete el Ejecutivo —mayor inversión, crecimiento y empleo—, las derechas podrían atribuirse el mérito. Pero si los resultados no son los esperados o surgen problemas fiscales, la oposición podría responder que fue una decisión impulsada prácticamente solo por el oficialismo. El debate ha estado marcado precisamente por advertencias del Consejo Fiscal Autónomo sobre riesgos para las finanzas públicas y por cuestionamientos de distintos economistas.
Una reforma aprobada con un margen tan estrecho suele ser vista como menos estable políticamente. Si cambia la correlación de fuerzas en el Congreso o cambia el gobierno, es más probable que se presenten proyectos para modificarla o revertir parte de su contenido. Y eso, podría tensionar las relaciones dentro de Chile Vamos y el oficialismo duro.
El gobierno sabe que lo que está pretendiendo hacer es un riesgo. Que si se cumplen sus expectativas -más inversiones y por ende, más empleos- podría revertir el esquivo apoyo de la gente. En cambio, si la economía no mejora o empeora, el estrecho margen de aprobación podría transformarse en un argumento político de la oposición: que se trató de una reforma controversial, sin consenso amplio y aprobada pese a las advertencias de organismos técnicos y expertos.
