Periodista.
El próximo lunes será el momento de la verdad para el Presidente Gabriel Boric. Será el día en que el Senado procederá a votar a favor o en contra del postulante escogido por el Jefe de Estado para Fiscal Nacional, luego de dos intentos anteriores rechazados por parte de los parlamentarios: José Morales y Marta Herrera.
En este tercer intento por terminar con la acefalia de 100 días del Ministerio Público (aunque había un subrogante que corrió por varias horas como el posible fiscal nacional), el Mandatario dio a conocer el nombre de Ángel Valencia, un abogado conocido de la Universidad de Chile y que cuenta con un Master of Laws (LLM) de la California Western School of Law.
Es también académico de la Universidad Alberto Hurtado desde el año 2000 y ha sido docente de la Universidad San Sebastián, la Universidad Finis Terrae, la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad de Valparaíso.
“Entre los años 2002 y 2006, el señor Valencia trabajó en el Ministerio Público, como abogado asesor de la Fiscalía Regional de Aysén, y como Fiscal Adjunto en las Fiscalías de Valparaíso y Metropolitana Sur. Desde el año 2006, el señor Valencia se ha desempeñado en el libre ejercicio de la profesión de abogado, especializándose en la litigación de causas penales”, señala el comunicado gubernamental, dando a conocer su decisión cuando faltaban algunas horas para que se venciera el plazo.
Ese ejercicio libre de su profesión es lo que levantó alarmas en el mundo feminista. Es que Valencia fue conocido como defensor en algunas causas relacionadas con casos de violencia sexual. Defendió al exjuez de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Luis Barría, formalizado por abuso sexual, y el psicólogo David Santiago Bros San Martín, condenado a 13 años de cárcel por delitos reiterados de abuso sexual y violación a un menor de edad.
Pero su transversalidad es reconocida por sus pares, y por varios parlamentarios, quienes destacan a clientes como Miguel Negro Piñera, en una causa por un choque en su camioneta, y también a la ministra del Interior Carolina Tohá en el caso Publicam. Representó, además, al ex presidente de RN, Mario Desbordes, ante una querella interpuesta por víctimas de trauma ocular en el contexto del estallido social. El año 2021 representó también al otrora canciller Heraldo Muñoz, quien se querelló contra el periodista Casto Ocando, que lo acusó de tener cuentas ocultas en el extranjero. Y se menciona que es compadre del Presidente del Senado, Álvaro Elizalde.
Valencia expuso ante la Corte Suprema hace ya casi un mes, el 7 de noviembre, y se refirió particularmente al flagelo del narcotráfico y el crimen organizado. A su juicio “le hemos opuesto la persecución penal desorganizada” a ambos delitos y dijo que urge tener “una Fiscalía que sirva”. Añadió que era necesario crear una “Fuerza Antidrogas y contra el Crimen Organizado”, de carácter supraregional. Y manifestó que también era urgente “mantener una relación permanente con las diversas agrupaciones de víctimas de manera de responder oportunamente a sus necesidades. Similar trabajo deberá realizarse para la Macrozona Norte y su actual realidad delictual”.
El Senado deberá revisar las credenciales del persecutor y escuchar su plan de trabajo- Si logra su designación por dos tercios de los votos e la Cámara Alta, será el nuevo Fiscal Nacional. La Comisión de Constitución de la Cámara Alta citó a las 11.00 del lunes para analizar la postulación. Por la tarde, la sala de la Corporación definirá si Valencia liderará o no el Ministerio Público por los próximos 8 años.
