Periodista.
Cuando algunos -los menos en realidad- tenían la inocente esperanza que los parlamentarios de las derechas cedieran y se les diera el regalo de fin de año esperado desde hace tanto tiempo particularmente por las personas mayores del país, aprobando una blandengue reforma de pensiones muy lejana a lo que había propuesto el gobierno, finalmente el misterio a dilucidar –aprobarla o no- se trasladó definitivamente para enero. Ese es el mes clave y por ello es que se estarían viviendo horas cruciales, según lo calificó la Ministra del Trabajo Jeanette Jara.
Es que en el primer mes del año que ya se asoma, se cumple el plazo fijado, a través de un protocolo de tramitación establecido en agosto entre el Ejecutivo y algunos legisladores, para resolver en el Senado el proyecto que podría alivianar la carga de tantos chilenos y chilenas que hoy reciben una pensión miserable. Podría, pero nada está escrito.
Lo concreto es que se entró en el último tramo del tercer intento en más de una década por solucionar el problema del sistema previsional del país. Los últimos intentos de reforma fueron realizados en el primer gobierno de Michelle Bachelet, que creó el Pilar Solidario de Vejez el año 2008, un mecanismo para aumentar las pensiones de los más vulnerables, además de medidas para compensar las bajas pensiones que afectan a las mujeres; y luego Sebastián Piñera, en cuyo gobierno se estableció la Pensión Garantizada Universal (PGU), un beneficio financiado por el Estado para apoyar a los mayores de 65 años.
A fines del año 2022, el Presidente Boric presentó su proyecto de reformas del sistema de pensiones, una de las promesas de su programa de Gobierno en busca del mejoramiento de las pensiones miserables existentes no sólo en los sectores populares. “No tenemos derecho a seguir haciéndolos esperar, no es aceptable”, dijo en esa oportunidad. Su proyecto hablaba de mejorar el monto de la PGU; crear un seguro social con una nueva cotización con cargo a los empleadores y poner fin al modelo de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), reorganizándolo.
Cuatro meses después, en marzo del año siguiente, la Cámara de Diputados y Diputadas –con mayoría opositora- rechazó la reforma tributaria del Gobierno de Gabriel Boric y el sueño de mejores pensiones inició el accidentado camino que permanece hasta hoy, con la negativa total de las derechas a entregarle un punto a favor al gobierno de Boric. Porque todo indica que de eso se trata. Aparte de defender a las AFPs, el objetivo de la oposición es volver a instalarse en La Moneda y derrotar en todos los ámbitos a lo que sea que huela a la centroizquierda. No querrían entonces, entregarles la bandera de una reforma previsional que aunque sea pequeña, en algo ayuda particularmente a los mayores y a las mujeres.
La lucha intestina
En las derechas se abrió otro frente de discordia cuando uno de los más duros de Chile Vamos –la UDI- dio un pequeño paso en favor de un acuerdo. Es sabido que lo que ha dilatado la aprobación de este acuerdo es el cómo repartir el 6% adicional de cotización. Y la oposición se tensionó cuando Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, dijo que sus parlamentarios –que hasta ahora se habían negado tajantemente a entregar ni una coma de ese 6 por ciento a la solidaridad- apoyaban un “pequeño reparto”, de un 0,5% de cotización adicional, para igualar las pensiones entre mujeres y hombres. Esa pequeña, ínfima posibilidad de acercarse a un acuerdo, despertó las furias republicanas acusando de cobardes y entreguistas a los dirigentes del gremialismo. Es más, José Antonio Kast, reaccionó airado señalando que se comenzaba “preparar el terreno para ceder y entregarle a la izquierda los ahorros de nuestras pensiones”. No le quedó más remedio a Ramírez que rectificar rápidamente: “Usé la palabra reparto y eso fue un error, porque no creemos en el reparto”.
En todo caso, igual las luces rojas se encendieron en las oficinas de la UDI y RN. En Evopoli probablemente no se dieron ni cuenta, enfrascados en su propio bochorno electoral. La elección de sus dirigentes fracasó en medio de dimes y diretes entre la actual directiva –que preside Gloria Hutt- y la disidencia. Y ahí están, tratando de dirimir el qué hacer frente a una presidenta que se niega a dejar el poder, se advierte de desde la disidencia. Responsabilizan por los errores a la mesa que dirige Hutt. Finalmente, los comicios fracasados agudizaron la fractura que atraviesa a la colectividad desde que la ex ministra llegó a la presidencia, en 2022. En la disidencia están los fundadores de Evópoli: entre otros, Felipe Kast, Luciano Cruz Coke, Hernán Larraín Matte y la alcaldesa Camila Merino.
No es fácil entonces el camino por el que deberán transitar las derechas. Porque su afán de unidad para enfrentar los comicios parlamentarios y presidencial del próximo año, que en opiniones vertidas por sus principales dirigentes es la única manera de conseguir La Moneda y los sillones del Congreso que necesitan para gobernar, colisionará y no de buena manera, con el afán de dominio del sector al que aspiran los republicanos, cuestión que han conseguido hasta ahora.
Por eso es que el peligro de que cualquier acuerdo al que se llegue, por escaso que sea, significará para Chile Vamos la posibilidad de pérdidas importantes en las elecciones que están a la vuelta de la esquina. De hecho, el que se hayan conocido detalles del segundo informe de la Comisión Técnica de Pensiones que se formó al alero de la Comisión de Trabajo del Senado, antes que fuera formalmente entregado, puso en peligro el famoso atisbo de acuerdo.
El presidente de la Comisión de Trabajo del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), salió de inmediato a denunciar que se trataba de una filtración del documento antes de que estuviera listo, señalando además, que este tipo de situaciones “rompen relaciones” y confianzas. Consultado si esta situación dificulta las negociaciones, dijo que “obviamente que complejiza. Si usted pide un informe y el informe aparece en los medios parcializadamente, no me diga que eso ayuda a tener una buena información y buscar la mejor solución”. La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, afirmó por su parte que “no nos hacemos cargo de filtraciones que puedan dar cuenta hoy día algunos medios de prensa, porque en realidad no es algo que haya sido presentado oficialmente, y segundo, en nada contribuye. La práctica de las filtraciones al parecer está muy naturalizada para algunas personas, y no contribuye a tener un debate serio”.
El informe revela entre otras cosas, que hubo consenso en entregar el llamado bono tabla, que busca compensar a las mujeres. Se trata de que una mujer de 65 años o más, a igual edad, grupo familiar y ahorro, reciba una pensión equivalente a la de un hombre. Hubo, además, consenso en la Comisión respecto de implementar la garantía de 0,1 UF por año cotizado para los actuales pensionados, con un tope máximo de 3 UF por beneficio. Pero, el documento terminó con diferencias respecto del requisito sobre años cotizados para acceder a dicha garantía. Donde no hubo consenso es respecto del bono de cuidados.
Las excusas se le agotan a las derechas
Las palabras de Coloma iban en camino de ser la primera excusa para detener cualquier atisbo de acuerdo. Al parecer, no ocurrió. La segunda, el llamado a volantear para explicar lo que está en juego con la negativa opositora al proyecto de reforma previsional del gobierno hecho por el Frente Amplio, apoyado por el PC. Un llamado que por cierto despertó las iras de las derechas, pero no pasó a mayores. Por ahora.
Los consejos de su abanderada presidencial, Evelyn Matthei, quien puso toda su confianza en sus parlamentarios para llegar a un buen acuerdo hizo mella en su partido, la UDI. El jefe de bancada de la Unión Demócrata Independiente, Gustavo Benavente, aseguró que aún no existe un acuerdo y que si lo hay, los diputados tendrán que analizar en su mérito lo que emane del Senado. Sin embargo, Benavente advierte que “hoy hay una posibilidad cierta y real de ir en mejora de las pensiones de las chilenas y chilenos. Este es un buen momento y quizás después no haya otra oportunidad”.
Lo mismo al parecer, opinan los empresarios. Al menos algunos de ellos, los más importantes: El vicepresidente de la Sofofa y uno de los hombres de confianza del empresario Andrónico Luksic, Óscar Hasbún dijo que es “importante” que durante el Gobierno del Presidente Gabriel Boric se apruebe la reforma de pensiones. “Es más fácil conseguir más votos en un contexto como el actual… porque aquí nadie tiene derecho a pasar la aplanadora; esa es una vuelta muy corta. Las mayorías circunstanciales cambian rápido. Me gustaría que el acuerdo al que se llegue genere un nivel de consenso importante y que ese nivel de consenso quedase reflejado en el quórum que se requiera para que esa ley sea cambiada. No podemos estar discutiendo permanentemente el tema de pensiones”.
Y otra señal reveladora es el estudio hecho por el Instituto Res Publica -centro de estudios ligado a la derecha- que dio a conocer su “Semáforo de declaraciones de los senadores de oposición”, en el que se revisaron las posturas de cada parlamentario respecto del proyecto y uno de sus principales nudos: la distribución del 6% de cotización adicional.
Sus conclusiones traslucen un resultado importante tanto para el gobierno como para la oposición: solo un 52% de los senadores de oposición, es decir, 14 de 27, han manifestado una postura clara a favor de que el 6% extra sea destinado en su totalidad a las cuentas individuales de los trabajadores. Se afirma, además, que un 26% (siete de 27) ha expresado estar a favor de que un porcentaje de la cotización del trabajador sea destinado a financiar un préstamo al Estado u otra fórmula. Otro 15%, -dice en el estudio- se ha mostrado a favor de que un porcentaje de la cotización sea destinado para financiar un seguro de longevidad y solo tres de los 27 senadores no se han referido al respecto o no han manifestado una opinión clara.
En el documento se proyectan distintos escenarios ante una eventual votación en el Senado. Se plantea que con los votos de los 23 senadores oficialistas, el gobierno necesitaría tres votos adicionales para aprobar el proyecto. Y se asegura que “se puede concluir que el gobierno podría encontrar esos tres votos faltantes en la oposición, no solo en los senadores de centro, sino también en parlamentarios pertenecientes a los partidos tradicionales de la derecha”. Entre ellos, se menciona a los RN Paulina Núñez, José García Ruminot y Rodrigo Galilea, y otros como José Miguel Durana (UDI), Luciano Cruz-Coke y Felipe Kast, de Evópoli.
