Periodista.
Las faltas de respeto a una autoridad envueltas en obsesiones de parlamentarios -al parecer por la orientación sexual de esa autoridad- tienen hoy día al Ministro de Educación Marco Antonio Ávila (RD), ad portas de una acusación constitucional cuyo destino puede ser su destitución. Al final, todo dependerá del grado de influencia que están teniendo en la derecha de Chile Vamos, los sectores más reaccionarios agrupados en los Republicanos y sus más cercanos luego del triunfo obtenido en las últimas elecciones.
Fueron justamente parlamentarios evangélicos los que a fines de mayo comenzaron a difundir primero una interpelación rechazando supuestamente una guía de educación sexual que incluía ejercicios para menores de edad. Entre esos legisladores están Francesca Muñoz (ex-RN), Sara Concha (Partido Social Cristiano), Karen Medina (PDG) y Eduardo Durán (RN).
Los documentos denominados “Educación para la igualdad de género, Plan 2015-2018″ y “Orientaciones para la inclusión de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex en el sistema educativo chileno”, fueron orientaciones del Ministerio de Educación el año 2017 bajo el gobierno de Michelle Bachelet y cuando era ministra del ramo Adriana Delpiano.
A la parlamentaria evangélica Muñoz, profesora de inglés, el tema no le es ajeno. La diputada, en ese entonces de Renovación Nacional, reclamó ante la Contraloría por las orientaciones publicadas hace 7 años, cuando era coordinadora regional de la agrupación Confamilia supuestamente también defensora de la familia.
Pronunciamiento de Contraloría
La respuesta de la Contraloría, dirigida a quienes acompañaron a la mencionada parlamentaria, el diputado Arturo Squella (UDI); Héctor Muñoz, concejal de Concepción; Mario Esquivel, representante de un hijo estudiante además de Erika Muñoz, presidenta de la Asociación de Padres y Apoderados de Colegios Particulares Subvencionados de Chile, fue clara y precisa.
La resolución señala que los documentos elaborados por el Mineduc de ese entonces “fueron dictados en el marco de sus facultades legales”, así como que “los documentos impugnados se encuentran inspirados en el principio denominado del “interés superior del niño”, ya que aluden al pleno respeto de los derechos esenciales de los niños y niñas, y su objetivo abarca el desarrollo de aquellos y la satisfacción de sus necesidades en los diferentes ámbitos de su vida, lo que implica el reconocimiento de las disposiciones contenidas en la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Chile”.
En ese caso, aseguraba la Contraloría, “lo pretendido a través de los actos recurridos es evitar que al interior de las comunidades escolares los niños y las niñas, lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex puedan ser discriminados por aquella identidad u orientación, persiguiendo de esta forma su incorporación en igualdad de derechos y deberes con el resto de los miembros de tales comunidades”. La acusación de la derecha de ese entonces fue desechada. Y listo, se acabó.
Pero no, porque aunque por mandato de la ley de inclusión, el Mineduc tiene la obligación de proteger y cobijar a los estudiantes de la diversidad sexual, la acusación contra el ministro sigue en pie. El lo aclaró, pero no lo escucharon. Y al parecer aunque complique a la derecha, la orientación sexual de la autoridad y su supuesta influencia en la educación de los niños es el leit motiv de la acusación que están preparando.
Porque ocurre que el ministro ahora es el responsable hasta de los horrorosos incendios de las escuelas de la macrozona sur, la suspensión de clases por los denominados “narco funerales”; la agenda relacionada con la educación sexual en distintos grados de la educación básica; el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, punto demandado por el grupo evangélico; dejar “leyes sin ejecución” entre ellas la Ley Aula Segura, a partir de la violencia en liceos emblemáticos y no haber cumplido adecuadamente con sus obligaciones para enfrentar la deserción escolar o corregir los problemas de los Servicios Locales de Educación. Eso, además de los 50.000 niños que no han vuelto al sistema escolar luego de la pandemia; la violencia permanente en los liceos emblemáticos y el desempeño de los liceos bicentenario. Es decir, todos los problemas que se arrastran desde hace años en el sistema educacional chileno son responsabilidad de un ministro que lleva poco más de un año a cargo de la cartera.
Sesgo homofóbico
En estos días hay equipos jurídicos de todas las bancadas de la derecha junto a la ultraderecha recopilando antecedentes para esconder la evidente homofobia que se desliza en los argumentos que hasta ahora se han dado para la acusación. En la derecha están conscientes que uno de los flancos de su ofensiva contra Ávila es justamente el sesgo homofóbico que se instaló desde un comienzo. Precisamente evitar aquello y encontrar argumentos defendibles es una exigencia y una condición que han puesto los diputados de Evópoli para sumarse a la acusación constitucional, que de prosperar, significaría que el ministro Ávila quedaría sin posibilidad de trabajar en el servicio público durante cinco años. Mismo castigo que le hicieron a la entonces ministra de Educación, hoy senadora, Yasna Provoste.
El sesgo de hoy queda muy en evidencia, y lo dejó planteado el propio Presidente Boric en su cuenta anual al país. “No es aceptable que un ministro tenga que dar explicaciones especiales respecto de una política pública por ser homosexual”, señaló el Mandatario. Su alusión no era baladí. Comentarios expresados por diputados opositores habían deslizado que la orientación sexual del ministro era un factor detrás los planes de educación sexual y afectiva del ministerio.
Se llegó al exceso de plantear por ejemplo: “Entendemos la inclinación sexual que puede tener el ministro, pero lo que no entendemos es que su inclinación la ponga como prioridad en los temas educacionales”, dijo, Sergio Bobadilla (UDI).
Luis Sánchez del Partido Republicano, señaló de forma insolente: “Quizás hay que colocarle la banderita gay a la calidad de la educación para que se preocupe de ese tema”.
El libelo promovido por los evangélicos tuvo la inmediata aceptación -a título personal- del secretario general de RN Diego Schalper, quien encontró la excusa perfecta para arrastrar a su gente cuando al escuchar un comentario del ministro en un pasillo del Congreso, señalando que creía que la derecha tenía “obsesiones” con su persona estalló en iras contenidas. Al día siguiente Renovación Nacional anunció que se sumaría a la presentación de la acusación, lo que obligó a la UDI, Evopoli y Republicanos a sumarse a las conversaciones.
Pese a su resistencia inicial, las bancadas opositoras llegaron a la convicción de que había méritos para acusar a Ávila. Sin embargo, se acordó trabajar un catálogo más amplio de infracciones constitucionales y no limitar la presentación a las guías de educación sexual.
Para el gobierno, hay que tener un grado de responsabilidad y rigurosidad” cuando se utilizan herramientas fiscalizadoras como las que se están planteando desde la oposición, señaló la vocera Camila Vallejos. La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, en tanto, advirtió que “sería muy inadecuado” y “es de esperar que no sea por la condición sexual del ministro” que se esté impulsando esa herramienta.
El diputado Gonzalo Winter, de Convergencia Social declaró por su parte: “Cada vez que se habla de cualquier tema, le dicen: ministro, deje de meter su agenda sexual que tiene que ver con sus intereses sexuales. Que un ministro sea humillado en la Cámara, en un país democrático, plural, con respeto a los derechos humanos, por su condición homosexual es un retroceso y una humillación a los principios de nuestra república”.
El escrito, que aún está en fase de recopilación de antecedentes, contará con firmas de diputados de RN, de la UDI, de Evópoli, del Partido Republicano, del PDG y de la bancada Independiente Social Cristiana (ex-PDG y ex-RN). ¿El resultado? Dependerá de cuánta influencia tenga la ultraderecha en Chile Vamos.
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