Periodista.
“Hay trasfondos muy oscuros”, dijo el senador DC, Iván Flores García, refiriéndose al caso de la ministra de Seguridad Trinidad Steinert y el curioso -por decir lo menos- llamado a retiro de la ahora subdirectora de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria, prefecta general Consuelo Peña. Un llamado que se dio solo tres meses después que el director de la policía civil, Eduardo Cerna, la confirmara en su alto cargo.
¿Por qué oscuros? Es que comentaristas de distintos medios y muy lejos de ser acusados de “octubristas” (como suele hacerlo la derecha) -como Tomás Mosciatti, de radio Bio Bio, o Matías del Rio, en Radio Duna-, han insistido en que la ministra de Seguridad le habría pedido expresamente al director de la PDI la remoción de la Prefecto, una facultad que por ley no tiene una autoridad de gobierno. Por eso es que Contraloría pidió y está esperando antecedentes sobre el caso.
Se trata de un caso que obviamente ha debilitado en demasía a la ministra Steinert. Tanto que en tres oportunidades debió salir el presidente Kast a respaldar a su ministra de Seguridad, afirmando que la renuncia fue solicitada por el director de la PDI, tal como ha insistido la propia secretaria de Estado. Las dudas, sin embargo, quedaron en el aire y no se resolvieron con la concurrencia a dar explicaciones al Comité de Seguridad de la Cámara de Diputados del director de la PDI, Ricardo Cerna, donde afirmó que la renuncia de Consuelo Peña fue una decisión institucional. Es decir, tuvo que asumir la responsabilidad para -dicen los entendidos- defender a su institución.
Con esa declaración de la autoridad policial, el oficialismo dio por cerrado el capítulo. La oposición, en cambio, no quedó satisfecha, De hecho, la diputada Pamela Jiles declaró al final de la sesión, que pediría otra, pero secreta, porque habría problemas con la seguridad del Estado en esa indagatoria.
Ese movimiento de salida, donde le guste o no al gobierno está involucrada la ministra Steinert además del director Cerna, está provocando ruidos al interior de la institución. Ruidos, cahuines rosas y rumores que siguen presentes en esas oficinas azules. Es que la figura de Consuelo Peña no es la de una funcionaria más dentro de la Policía de Investigaciones. De hecho, estuvo en la investigación del asesinato de Jaime Guzmán. Su nombre aparece, dentro del mundo policial y político, asociado a una generación de cuadros que construyeron la inteligencia moderna en Chile. Con más de 36 años en la PDI, la prefecta desarrolló su carrera en áreas extremadamente sensibles en el día de hoy. No es cualquier cosa ser experta en inteligencia policial, análisis criminal y crimen organizado.
Dónde se inicia todo
El episodio se gatilla pocos días después de asumir el gobierno de José Antonio Kast, cuando entra al gabinete la ministra de Seguridad Trinidad Steinert, hasta ese momento fiscal en Tarapacá. Habían pasado pocas horas, cuando la secretaria de Estado solicitó explicaciones formales acerca de la reubicación de oficiales de la Policía de Investigaciones de Iquique que trabajaban con ella en el caso contra el “Clan Chen”, cuando era fiscal en esa región.
El caso “Clan Chen” es una investigación sobre una red criminal de origen chino y chileno que realizó estafas internacionales por más de 200 millones de dólares, desarticulada por la PDI y la Fiscalía en Chile que operaba principalmente en la Zona Franca de Iquique (Zofri). La banda realizaba estafas internacionales mediante un esquema conocido como “pig butchering”. Se vinculaban emocionalmente con inversores, principalmente estadounidenses de la tercera edad, para que depositaran dinero en plataformas fraudulentas de inversión en línea. Cuando las víctimas intentaban retirar sus fondos, las plataformas desaparecían, generando pérdidas millonarias que superaron los US$200 millones y afectaron a unas 400 personas. Dinero que se lavaba en la Zofri.
En un oficio reservado dirigido al director de la PDI, Eduardo Cerna, fechado el 13 de marzo de 2026, la ministra le solicitó antecedentes detallados sobre integrantes de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (BRIANCO) que participaron en la investigación del denominado “Clan Chen” en la región de Tarapacá. Pedía la identificación de los funcionarios involucrados, los fundamentos de sus traslados, sus nuevas destinaciones y posibles antecedentes disciplinarios o denuncias administrativas relacionadas con su desempeño en la investigación.
Días después del envío del oficio, la ministra solicitó la salida de la subdirectora de Inteligencia, Consuelo Peña, sin que se conozca una explicación sobre los motivos de tal decisión. Finalmente, la comunicación formal de su salida se realizó a través del director general de la PDI, siguiendo los procedimientos internos de la institución.
Se afirma que hubo una gran sorpresa al interior de la policía civil. Muy rápido, comenzaron a circular versiones que apuntaban a una “pasada de cuenta” relacionada con decisiones operativas adoptadas durante la investigación del “Clan Chen”. En fuentes policiales se señala que, en plena investigación, hubo cambios y ajustes de personal, destinando al equipo de la entonces fiscal Steinert a distintas reparticiones del país, cosa que habría enojado a la actual ministra. Quien ordenó el traslado fue Consuelo Peña.
Lobos trabajando
Pero, hay otros antecedentes que surgieron en las investigaciones periodísticas. Tanto la Prefecto como el director Cerna, han estado desde un tiempo antes, bajo ataque silencioso, anónimo de un grupo conocido como “los Lobos”, una forma de identificar a equipos duros dentro de la brigada de antinarcóticos y crimen organizado. Estos lobos están dentro y fuera de la institución. Son los aun incondicionales de los dos directores anteriores de ese servicio Héctor Muñoz y Héctor Espinosa, quienes fueron acusados de malversación de fondos públicos, falsificación de instrumento público y lavado de activos. Espinosa fue recientemente condenado a 17 años de cárcel. Muñoz compartió información con el abogado Hermosilla sobre diligencias solicitadas en la causa por malversación de fondos y lavado de activos en contra de su antecesor, Héctor Espinosa, de quien es muy cercano.
El director Cerna ha sido constantemente atacado por medio de mensajes anónimos difundidos por WhatsApp y atribuidos a los exoficiales de Narcóticos, llamados a retiro por el director. La subdirectora de Inteligencia también cayó en esa campaña contra Cerna. Porque se comenta que Consuelo Peña desmontó el plan de allanamientos que tenía el equipo ya mencionado, para evitar que el grupo comandado por Mauricio Fuentes -sindicado como alguien muy cercano a la actual ministra- y Juan Flores, pudiera allanar viviendas donde se sospechaba que había mucho dinero en efectivo. Un plan que se llevó a cabo incluso con el apoyo del FBI, culminando con cerca de 50 detenciones y el allanamiento de 73 inmuebles. Tras la diligencia, los cuatro oficiales cercanos a la entonces fiscal Steinert fueron trasladados. El traslado De Fuentes –que era el jefe de la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado (Brianco) de la PDI–, así como del oficial de caso, Juan Flores, y de otros dos funcionarios, se originó en un informe de contrainteligencia de la propia PDI, debido al cual Peña determinó que los oficiales cuestionados no podían allanar las viviendas que ellos mismos se habían asignado en la investigación contra el “Clan Chen”, por lo que asignó a otros detectives a esa tarea.
La madre del cordero estaría en que, pese a que Cerna cuenta con el apoyo de la mayoría de la institución, aun quedan seguidores de Espinosa y Muñoz que desearían verlo fuera de la PDI. Así le cobrarían por haberlos llamado a retiro. Un ejemplo es que el actual inspector general de la institución, de quien depende todo el Departamento V de Asuntos Internos, es muy cercano a Flores. De hecho, lo instaló en la Dirección de Personal de la institución durante un tiempo.
Otro elemento denunciado por el periodista investigador Nicolás Sepúlveda es la incorporación de dos de los enconados adversarios de Cerna en el gobierno: Marcelo Atala, llamado a retiro en febrero de 2025 cuando era el jefe de la Prefectura Antinarcóticos de la Macrozona Norte, y ahora nombrado por Steinert como jefe de la División de Crimen Organizado de la Subsecretaría de Seguridad Pública. El otro es Paulo Contreras, ex Inspector General de la institución, llamado a retiro por Cerna a fines de 2024, y que acaba de incorporarse a la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI).
El senador Flores, que conoce a la Prefecto desde que fue jefa en Valdivia, indica que “la contrainteligencia de la propia institución, en sus mecanismos internos de control, definió que había que remover a algunas personas por el bien de la investigación, porque “hubo información de que había habido contactos entre estas personas con los sujetos que estaban investigando”, lo cual motivó la cólera de la ministra Steinert” añadió el senador.
El apoyo del Fiscal Nacional
Allí radica el motivo por el cual la ministra envió un oficio a Cerna pidiéndole antecedentes relativos a la causa que se sigue en la Fiscalía Local de Valdivia, en la cual el hijo mayor de Peña -que fue jefa regional en esa ciudad- tiene la calidad de testigo, dado que el año pasado la prefecta general descubrió algunos gramos de droga en el acceso a su casa, realizando ella misma la denuncia respectiva. Luego de una investigación inicial se determinó que eran drogas compradas por su hijo para consumo personal.
Nada de esto fue un secreto para el Fiscal Nacional Ángel Valencia. Durante la ceremonia en la que asumió la nueva fiscal regional de Tarapacá, Virginia Aravena, Valencia defendió con todo al Director Cerna. “Quiero resaltar la calidad del trabajo que está realizando hoy día la PDI y la buena salud del vínculo institucional y de trabajo operativo entre la Fiscalía y la PDI en todo el país”…“con el director Cerna tenemos una excelente relación personal, pero más importante que eso, y es bueno que la ciudadanía lo sepa, una excelente relación de trabajo, tanto con el director general como con la Fiscalía Nacional y con todos los equipos a lo largo del país”.
Si bien aparentemente se apaciguó la tensión en la Cámara, la diputada Pamela Jiles planteó que el tema seguirá las próximas semanas y que se requerirá una sesión secreta, pues–entiende–que las verdaderas razones del llamado a retiro están vinculados a temas de seguridad nacional.
Así, queda claro que el tema no ha salido de la agenda, como le hubiera gustado a Cristian Valenzuela, encargado de las comunicaciones de La Moneda, quien por estos días prepara una nueva agenda de copamiento enfocada precisamente en seguridad.
Habrá que prepararse para la andanada de información que intoxicará al país en los próximos días. Todo sea por salvarle el ministerio más importante al Presidente que prometió y aún no cumple ni con terminar la emigración y menos con parar la delincuencia que está más desatada que nunca.
