Periodista.
Lo ocurrido con la grabación clandestina del encuentro del Presidente Boric con parlamentarios de la macrozona sur es un precedente del mayor peligro para la clase política en general. Un parlamentario consultado -aparte de condenar el hecho- reflexionaba sobre ¿quién de los políticos se va a sentir seguro para hablar en confianza desde ahora en adelante?
Lo ocurrido constituye un nuevo escalón en la bajada del prestigio del Parlamento. ¿Qué fue lo que pasó? Algo que nunca había sucedido a este nivel en el país: grabar una reunión privada al Presidente de la República para luego filtrarla a alguna prensa.
¿Lo peor? La filtración de un proyecto de ley que prepara el gobierno relacionado directamente con lo que está ocurriendo en la zona y dar a conocer los pasos a seguir en el combate a la violencia y la persecución de los grupos responsables. Lo concreto es que el Mandatario – ante una seguidilla de ataques con explosivos en distintas zonas-, se comprometió a enviar un proyecto de ley durante el segundo semestre de este año, con un paquete de medidas para modificar la actual legislación antiterrorista. “El problema de la ley que hoy día tiene Chile es que es ineficaz, y no solo es ineficaz sino que cuando ha sido utilizada Chile ha sido condenado por organizaciones internacionales por el mal uso que se le ha dado”.
Dos días antes de que el Mandatario viajara a la macrozona sur, este se reunió con 18 parlamentarios, -cuatro oficialistas y 14 de oposición- para conversar justamente con el tema que requiere el máximo de privacidad: las medidas del gobierno en la zona cuando los atentados en esas áreas parecen haber escalado un peldaño más en su gravedad.
Fue la jefa de gabinete la que encendió las alarmas cuando en una entrevista radial dio a conocer que se habían dado a conocer parte de los planteamientos del Presidente en la reunión sostenida en Cerro Castillo. “Es una de las coas más insólitas que hemos visto en una reunión con el Presidente de la República. Que se registre la reunión y se le pase a los medios de comunicación, realmente es muy desconcertante. El Presidente estaba muy impactado después de una reunión con las características que tuvimos, porque fue una reunión muy positiva».
Añadió Carolina Tohá que lo ocurrido “está fuera de los códigos de una reunión de esta naturaleza ciertamente y además de los planteamientos que se hicieron en esa reunión que todo el mundo aseguró que una cosa de ese tipo no iba a suceder”. “Es muy complejo porque si uno en las reuniones no puede hablar directamente entonces se dificulta la comunicación política, para eso son reuniones de este tipo. Realmente es una cosa que nos tiene muy desconcertados y preocupados”.
Tan grave es que el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Francisco Leturia, afirmó que una situación como la descrita pone en peligro la propia democracia: «grabar y divulgar una conversación que se supone privada es algo que le hace daño al sistema político, daño a la democracia y obviamente no es un buen precedente». Esto, ya que «necesitamos espacios para poder conversar, espacios de confianza, espacios para la deliberación libre y eso está protegido por la ley, incluso por la ley de transparencia. Necesitamos espacios para deliberar».
Sin dobleces
El Presidente habló sin dobleces con los parlamentarios. Por ejemplo, les dijo que “ustedes ven que yo sin tapujos he ocupado la palabra terrorismo. Creo que tenemos que ser capaces de rascar donde pica, como se dice coloquialmente. Y como bien dice la ministra Tohá, no todas las herramientas sirven para solucionar todos los problemas. Y si tiramos toda la carne a la parrilla, sencillamente, la experiencia ha demostrado que no funciona”.
Es que en los últimos días se ha agravado la situación de violencia en la zona, y se amplió al centro del país, luego que se derribó una torre de alta tensión en el sector de Pichillenquehue, en la Región del Biobío dejando sin energía eléctrica a diversos sectores de Cañete y Tirúa. O el daño severo a la línea férrea en el puente Itata, en Ñuble o en el sector de Placilla en Valparaíso.
El Subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, señaló que los ataques “son actos terroristas, hay que definir cuál es la mejor herramienta para perseguir este acto terrorista. Hemos reiterado que la Ley Antiterrorista no es la mejor herramienta, porque el nivel de prueba que hay que lograr en los tribunales, para condenar a una persona, muchas veces no se puede alcanzar (…) normalmente se ha aplicado la Ley de Control de Armas, el gobierno se va a querellar por la ley que permite perseguir de manera más eficaz a los responsables de delitos tan graves”.
Es que la práctica señala hasta ahora que “cada vez que se ha ocupado la actual ley antiterrorista” ha habido derrotas resonantes en los tribunales, porque “la forma en que está tipificado el derrito terrorista es casi imposible de demostrar”. “No es que esta ley parece que no funciona muy bien, sino que está archi comprobado que funciona muy mal”, sostuvo en la oportunidad la ministra del Interior.
Deben ser desaforados
Tan grave les parece a algunos parlamentarios la filtración ocurrida que, según señaló Vlado Mirosevic, presidente de la Cámara de Diputados, “el o los autores de la filtración de la reunión con el Presidente Gabriel Boric en Cerro Castillo deben ser desaforados para que enfrenten la denuncia que presentará el Gobierno”. Según Mirosevic, debe establecerse la «responsabilidad individual y precisa» de la persona que difundió el contenido de la reunión. «Hay algunos parlamentarios que no se toman en serio la investidura que tienen, que no se comportan a la altura de como debiese comprarse», señaló. «Lo lógico es que aquel parlamentario o parlamentaria que hizo una filtración de una conversación sobre seguridad, reservada, con el Presidente, debe ser desaforado», enfatizó.
Para quienes resulten responsables, puede haber pena aflictiva aparte de perder su investidura si es desaforado. El ex Fiscal de delitos de alta complejidad, José Antonio Villalobos, en el Código Penal se «establecen penas incluso privativas de libertad, de reclusión menor en cualquiera de sus grados, o sea, la pena puede llegar hasta los cinco años de privación de libertad y además adiciona una multa que va de 50 a 500 unidades tributarias». Agregó que «los medios tecnológicos» permitirían identificar quien comentó dicha filtración, además de obtener «medios probatorios».
El ministro Secretario General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, aparte de anunciar la interposición de una querella, anunció que se iba a comunicar con todos los parlamentarios que asistieron a la reunión, “uno a uno, para informarles de esta situación, porque tampoco se trata de generar un manto de sospecha respecto de todos. Una persona que habría participado lo habría registrado, pero, de todas maneras, nos parece un hecho grave, que lesiona confianzas fundamentales, y por eso es muy importante que se siente un precedente».
¿Quiénes asistieron al encuentro?
De los 18 participantes con quienes el Secretario de Estado deberá conversar, saldrá el o la responsable de la filtración. Desde el oficialismo participaron las diputadas Erika Ñanco (Revolución Democrática) y Clara Sagardía (independiente con cupo Convergencia Social) y los senadores Gastón Saavedra (Partido Socialista) y Jaime Quintana (Partido Por la Democracia).
Por las derechas concurrieron a la cita de Cerro Castillo, por la bancada del Partido Republicano, los diputados Stephan Schubert (independiente) y Mauricio Ojeda (independiente) y la senadora Carmen Gloria Aravena; por la bancada Social Cristiano, la diputada Gloria Naveillan (independiente); por la UDI, los diputados Henry Leal y Flor Weisse; por Renovación Nacional, el senador José García y los diputados Juan Carlos Beltrán, Miguel Mellado, Miguel Becker y Jorge Rathgeb; por el Partido de la Gente, los diputados Karen Medina y Jorge Saffirio (independiente); y por el movimiento Amarillos, la diputada Joanna Pérez (independiente).
El diputado Mauricio Ojeda (independiente en la bancada de Republicanos), que representa a La Araucanía y fue uno de los presentes en la reunión aseguró que lo denunciado por la ministra Tohá «me parece de extrema gravedad.
Dijo que, «en primer lugar, el Presidente de la República pide expresamente en la reunión que nadie la grabe porque los temas que se hablarían serían sensibles en materia de seguridad; en segundo lugar, se conversaron temas de seguridad interior del Estado, es información sensible».
Además, «yo estoy amenazado de muerte y lo que allí yo planteo puede poner también en riesgo mi propia seguridad, por tanto, he presentado la denuncia en el Ministerio Público para que se investigue y el diputado, diputada, senador o senadora que haya grabado y filtrado esta conversación tan importante, debe pagar las consecuencias. Esto no puede ser una anécdota o simplemente un hecho lamentable».
Por su parte, el diputado Andrés Jouannet (Amarillos), aclaró que no pudo asistir al encuentro del martes, pero recordó que en instancias anteriores el Mandatario también había solicitado que nadie registrara las conversaciones. «En la última reunión, el Presidente hizo una pregunta: ¿me imagino que nadie está grabando? Le dije ‘Presidente, no creo que la pregunta sea adecuada porque está frente a honorables, parlamentarios, gente que tiene dignidad de cargo, que trabaja con la ética pública’. Pero esta vez sí ocurrió. Hubo alguien que estuvo grabando, que justamente atentó contra todos los que estaban en esa reunión privada y lo filtró a la prensa».
«Me parece inaceptable, vergonzoso, antiético, lo condeno absolutamente, se tiene que investigar y llegar hasta las últimas consecuencias. Y si es un parlamentario, tiene que ser pasado a la Comisión de Ética, e incluso que pierda el cargo. Si es un parlamentario, tiene que dejar el Parlamento porque ha atentado contra la privacidad de una reunión y contra el jefe de Estado», remarcó.
El Ministerio del Interior, se querelló por los hechos ocurridos en Valparaíso y Biobío, invocando la Ley de Control de Armas y Artefactos Explosivos.
Al cierre de esta edición, el diputado de Renovación Nacional, Manuel Mellado, confesó que él había sido el parlamentario que grabó la conversación privada en la reunión que sostuvieron los diputados de la Región de la Araucanía con el Presidente de la República, Gabriel Boric.
