Periodista.
Algo muy malo está ocurriendo en Nicaragua. Tanto, que el mundo está reaccionando y poniendo sus ojos allí. De hecho, México y Argentina -dos gobiernos que incluso para un régimen como el nicaragüense están lejos de ser hoy títeres de Estados Unidos, como acostumbran a descalificar a quienes los critican- llamaron a sus embajadores.
Ocurre que una ola de represión se desató en las últimas semanas, cuestión que obligó a reaccionar a los organismos internacionales que deben velar por el respeto de los derechos humanos en todo el mundo. Por cierto, y como siempre ocurre en regímenes totalitarios, el gobierno de Daniel Ortega debió aceptar la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que preside Antonia Urrejola. Nunca la recibió. Sólo lo hizo su Canciller Moncada. Y finalmente, ese antiguo sandinista que durante años recorrió el mundo pidiendo ayuda para terminar con la brutal dictadura somocista, literalmente expulsó de su país al equipo que investigaba en terreno las denuncias recibidas sobre violaciones a los derechos humanos.
Hoy la situación se ha tornado más grave aún. Y en el ojo de ese huracán instalado en Nicaragua, intentando poner en vitrina lo que realmente ocurre en ese país para detener la represión, está una joven abogada chilena: Antonia Urrejola.
Nadie podría poner en duda la posición inclaudicable en defensa de los derechos humanos de Antonia Urrejola, quien no hace tanto fue nombrada Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Ni en Venezuela, ni en Chile, ni en Nicaragua, por nombrar sólo algunos países con algo más que sombras en esa área. Antonia Urrejola lleva en su historia familiar y social lo que la dictadura de Pinochet hizo en Chile en esa materia.
Fue justamente en Nicaragua donde recibió los últimos insultos y amenazas en su carrera. En ese país, al cual ha visitado dos veces en el último tiempo y su equipo pudo permanecer durante solo seis meses investigando las denuncias que les llegan a diario, nació, creció y murió rápidamente el sueño de una nación donde nunca más habría represión al estilo del dictador Somoza.
Craso error. Hoy, a pocos meses de una elección presidencial, todo indica que habrá solamente una candidatura, la del actual Presidente Daniel Ortega, quien ya lleva su cuarto mandato de cinco años, junto a su curiosa esposa como vicepresidenta. Es que se ha desatado una represión selectiva sobre diversos líderes políticos opositores, incluyendo a cuatro candidatos presidenciales. Ha llegado al extremo de apresar a quienes fueron sus compañeros de lucha que en julio de 1979 lograron sacar del poder a Somoza, luego de una guerra civil que duró dos años.
Un llamado urgente
La presidente de la CIDH lo denunció sin tapujos en la Sesión Extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA este 23 de junio. “En un periodo de 20 días, autoridades del Estado nicaragüense han detenido y criminalizado a 5 personas precandidatas presidenciales para las próximas elecciones generales a realizarse en noviembre de este año: Cristiana Chamorro Barrios, Arturo Cruz Sequeira, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro García y Miguel Mora Barberena”.
Y agregó que en el mismo lapso, su organismo “ha tomado conocimiento sobre la detención y criminalización de por lo menos 20 personas, entre líderes y lideresas de la oposición y empresariales, personas defensoras de derechos humanos y periodistas independientes. Según la información recibida, algunas de estas detenciones habrían ocurrido bajo el uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes de la Policía Nacional”. Entre ellos varios líderes opositores como Violeta Granera, José A. Aguerri, José Pallais, Tamara Dávila, Dora M. Téllez, Ana M. Vijil, Suyen Barahona, Hugo Torres, Walter Gómez y Marcos Fletes.
Dora María Téllez -quien fue comandante sandinista y Ministra de Salud durante la revolución que destronó al somocismo- antes de ser encarcelada sostuvo en un tweet: “Eliminar toda candidatura, toda oposición, es el objetivo de una dictadura en agonía. Por eso recurre a la represión masiva. Nada le ha funcionado. Nada le funcionará”.
Para Antonia Urrejola, es más que evidente que existe una profundización de la crisis de derechos humanos en Nicaragua con graves consecuencias políticas y democráticas. La CIDH ha hecho un seguimiento constante de la situación, señalando su preocupación por el agravamiento de la crisis, y “hemos estrechado aún más nuestro trabajo coordinado con la Oficina de la Alta Comisionada de DDHH de ONU para atender estos hechos y hacer un llamamiento urgente a la comunidad internacional para que exijan al Estado de Nicaragua, y acá citó textualmente las palabras de la propia Alta Comisionada de DDHH ayer en el Consejo, “la liberación inmediata a todas las personas detenidas arbitrariamente; cesar todo acto de persecución en contra de las voces disidentes; reestablecer los derechos y libertades que hacen posible un proceso electoral libre, creíble y equitativo; y derogar la legislación restrictiva del espacio cívico y democrático”.
Una respuesta feroz
Como la libertad de expresión es libre, el embajador nicaragüense Luis Alvarado, no se reprimió para denostar en la sesión ordinaria del Consejo Permanente el trabajo de la CIDH, rechazando lo que para el es una “presentación falaz y mal intencionada”, pero sin explicar las causas de las últimas detenciones políticas en su país.
O más bien explicándolas a su modo: que “los informes no tienen credibilidad ni relevancia! y que “la comisión tergiversa la realidad nacional, utilizando una visión sesgada con el objeto de minimizar las acciones criminales que se han venido cometiendo en contra del pueblo nicaragüense por grupos terroristas, mercenarios y vendepatrias…”
Una respuesta casi calcada que chilenos y chilenas escucharon muchas veces en años de dictadura.
