Periodista.
Ocurrió lo inevitable y que el mundo progresista esperaba: el Senado despachó la megarreforma con el respaldo de sus partidos para las normas centrales que significan otra protección para los más ricos del país. El gobierno impuso sus 26 votos para aprobar lo que el ministro Quiroz llama el corazón de su reforma: la rebaja del impuesto corporativo, la reintegración tributaria, el régimen de invariabilidad para las inversiones y las indemnizaciones por la anulación judicial de permisos ambientales. Y tal como se había denunciado desde que se presentó el proyecto en el Congreso, el texto aprobado en el Senado introduce cambios significativos en la estructura impositiva del país.
Esto significa que los grandes empresarios pagaran menos impuestos. Es decir, que las empresas con mayores ganancias entregaran un porcentaje menor de esas utilidades al Estado, dinero que, hasta ahora, financiaba con dificultades la salud, la educación, etc. Por ejemplo: si una empresa gana $100 millones y si el impuesto es de 27%, paga $27 millones al Estado, pero, como ahora, si el impuesto baja a 23%, paga $23 millones. Eso significa que le quedan a los dueños de esa empresa, cuatro millones.
¿Por qué la oposición se oponía a este regalo del Estado a los grandes empresarios? Primero, porque, aunque el gobierno argumenta que habrá más inversiones, que se crearán más empleos y que las empresas crecerán por lo que el Estado recaudaría más dinero, lo concreto es ¿cuándo?
Porque según expertos -y de todos los colores políticos- el Estado recibirá menos recursos desde el primer día. Afirman, además, que no existe garantía de que las empresas inviertan ese dinero adicional y que parte importante puede terminar como mayores utilidades para los accionistas. Lo peor: habrá menos dinero para financiar salud, educación, pensiones o seguridad si ese crecimiento prometido no ocurre.
Defensa a ultranza
Respecto a lo que el ministro de Hacienda ha defendido con dientes y muelas, la reintegración tributaria, una de las medidas más difíciles de entender. Por ejemplo, en un negocio familiar, la empresa obtiene utilidades. Si gana dinero, debe pagar un impuesto. Pero, el dueño quiere retirar parte de esas ganancias para gastarlas personalmente, no en inversiones, no en sus trabajadores, sino en él. Entonces, aparece el impuesto personal. Entonces, aparece el quid del asunto: ¿el impuesto que ya pagó la empresa sirve como descuento para el dueño?
Entonces, con reintegración – lo que defiende el gobierno y ya logró su aprobación en el Senado- el dueño puede descontar prácticamente todo lo que ya pagó la empresa. Sin reintegración completa, no todo ese impuesto sirve como crédito.
Y lo más importante: ¿Quiénes son los principales beneficiados? Particularmente los grandes empresarios; los dueños de sociedades con altas utilidades; e inversionistas con elevados ingresos. El gobierno argumenta que, con esto, Chile se vuelve más atractivo para invertir. Y qué argumentan expertos y la oposición: que el mayor beneficio se concentra en personas de mayores ingresos y que el Estado recauda menos.
Otro caramelo defendido a ultranza por el ministro Quiroz y que fue aprobado por el oficialismo en el Senado es el régimen de invariabilidad para las inversiones que significa que el Estado promete no cambiar ciertas reglas tributarias durante varios años para quienes hagan grandes inversiones.Una especie de seguro que concede el Estado a los mega inversionistas asegurándoles que se mantendrán las mismas reglas tributarias. Primero Quiroz había propuesto 25 años. Entre los escasos cambios logrados fue que el gobierno se allanara a la fórmula por tramos que el Ejecutivo había negociado con senadores del PPD. El régimen contempla períodos de diez años para inversiones de entre US$ 50 millones y US$ 350 millones; de 15 años para montos de hasta US$ 1.000 millones, y de 20 años para proyectos superiores. Las empresas deberán pagar una sobretasa de 1,5 puntos porcentuales para acogerse al mecanismo.
La crítica opositora es que los futuros gobiernos quedan con menos libertad para modificar impuestos, incluso si cambian las necesidades del país o la situación económica.
Y otro punto conseguido por el gobierno con el voto de sus adherentes en el Senado es lo de Indemnizaciones por la anulación judicial de permisos ambientales, lo que ha generado un gran debate. La propuesta establece que, en determinadas circunstancias, la empresa pueda reclamar una indemnización por los perjuicios sufridos debido a la anulación judicial del permiso. Quiroz señala que así se evita que las inversiones queden expuestas a cambios posteriores; y que aumente la confianza para invertir en Chile. La oposición sostiene que esto, podría hacer más costoso para el Estado corregir permisos otorgados de forma irregular; aumentar el riesgo de demandas e indemnizaciones financiadas con recursos públicos y, generar presión para mantener proyectos cuestionados ambientalmente.
El banco de inversiones JP Morgan que de finanzas sabe, dio a conocer las principales empresas chilenas que se verían beneficiadas en el mercado accionario con la aprobación de la megarreforma del Gobierno. Y nombra a Santander Chile, Falabella, Latam Airlines, y SQM.
Para el banco de inversiones, “el problema radica en el desfase temporal: los costos son inmediatos y relativamente ciertos, mientras que los beneficios dinámicos derivados de un mayor crecimiento se materializan gradualmente y con mayor incertidumbre, aspecto que ha constituido una de las principales objeciones de la oposición”.
En el fondo, el debate gira en torno a una pregunta central: ¿es mejor cobrar menos impuestos hoy para incentivar la inversión y apostar a un mayor crecimiento futuro, por allá por el año 2031, aunque sin certezas, o mantener una mayor recaudación para financiar servicios públicos y políticas sociales hoy? Esa es la diferencia de enfoque entre quienes respaldan estas medidas y quienes las critican
¿Y los municipios?
No solo en la verdadera trampa que el ministro de Hacienda quiso instalar al acuerdo al que había llegado con algunos senadores del PPD y que significó su rompimiento evidenció la impericia política del jefe de las arcas fiscales, también quedó en evidencia cuando en la sala del Senado, donde se votaba artículo por artículo de su megarreforma anunció un acuerdo con las municipalidades para enfrentar los efectos negativos que provocara la exención del pago de contribuciones a mayores de 65 años en sus arcas.
Dijo que la propuesta incluida en la Ley de Reconstrucción Nacional, para compensar al Fondo Común Municipal (FCM), sería mejorada: “El artículo 33 lo que hace es compensar al Fondo Común Municipal por el efecto de la exención de contribuciones, pero no compensa al municipio que pierde la contribución. El Ejecutivo considera que estamos llanos a entregar una compensación total, o sea, no solo al Fondo Común Municipal, sino también a los municipios mismos. Eso dejaría absolutamente intacto el ingreso municipal a consecuencia de la exención”.
Sin embargo, el anuncio de acuerdo de Jorge Quiroz no fue bien recibido en parte de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), donde su vicepresidenta, Karina Delfino (PS), y otros alcaldes de oposición le expresaron al titular de Hacienda sus reparos por el mecanismo y la falta de focalización de la compensación. “La propuesta del ministro Quiroz no representa a todos los alcaldes y alcaldesas de Chile. Hemos insistido con la focalización y la compensación. Lamentablemente el ministro solo hizo eco de una parte. La propuesta tal y como se presentó es injusta y regresiva”.
Tal vez, el ministro de Kast se decidió o fue presionado para el anuncio de ultima hora, porque votos para él imprescindibles ponían en riesgo tres artículos del proyecto estrella de Quiroz. Porque los senadores oficialistas Matías Walker, Miguel Ángel Calisto no estaban dispuestos a aprobarlos por la ausencia de compensaciones para municipalidades.
Walker lidera un grupo que condiciona su apoyo a garantías explícitas para el financiamiento de los gobiernos locales porque le preocupa que las exenciones tributarias o las modificaciones estructurales de esta megarreforma debiliten el Fondo Común Municipal. Por ello es que exige que el Ejecutivo patrocine indicaciones que aseguren el pago de las patentes de las sociedades de inversión directamente a los municipios. Y advirtió que, si el Ministerio de Hacienda no firma compromisos específicos, él podría abstenerse.
El senador propone -entre otras cosas-, limitar las exenciones tributarias únicamente a viviendas cuyo avalúo fiscal no supere las 15.000 unidades de fomento (UF) y señala que, si un inmueble excede dicho monto o se destina mayoritariamente a fines comerciales, perderá automáticamente el beneficio fiscal. Además, impulsa una norma de compensación financiera obligatoria. Esta medida exige que el Estado cubra cualquier disminución en el Fondo Común Municipal, derivada de las nuevas exenciones, con los mayores ingresos que genere la misma ley.
Con el despacho desde la Cámara Alta, la iniciativa regresará ahora a la Cámara de Diputados para su tercer trámite constitucional. La necesidad de evitar que alguno de los cambios sea rechazado y obligatoriamente conformar una comisión mixta retrasando el despacho definitivo de lasreformas económicas impulsadas por el Gobierno, es la oportunidad ideal para Parisi, Jiles y su gente. El PDGespera nuevamente sacar réditos de esta situación que deja al gobierno a su merced. Sus votos serán esenciales para aprobar su proyecto estrella.
Desde la oposición ya se anunció que presentarán requerimientos ante el Tribunal Constitucional (TC) por materias ambientales, tributarias y de invariabilidad. Los senadores Diego Ibáñez (FA), Alfonso de Urresti (PS), Francisco Huenchumilla (DC), Claudia Pascual (PC) y Vlado Mirosevic (PL) anunciaron reserva de constitucionalidad tras la aprobación de la medida que permite que una empresa solicite indemnización al Estado si una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) es anulada en tribunales.
El senador Alfonso de Urresti anunció que la oposición ya se fijó un plazo para presentar requerimientos ante el Tribunal Constitucional: será el lunes.
