Periodista.
Con el texto constitucional aprobado por la Comisión sobre la mesa, las fuerzas políticas comenzaron a alinearse. Y a dividirse también, pero en la derecha. Ocurre que hasta en los Republicanos no hay acuerdo –al menos hasta ahora- sobre votar “a favor” como mandató su dirección y su líder, José Antonio Kast. Este incluso debió adelantar su opción públicamente, antes que se pronunciara la dirigencia de su partido, para ordenar sus filas, encabritadas curiosamente por el apoyo a un texto que ellos, los disidentes, consideran cuasi comunista.
Lo que pasa es que existe una oposición interna, liderada por el senador Rojo Edwards, que junto a conocidos ultraderechistas –como los Kayser, Poduje, Naveillan, de la Carrera y hasta Hermógenes Pérez de Arce- que ya se han pronunciado por votar en contra.
Para qué decir de los que llamaron en el plebiscito anterior a rechazar para tener una Constitución “que nos una”, los Amarillos, que aun siendo poco representativos, igual que los Demócratas de Ximena Rincón, jugaron comunicacionalmente un papel que a la derecha le vino como anillo al dedo. Al parecer esta vez no será tan fácil. Si bien acordaron llamar a votar “a favor”, no todos en el Amarillismo están de acuerdo en aparecer como aliados de la extrema derecha. Es cuestión de consultarle al analista Ernesto Ottone que se acercó a los Amarillos en el plebiscito anterior y que hoy está por rechazar de nuevo.
Pero, a los Solís, los Garretón (el empresario), los Joannet –ex chascón de la DC- entre otros, le debe haber al menos desagradado profundamente leer las declaraciones de un antiguo aliado: Ignacio Walker quien fue brutal en la calificación del texto que tanto defienden los que están por votar “a favor”: “No tiene sentido sustituir una Constitución de derecha por otra Constitución de derecha; no tiene sentido reemplazar la Constitución de Jaime Guzmán por la de José Antonio Kast. Hay de por medio 200 años de tradición republicana”.
Es justamente esa sustitución lo que buscan los Republicanos y su compañía en la derecha. Lo dijo Luis Silva, jefe de los consejeros del Partido Republicano: Esta no es una (propuesta de) Constitución de los republicanos. No es una Constitución en la que se estén jugando los principios de republicanos, sino que es una Constitución en la que nos estamos jugando un proyecto de país”. No sólo eso. Anteriormente había confesado que en realidad esta Constitución acomodaba más a la centro derecha y la derecha, que al resto.
Un apoyo fundamental
El apoyo de Amarillos era indispensable para la derecha. Necesitaban imperiosamente y siguen necesitando más que nunca, modificar la idea ya establecida de que el texto constitucional solo representa a su sector y deja fuera a un porcentaje apreciable de chilenos y chilenas que no se siente representados por una Constitución que por lo que se aprobó, sólo beneficia a los más poderosos del país. Y por cierto, al candidato presidencial José Antonio Kast. Son sus ideas y sus aspiraciones lo que está reflejado en el texto aprobado por la mayoría Republicana y de Chile Vamos. Por lo mismo, ampliarse hacia el centro es el sueño apetecido por ambos sectores y esperan que el apoyo público de los Amarillos a su opción, signifique una presión imposible de contrarrestar a los Demócratas, partido de la senadora Rincón, que también se verá enfrentado a una posible división si su directiva acuerda llamar a votar por el “a favor”.
La Democracia Cristiana claramente no está en el horizonte de la derecha, aunque sería lo que más les gustaría. Se dice que se estaría esperando el pronunciamiento del ex Presiente Frei, y de su Comisión de Expertos, entre ellos Tomás Jordán, Patricio Zapata, Javier Couso y Andrés Zaldívar. Pero en su mayoría, pública o privadamente, sus principales dirigentes ya se han pronunciado en contra del texto.
Lo concreto es que ahora, gracias a esta nueva Constitución, alcaldes, concejales, gobernadores que llevan años viviendo del Estado, podrán respirar tranquilos: esta Constitución les permite seguir optando a otro escaño municipal o regional. Los dueños de una primera vivienda avaluada en casi un millón de dólares, también podrán respirar tranquilos: no tendrán que pagar contribuciones. Los ciudadanos y ciudadanas que quieren “elegir” en “libertad” el tipo de salud que desean -si pública o privada- podrán hacerlo sin problemas. Siempre que tengan el dinero suficiente para pagar sí. Lo mismo en la educación que quieren para sus hijos: también dependerá si tienen para las mensualidades que se deben pagar en un colegio privado. Hoy por hoy, 400 mil pesos promedio. De que el Estado apoye, ayude o se haga cargo, ni hablar. La solidaridad no existe en este texto.
Los pro y los contra
Hay muchos. Pero los últimos le ganan a los primeros. Lo explican varios analistas y políticos. Para Ignacio Walker, lo que finalmente fue aprobado, constituyó un verdadero balde de agua fría. “Mi esperanza estaba cifrada en la aprobación unánime por parte de la Comisión Experta, desde el Partido Comunista hasta el Partido Republicano, de un texto constitucional que, sin ser perfecto, contenía el germen de la unidad en la diversidad(…) Es cierto que había problemas por aquí y por allá, pero el Consejo Constitucional, bajo una clara hegemonía de los republicanos y de la derecha, más que por perfeccionar o corregir el anteproyecto de la Comisión Experta, optó por someter por segunda vez a esa comisión un nuevo texto. Este se apartaba cualitativamente del anteproyecto de la comisión. Fue una gran oportunidad perdida”.
Luego auguró: “Frente a la Constitución de los republicanos, me quedo con la Constitución de Lagos. Esta Constitución ha sido reformada 69 veces desde 1989. Cerca del 80 por ciento de su texto ha sido aprobado desde esa fecha. Solo el 20 por ciento corresponde al texto original de 1980. Adicionalmente, la reforma constitucional aprobada por el Parlamento permite reformar la Constitución por 4/7, frente al 60% que propone el texto de la derecha”.
Con dientes y muelas la derecha defendió y se enfrascó en ese raro intríngulis entre el “que” –defendido por los progresistas- y el “quien” está por nacer, defendido por la derecha. Esa pequeña palabra significa un peligro para la ley de aborto en 3 causales hoy vigente después de años de lucha. Es decir, una niña violada, un feto inviable o el peligro de muerte para la madre queda en manos de Dios, según los más fanáticos religiosos. Porque aunque la derecha porfíe señalando que no es cierto que se prohíba el aborto en esas tres causales, que efectivamente en ninguna parte aparece, lo real que sí aparece es que la ley protege la vida de quien está por nacer. “Se prohíbe la pena de muerte”, del artículo 1 y el artículo 13, que establece que “la Constitución reconoce y asegura el interés superior de los niños, el cual incluye las condiciones para crecer y desarrollarse en su familia. Se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años”. La suma de estas dos normas podría perfectamente abrir las puertas para revertir la ley vigente.
Más letra chica
Macarena Granese, investigadora del Centro de Estudios Públicos (CEP) y magíster en derecho de la New York University, dice que lo destacable del texto no es suficiente para darle su aprobación, “pues las falencias son muchas más”. A su juicio, “el sistema político, que es el punto clave en toda Constitución, está mal articulado”. Las atribuciones de la Cámara de Diputados y Diputadas, sumado a la creación de órganos autónomos y regionales, aparte del debilitamiento de los partidos políticos, suponen “un problema serio de gobernabilidad futura”.
Una de las más polémicas permanentes durante el debate en la Comisión de Constitución fue la necesidad de consagrar en la Constitución que Chile se organiza bajo un “Estado social y democrático de derecho”. Así, se aseguraría que el sistema genere sus propios mecanismos de solidaridad para apoyar a los que tienen menos recursos y menos oportunidades.
También cambiaría finalmente el llamado Estado subsidiario que rige actualmente en el país, que le da un papel clave a los privados en la provisión de derechos sociales, como la salud, la previsión o la educación. Es decir, donde a los empresarios no les interese o no ganen mucho en determinado sector, entonces que se haga cargo el Estado.
Y si bien el texto incluye el concepto de “estado social democrático de derechos”, lo cierto es que cuando se habla de derechos particulares, como pensiones o salud, se refuerza el modelo de capitalización individual. Por ejemplo, en la norma que se refiere al derecho y protección de la salud, se señala en uno de sus incisos que “cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea este estatal o privado”.
Para Claudio Fuentes, profesor de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales, “con esto se impide constitucionalmente que existan estructuras de solidaridad porque va a depender de cuánto dinero tengas». «Se cristaliza un modelo basado en las propias capacidades individuales y no en la solidaridad que es la concepción clásica de un Estado social de derecho”, añade el académico.
La derecha defiende el punto señalan do que “nosotros estamos garantizando que la ciudadanía tenga derecho a elegir y a acceder a estos derechos sociales de la manera más oportuna y correcta posible”, según Beatriz Hevia, miembro del partido republicano y presidenta del consejo constitucional.
Sumando y restando, lo cierto es que la derecha se impuso en todas las normas. No dejó nada para el progresismo, como lo señaló la abogada Alejandra Krauss, militante de la Democracia Cristiana, miembro de la Comisión Experta. “Se han consagrado normas que, francamente, son retrocesos para las mujeres”. Menciona como ejemplo la modificación a la frase de la Constitución vigente, “la ley protege la vida del que está por nacer”, por la que quedó en el borrador, “la ley protege la vida de quien está por nacer”. En cambio, el anteproyecto de la comisión solo hacía mención al derecho a la vida. “Cuando hablas del quien, ya estás hablando de una persona. Hay enmiendas que no solo suponen la vigencia de la Constitución de 1980 que hemos querido cambiar por décadas, sino que mucho más allá”, dice.
Y agrega, como otra regresión, el rechazo a la norma sobre la paridad: “Se votó en contra argumentando que la meritocracia es la gran herramienta para las mujeres. Esa tesis de la meritocracia ya está superada. Esto tiene que ver con la equidad y justicia, no solo con corrientes feministas única y exclusivamente”.
La experta y doctora en derecho, Leslie Sánchez, dice que es un retroceso, pues tanto la Comisión Experta como el Consejo Constitucional son órganos que tienen una integración paritaria del 50% por cada género. Por ello, añade, de no haber existido la paridad, “no estaríamos acá”. “La desigualdad política en Chile es histórica, no empezó ayer. Y para achicar esa brecha, tiene que ser con mandatos concretos. No puede ser voluntario”.
