La senadora Yasna Provoste ha presentado un proyecto de ley que busca modificar la Ley N° 21.091 sobre Educación Superior, con el fin de exigir a las universidades y Centros de Formación Técnica (CFT) a hacer pública información clave sobre su funcionamiento financiero y administrativo.
Esta iniciativa responde a la creciente demanda ciudadana por mayor transparencia en el uso de los recursos y en la gestión de estas instituciones, muchas de las cuales reciben financiamiento público.
“Queremos que todas nuestras universidades en Chile sean un espacio de formación, de crecimiento y no que se conviertan en un negocio sin ningún tipo de fiscalización. Lo que está en juego, finalmente, es cómo recuperamos la fe pública en el uso de los recursos públicos”, argumentó la legisladora por la región de Atacama.
Con esta iniciativa de ley, explica Provoste, se busca poner fin a esa falta de transparencia para asegurar que la información sobre el uso de los recursos, de las remuneraciones, de las contrataciones esté siempre disponible para el público, sin espacios de opacidad que favorezcan la corrupción o los conflictos de interés.
“Estamos convencidos que la transparencia no solo es una medida de control, es una necesidad para poder prevenir el financiamiento irregular de la política y proteger el interés público, así es que esperamos que tenga una rápida tramitación. Nadie puede oponerse a una iniciativa”, finalizó la congresista.
¿De qué se trata el proyecto?
La propuesta, presentada por Provoste (DC) y respaldada por sus pares, los senadores Paulina Núñez (RN), Claudia Pascual (PC), Gustavo Sanhueza (UDI); y, Alfonso De Urresti (PS), establece la obligatoriedad de que todas las universidades, públicas y privadas, y CFT publiquen en sus sitios web información relevante, actualizada al menos una vez al mes, para garantizar una mayor rendición de cuentas y control público.
Entre los datos que deben transparentarse están:
Por qué no incluir a las universidades y CFTs en la Ley de Transparencia
El proyecto de ley modifica la Ley de Educación Superior y no incluye a las universidades y CFTs directamente en la Ley de Transparencia, ya que estas son entidades privadas que no son objeto natural de dicha normativa.
Sin embargo, al establecer estas obligaciones dentro del marco de la Ley de Educación Superior, se asegura que las instituciones puedan ser fiscalizadas por la Superintendencia de Educación Superior. Además, el incumplimiento de estas obligaciones será considerado una infracción gravísima, lo que podría afectar la acreditación de las instituciones.
