Periodista.
Si no fuera porque están pasando cosas tan importantes como la aprobación del salario mínimo -un sueño acariciado desde hace años por los trabajadores y finalmente concretado en cuestión de tres semanas luego de la gestión del gobierno-, cualquiera podría decir que esta es la peor semana de la nueva administración. La más enredada.
Durante varios días, el Ejecutivo estuvo atrapado por las presiones de un lado y otro, respecto a declarar o no el estado de emergencia en la macrozona sur. Fueron días en que arreciaron los ataques armados contra camioneros y los incendios de maquinarias y camiones, todos con un denominador común: la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) y sus derivadas.
Ataques que prosiguieron con una declaración de guerra de Héctor Llaitul, líder de la Cam, donde es conocido como comandante Héctor, o “el Negro”. Llaitul, de 54 años ex estudiante de Trabajo Social de la Universidad de Concepción, casado, 4 hijos, hace tiempo ya que había intensificado sus ataques en la zona, reivindicando la causa mapuche. Ahora dio un paso más, al llamar directamente “a preparar las fuerzas, a organizar la resistencia armada por la autonomía por el territorio y autonomía para la nación mapuche”.
Fue su manera de responder al Presidente Gabriel Boric, quien, a inicio de mes, declaró en una entrevista radial que “estamos trabajando en estados intermedios para que no sea ‘Estado de Excepción o nada’ para que las fuerzas militares puedan cumplir labores de resguardo, por ejemplo, en las carreteras”.
Y las respuestas entonces se intensificaron esos días. Primero, con la quema de 5 camiones y maquinaria forestal en el Quillaco Mulchen, a través de una de sus unidades operativas denominadas Órganos de Resistencia Territorial (ORT). Luego, por la destrucción de 20 equipos forestales, entre camiones y maquinaria forestal, un atentado al fundo Saboya y la destrucción de maquinarias y 3 conteiner. Todo eso, sin contar con los ataques a personas que poco o nada tienen que ver con las grandes empresas forestales o son simplemente choferes de otras empresas.
Descontrol amplificado
Tal parecía que la violencia en la zona se había descontrolado. Era una imagen que, si bien se basaba en la realidad, fue convenientemente amplificada por los medios tradicionales para horquillar al gobierno de Gabriel Boric. Los camioneros se sumaron para agrandar la imagen de caos y paralizaron en las carreteras del sur. Sus amenazas son bien conocidas y rememoraron lo que ocurrió en los años 70, cuando pretendieron ahogar al gobierno de Salvador Allende, sumándose a las fuerzas que impulsaron el golpe de Estado.
El gobierno decidió presentar indicaciones a un proyecto de ley sobre un Estado de Excepción Intermedio presentado por los senadores de RN, Kenneth Pugh y Carmen Gloria Aravena durante la administración de Piñera. Se buscaba la protección de las FF.AA. de la infraestructura crítica incluyendo los caminos. El proyecto entró a una comisión mixta entre senadores y diputados, que iba a sesionar el lunes pasado. Pero nunca fue.
Los hechos se desencadenaron rápido. Es que en sectores del propio oficialismo la idea no cayó bien y le hicieron todo tipo de ruidos al Ejecutivo. Los principales reparos provenían del PC y un sector del Frente Amplio. La ministra del Interior debió multiplicarse para dialogar con todas las fuerzas que apoyan al gobierno y al parecer, no hubo caso. Sólo el PS y el PPD anunciaron su respaldo incondicional a la solución que el gobierno decidiera. El presidente del PC Guillermo Tellier fue claro: “Nosotros creemos que los militares no debieran salir si es que se acordara traspasarse al territorio del pueblo mapuche…A nosotros nos parece con o sin estado de excepción debe haber un plan integral respecto a La Araucanía y eso alivia todo el panorama desde la raíz”. Y añadió que “no nos parece que es el momento de que se inmiscuyan de nuevo las FF.AA. en este conflicto, que es político, social”.
El tiempo se acababa. Las presiones seguían. La violencia también. Y la Moneda no descartaba ninguna alternativa. Hasta que luego de intensas conversaciones, y luego de suspenderse el Comité Político de los lunes, se llamó a la prensa y a las 21.30 del mismo lunes, rodeada por todos los presidentes de partidos de gobierno, la ministra del Interior dio a conocer la decisión: se decretaba estado de excepción en la macrozona sur. Palabras más, palabras menos, los militares salían a resguardar los caminos.
Una decisión difícil para el Presidente, sin duda. Había apostado por el diálogo, pero cayó en el vacío entre Llaitul y su gente. El siempre señaló que para solucionar el conflicto de cientos de años en la Araucanía era necesario el diálogo y cumplir así las demandas de autonomía y restitución de tierras. Por ahora, no pudo ser.
Y siguen las presiones
El crispado clima político se hizo notar más aún cuando los republicanos, aprovechando la situación, decidieron anunciar una acusación constitucional contra la Ministra del Interior. Se quedaron en el anuncio. Ninguno de los partidos de la derecha los apoyó, pero de pasada estas colectividades zarandearon de mala manera a la Ministra Siches, a quien trataron de la peor forma, nunca antes vista contra una autoridad gubernamental. De paso, y astutamente, aprovecharon de llamar al rechazo a la nueva Constitución, que es lo que por ahora les interesa.
Otra perla del escenario político y que deja en evidencia las tergiversaciones de esta derecha que trata de asfixiar al gobierno a como de lugar, es lo ocurrido con una posible querella contra el ya mencionado Llaitul. Todos sus voceros dieron a conocer urbi et orbi su incredulidad porque el gobierno no se querellaba contra este “terrorista”. Lo que no dijeron es que el propio Subsecretario Manuel Monsalves explicó que “ se ha hecho mucha insistencia respecto de los dichos del líder de la CAM y de esta exigencia de que el Gobierno presente una querella. Hay varias querellas presentadas en torno a esto previamente y, en particular, hay una denuncia. No es necesario ir sumando querella sobre querella, nosotros vamos a aportar antecedentes a la denuncia que se hizo el año 2021″. Se refirió así a la querella que el propio Diego Shalper enarbola como la gran bandera de RN, en su afán, a estas alturas insoportable, de criticar al gobierno.
Así está el país. Complicado, con conflictos que se levantan por todos lados, pero con la gran esperanza de la nueva Constitución. Y más aún con la buena nueva del salario mínimo recién aprobado en el Congreso. No es casualidad entonces la satisfacción del ministro de Hacienda al dar la gran noticia a chilenos y chilenas: “El proyecto se mejoró en la discusión y con esto podemos darle muy buenas noticias a un 1 millón de trabajadores que se verán beneficiados con el aumento del monto: a 1,7 millones de familias, que se verán beneficiadas por el aumento del Subsidio Único Familiar o Asignación Familiar; 1,9 millón de pensionados por adelanto del reajuste de la PGU y 180 mil pymes por el aporte que el Estado entregará para el subsidio”.
Y si a ese clima tan catastrófico que intenta pintar la derecha se le suman otras novedades en la economía, como el informe titulado «Convención Constitucional: ¿el peak del ruido se termina, en qué se materializó del banco de inversión norteamericano Morgan Stanley que dijo que no veía “indicios de elementos potencialmente perturbadores para el marco de la política macroeconómica de Chile” y que “de aprobarse (la nueva Carta Magna), el país se enfrentaría a una mayor carga fiscal y a un mayor control regulatorio sobre las empresas, especialmente en lo que se refiere al frente medioambiental”, entonces queda claro que efectivamente algo está cambiando en el país a poco más de dos meses que asumiera jun nuevo gobierno.
