Semana a semana los anuncios de gobierno en materia de nuevos protocolos para reducir la preocupante curva de contagios se reciben con perplejidad. El último año ha sido generoso en instrucciones oficiales contradictorias que restringen libertades ciudadanas pero mantienen abiertos los malls y actividades públicas, permisos laxos para pasear mascotas pero prohibición de sacar a niños y niñas al sol, advertencias sobre nuevas variantes del COVID-19 en el mundo con fronteras y aeropuertos abiertos, decisiones sobre aforo para actividades religiosas que se contradicen al día siguiente, entre otras.
La discusión más reciente es la posibilidad de modificar la fecha de las votaciones municipales, originalmente programadas para el fin de semana del 10 y 11 de abril al sábado 15 y domingo 16 de mayo. Así, la elección de alcaldes, concejales, constituyentes y gobernadores se aplaza por cinco semanas vía reforma constitucional enviada por el Presidente Sebastián Piñera para evitar exponer a los chilenos y chilenas a lo que se ha denominado una “catástrofe sanitaria” producto de la etapa más aguda de contagios.
Las interrogantes que genera esta acción condensan aspectos sanitarios, políticos y ciudadanos que aparentemente se resolverán en el camino, creen docentes y profesionales de las ciencias sociales de la Academia. ¿Qué sucederá con los plazos de las campañas políticas?, ¿Qué atribuciones deberán considerar alcaldes y alcaldesas interinos/as?, ¿a quiénes resulta más funcional esta modificación de los plazos?, ¿Afectará en alguna medida el avance del proceso constituyente?
Todas preguntas relevantes, cree el abogado constitucionalista y académico de la Escuela de Derecho UAHC, Rodrigo Medina Jara, quien se manifiesta crítico del cambio de fecha. Incluso escéptico. “Recuerdo que el Plebiscito de octubre pasado no incidió en un aumento de contagios. El mensaje que envía este cambio de fecha es sumamente contradictorio, pues se busca correr las elecciones producto de una urgencia epidémica, pero los aeropuertos, malls y supermercados siguen funcionando de manera normal y las personas siguen siendo enviadas a trabajar hacinadas en el metro o los buses”, destaca.
“Este brote del coronavirus que estamos viendo es un efecto directo de la laxitud de los permisos otorgados durante las vacaciones, y ello no es problema del calendario de elecciones. Por ello pueden presentarse algunas anomalías que hay que contemplar, entre ellas: qué pasa con el padrón, ¿serán sumadas las personas que cumplen la mayoría de edad a partir del 10-11 de abril?; ¿qué pasa con el nuevo gasto electoral?, habrán fondos suplementarios, imagino. ¿Qué sucederá con las atribuciones y el mandato de los alcaldes interinos? Son cosas que deben discutirse o al menos aclararse”, señala el abogado.
Cuidando el bien jurídico principal
El académico de la misma escuela, Isnel Martínez, considera que toda precaución sanitaria de esta índole puede ser efectiva, siempre y cuando se garantice el derecho a participación popular y, principalmente, dichos plazos permitan que las candidaturas se desarrollen plenamente. “Lo fundamental es velar para que, en cada aspecto de este cambio de fecha de las elecciones, no se descuiden los costos, la participación ciudadana y principalmente la información que cada votante requiere a cabalidad para emitir su sufragio de manera responsable. Hay que poner especial atención en los candidatos con menos recursos ya que muchos de ellos se endeudaron con plazos y presupuestos acotados a la fecha original. Es de esperar que el Estado se haga cargo de todas estas variables desde el punto de vista de la participación y la calidad del proceso, teniendo siempre a la vista otros derechos como el derecho a la vida, a la salud y otros bienes jurídicos”, cree Martínez.
Desde la vereda de las candidaturas, la docente de la Escuela de Antropología y candidata a constituyente, Francisca Fernández, señala que el modo en el que afecta el cambio de fecha a las candidaturas de movimientos sociales como la suya da cuenta de situaciones precarias y desiguales respecto a las de partidos políticos: “Genera dificultades a nivel laboral, de inversión de esfuerzos humanos y financieros. Pero era ineludible, estamos en una crisis sanitaria que el gobierno pudo haber evitado. Hay una crisis social y política porque hay condiciones de represión y de ejercicios absolutamente antidemocráticos”.
Un escenario propicio: ¿para quién?
Fernández manifiesta su preocupación porque nada asegura, en estos momentos, que las condiciones mejoren en mayo. “Esta es una crisis sanitaria que es un problema grave. Mientras no se suspendan los trabajos ni existan medidas efectivas para que se queden en casa, la gente va a necesitar seguir desplazándose. Hacemos una crítica estructural a una nefasta política sanitaria, con un contexto de altos niveles de contagio y de políticas antidemocráticas. No hubo instancia de conversación con las candidaturas de movimientos sociales, ni consulta sobre medidas. Nos preocupa también algo de más largo aliento, porque mientras sucede esto se toman malas decisiones”
El titulado de la Escuela de Derecho y también candidato constituyente del Archipiélago Juan Fernández, Daniel Chamorro, ve el vaso medio lleno para candidaturas de localidades como la suya que contarán con un segundo aire para difundir su programa. “Si bien es algo que nadie tenía contemplado, nos permite extender las campañas a muchos de nosotros, sin embargo – y esto lo digo como abogado y a título muy personal- creo que esta dilatación de la fecha resulta muy útil a un gobierno que quiere a toda costa restarle efervescencia al proceso constituyente y que ha instalado candidatos “resucitados”, ministros renunciados y otros personajes que siempre han apostado por el rechazo en el escenario del plebiscito de salida”, explica. En relación a la legitimidad del cambio de fecha, Chamorro lamenta que estemos ante actos que la actual constitución ampara y que el texto describe como “acciones del enemigo” respecto de quienes buscan un cambio institucional sustancial.
Sobre esta idea, el rector UAHC Álvaro Ramis advierte cómo afecta este cambio de programa a los candidatos y candidatas independientes y con presupuestos ajustados que se enfrentan a los representantes de los grupos económicos que ven en el cambio constitucional un riesgo. “Claramente el factor económico juega muy en contra de estas candidaturas y proyectos en particular, ya que mantener una campaña más larga requiere mayores recursos y tal escenario sólo parece beneficiar a los partidos políticos con mayor caja, con más respaldo y donaciones que resultan ser los vinculados a grupos fácticos o representantes de las élites”, señala.
Coincide Catalina Barrera, cientista política egresada de la UAHC: “El aplazar las elecciones para el proceso constituyente representa solo beneficio para el ejecutivo y su coalición. Al igual que en las elecciones del plebiscito del año pasado, el contexto mundial de pandemia se convierte en un escenario propicio para dilatar procesos de esta relevancia para el país. Por otra parte, los más afectados con esto son los candidatos independientes y con menos recursos para financiar sus campañas, principalmente, los candidatos que representan a pueblos originarios, y que logramos ver por un segundo en la franja electoral”.
Sobre el contexto en el que se presenta esta nueva fecha, el rector Ramis también vincula este nuevo mensaje erróneo del gobierno con las recientes coberturas de la prensa internacional respecto al mal manejo de la pandemia y sus permanentes contradicciones. “Tal como lo ha sintetizado The New York Times o el Washington Post, la política sanitaria del gobierno evidencia las deficiencias en esta materia y que suele expresarse en estas muestras de complacencia y triunfalismo que diseña políticas que tienden a perder cada vez más la confianza de la población en este Estado que hoy retrasa las elecciones”, agrega.
