Periodista.
El Estado se encuentra en plena licitación por más de 50 mil millones de pesos para renovar el sistema de vigilancia telemática o tobilleras electrónicas, esto en medio de una compleja agenda de seguridad donde la prioridad nacional se encuentra en el combate efectivo de los crímenes de mayor connotación, lo que incluye la construcción de una cárcel de alta seguridad por cerca de 90 mil millones de pesos y que busca albergar a cerca de 500 reos de alta peligrosidad.
Ante la ola de crímenes y el aumento de delitos de alta conmoción pública, el Gobierno anunció varias medidas para hacer frente a este flagelo, dentro de ellas, se encuentra involucrado Gendarmería de Chile, con iniciativas como la construcción de la nueva cárcel, la creación de la llamada Unidad de Acción y Seguridad y la nueva fuerza especial de Gendarmería que será destinada a recintos de alta seguridad. A lo anterior se suma la participación de la institución en los Proyectos de Ley de Inteligencia Económica y de Sistema de Inteligencia del Estado.
Todas estas iniciativas requieren ser discutidas y aprobadas previamente en el Congreso, donde se espera un apoyo a las medidas de manera transversal por parte de las diferentes fuerzas políticas, aunque en un año marcado por elecciones, existe siempre la tentación por parte de algunos partidos políticos para usar el tema de la seguridad como carta electoral.
Tomando en cuenta lo anterior, queda claro que el rol de Gendarmería hoy es central, por eso es muy válido recordar que la licitación anterior de tobilleras electrónicas es recordada porque la propia institución fue denunciada por dar como ganadora del proceso a la empresa que obtuvo apenas el tercer lugar, lo que dio paso a un extenso proceso de judicialización que fue seguido tanto por los medios como por los tribunales. Hoy, nuevamente la institución enfrenta un proceso licitatorio y llamó la atención que el proceso se ha llevado con gran secretismo, al punto que ningún oferente tiene detalles sobre las evaluaciones y no se permitieron preguntas aclaratorias para ningún competidor, lo anterior puede generar un escenario de posteriores reclamos y demandas que escalará al Tribunal Constitucional y al Poder Judicial, generando un daño reputacional para Gendarmería de Chile y al propio gobierno en un momento crucial y altamente sensible para la opinión pública.
Fase final de una compleja licitación
Hoy, la millonaria licitación para renovar el sistema de tobilleras electrónicas se encuentra en la fase de competencia final con cuatro empresas: La actual proveedora que es Track Group, la compañía inglesa Buddy que va asociada con Sonda, Globe que va asociada con la empresa argentina Surely y la brasileña Synergye. Gendarmería de Chile a través de su departamento de monitoreo telemático, tiene hoy la compleja misión de avanzar en esta millonaria licitación con la mayor transparencia para no cometer errores como los del anterior proceso.
En ese sentido, se avizoran al menos tres caminos posibles: dejar la licitación sin efecto y que probablemente se puedan redistribuir los miles de millones de pesos en nuevos proyectos de seguridad, otra posibilidad es que gane la actual empresa proveedora o por último, que gane alguna de las otras empresas y se modifique por completo el actual sistema de televigilancia. El problema que subyace en cualquier escenario es la judicialización que se espera pueda ocurrir, porque han trascendido incluso por la prensa internacional algunos cuestionamientos a empresas y también debido al efecto que puede producir el excesivo secretismo del propio proceso.
En general, los sistemas de televigilancia buscan principalmente entregar protección y resguardo a las víctimas de violencia intrafamiliar, buscan también prevenir la reincidencia criminal, reducir el hacinamiento en las cárceles, mejorar la reinserción social y prevenir el aprendizaje delictivo. La eficacia de este tipo de sistemas es disímil a nivel global, aunque la agenda central en materias de seguridad, especialmente en nuestra región no guarda relación con la reinserción o la vigilancia remota, sino con el aumento de penas, construcción de más recintos carcelarios y control del crimen organizado.
Chile, no escapa de la realidad regional y hemos visto cómo los delitos violentos aumentan en distintas partes del territorio, especialmente a partir del año 2016 hasta ahora. En ese sentido, el sistema de monitoreo en nuestro país en general tiene una buena evaluación y no es un tema que importe especialmente a la opinión pública. Los principales problemas respecto al monitoreo por tobilleras electrónicas tiene directa relación con el trabajo y competencias de los propios tribunales, son ellos los que no solicitan la totalidad de casos para su uso, por desconocimiento, desconfianza en la tecnología, las más de las veces por la entrega errónea de datos críticos para el funcionamiento del sistema de monitoreo como las direcciones correctas de los imputados. En ese sentido, el trabajo pendiente para robustecer el sistema de vigilancia telemática tiene relación con mejorar las competencias del personal y mejora de procedimientos al interior del poder judicial.
Lo que requiere Gendarmería
En esta licitación, llama la atención algunos requerimientos como la solicitud de cuatro centros de monitoreo y un aumento significativo de los llamados puestos de control, llegando a un total de 81. Lo anterior a pesar que Gendarmería nunca ha ocupado todos los puestos disponibles, por ejemplo, el Centro Nacional de Monitoreo cuenta con 35 puestos, y apenas tiene operativo una docena de ellos y en el Centro de Monitoreo ubicado en la ciudad de Puerto Montt, hay 16 puestos y con sólo dos operadores en uso. A lo anterior se suma que al centro de monitoreo nacional de violencia intrafamiliar se contempla el arrendamiento de una oficina de aproximadamente 300 metros, mientras que el centro de monitoreo de respaldo que es el correspondiente a la ciudad de Puerto Montt se mantendría en Off activándose sólo en casos de emergencia.
Por otra parte, los elementos requeridos para la nueva licitación son de la misma tecnología y materiales existentes hoy en Gendarmería, la diferencia está en que con el nuevo proyecto todo el material (con dos años de uso y algunos aún embalados) serán redistribuidos al interior de la institución, sin siquiera cumplir con la obsolescencia o tiempo de uso.
Por último, uno de los grandes cambios es que este proyecto no autoriza la reutilización de equipos, siendo que el promedio de condenas hoy es de 85 días, para equipos cuya vida útil sobrepasa los tres años, ello conlleva un gasto adicional para el costo del monitoreo por parte del Estado. Lo anterior también supone un aumento del material que se debe reciclar o directamente destruir, por ejemplo, hoy se destruyen cerca de 338 dispositivos anualmente y con el nuevo formato esa destrucción de equipamiento será de al menos 2.400 dispositivos anuales, lo que se traduce en un incremento mayor al 700%. Cifra no menor si contemplamos que los dispositivos usan baterías de litio, placas y componentes metálicos que deben ser destruidos sin afectar al medio ambiente.
Otro punto que llama poderosamente la atención es la eliminación de la posibilidad de comunicarse vía telefónica a través de los dispositivos, sólo se exigen para las víctimas de violencia intrafamiliar. Es sabido que los usuarios dan direcciones y datos de contacto falsos, por lo que el sistema de llamadas es muy importante, un ejemplo es que mensualmente se realizan cerca de siete mil llamadas a usuarios de tobilleras electrónicas, convirtiéndose en un importante método de control y contraste de información.
Como podemos ver, el rol de Gendarmería hoy se encuentra en el centro de importantes decisiones que pueden marcar el rumbo de la agenda de seguridad que el país está requiriendo. Son sus hombres y mujeres los que deben forjar el destino de nuevos y mejorados mecanismos que ayuden al debido control del crimen en todas sus facetas, así como de la adecuada reinserción, aunque sea una tarea menos popular en estos días.
¡Alerta Roja, están a punto de gastarse más de 50 mil millones de todos los chilenos!
Definitivamente esta licitación genera inquietudes. Falta de transparencia, errores del pasado y requerimientos cuestionables y sobretodo Derroche de recursos, cuando se habla de austeridad.
– ¿Por qué tanto secretismo? Se ocultan detalles y se silencian preguntas, lo sin duda alimenta las dudas sobre el proceso.
– ¿Retroceder en vez de avanzar? Eliminar la comunicación telefónica para la mayoría de los usuarios es un paso atrás en seguridad.
– ¿Despilfarro de recursos? Se solicitan centros de monitoreo innecesarios y se renuevan equipos sin necesidad. ¡El dinero público es de todos!
Ojalá Gendarmería de Chile no haga oídos sordos a este reportaje y publique información detallada sobre las etapas finales de la licitación, incluyendo las evaluaciones de las ofertas y las razones para la adjudicación final en cuanto se produzca.