Periodista.
Gendarmería de Chile envió a la Contraloría, con fecha 28 de diciembre de 2023, la resolución para la licitación de tobilleras electrónicas y tras el análisis y revisiones correspondientes, el ente contralor despachó con fecha 17 de enero de 2024 el oficio de respuesta a Gendarmería, con este hecho nos encontramos ad portas de esta gran licitación que debiera ser parte de los ejes centrales del las políticas de seguridad nacional.
En el actual escenario donde la seguridad es el eje central para el gobierno, el tema penitenciario es central. De hecho, el tema se trató en la sesión del 23 de enero pasado en la Comisión de Seguridad Pública del Senado. La sesión fue catalogada como secreta, tuvo una duración de aproximadamente dos horas y media y se centró en “analizar diversos aspectos relacionados con la situación penitenciaria en el país”, en esa instancia participó el Ministro de Justicia, Luis Cordero, el Director Nacional (s) de Gendarmería, Víctor Provoste, entre otros.
Dentro de varios temas vinculados a la situación carcelaria nacional, se encuentra la vigilancia telemática, que en caso de Chile se materializa a través de las tobilleras electrónicas, cuyo proveedor es la empresa Track Group, la misma que ya debió extender vía trato directo el contrato que tiene por concepto de vigilancia de violencia intrafamiliar, que venció el 6 de enero pasado. Mientras que aún mantiene vigente hasta los primeros días de marzo el contrato de penas sustitutivas.
Consultado el Subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, sobre el rol de la vigilancia telemática en el país, señaló que “La incorporación del monitoreo telemático al sistema de penas sustitutivas en Chile (año 2012), permite imponer medidas de control supervisadas, para ciertos delitos y penas, sin necesariamente tener que recurrir a la privación de libertad de las personas.
De esta manera, el cumplimiento de esas penas facilita que esas personas puedan insertarse en la sociedad, pudiendo obtener o continuar actividades laborales, así como también permanecer junto a sus familias.
Una externalidad positiva del monitoreo telemático vs el encarcelamiento es que se trata de una medida mucho más económica, que además permite disminuir el hacinamiento carcelario y concentrar en los establecimientos penitenciarios a aquellas personas que efectivamente requieran estar allí por razones de seguridad”.
Para el logro de esos objetivos, es muy importante que el proceso de licitación sea muy claro y transparente en cada una de sus etapas. No repetir la experiencia de la licitación anterior donde el proceso sufrió demoras y reparos contundentes por parte de los oferentes, toda vez que Gendarmería adjudicó la licitación a la empresa que obtuvo el tercer puntaje, hecho que se enmienda tras un proceso extenso de judicialización.
Por otra parte, fuentes ligadas al sector señalan con preocupación que el tipo de cambio e inflación ha variado al alza en aproximadamente un 40% desde el inicio del proceso licitatorio anterior a la fecha y que la licitación no permitía ajustes en ese sentido, por lo tanto, si la licitación actual mantiene esta condición, seràn pocas empresas las que podrán participar.
También se señala que un monto adecuado para que las empresas se interesen en participar, es asignar un precio aproximado a los 15 dólares diarios a pagar por tobillera, para hacerse una idea, hoy la empresa Track Group cobra por concepto de monitoreo de pena sustitutiva 3.747 pesos diarios por tobillera monitoreada, y bajo el ítem de violencia intrafamiliar cobran 3.549 pesos, ambos valores diarios y con IVA
En estos momentos, seguramente la Contraloría hará algunas observaciones a la resolución y de ser así, estaríamos a sólo semanas de que se inicie el proceso de licitación del proceso de vigilancia telemática. Se espera que asista un grupo bajo de empresas interesadas y que no serán más de cuatro las que entrarán finalmente en competencia. Pero lo más relevante y por el bien del país, es que sea un proceso llano y lo más exento posible de dificultades y vicios en su adjudicación.