Periodista.
Desde hace muchos años –tal vez desde los días previos al golpe de Estado en 1973- que no se conocía tal grado de odiosidad en declaraciones que se hacen en la prensa y en las redes sociales de ciudadanos y de parlamentarios; de dirigentes de partidos y de ex personeros gubernamentales. Todas con un denominador común: el culpable de los asesinatos de los tres policías en la macrozona sur fue el gobierno. Si hasta una asidua mujer –por supuesto sin identificación real- deseo fervientemente en WhatsApp la muerte del Presidente Gabriel Boric.
Es que el asesinato de tres carabineros en Cañete remeció al país entero, y para bien o para mal, nuevamente desnudó lo que hoy es Chile: un país polarizado, con odios añejos y nuevos, incapaz de ver con un mínimo de objetividad que hoy definitivamente más que ayer, por lejos las policías se encuentran protegidas por el Estado.
A diferencia del gobierno del ex Presidente Piñera, que en los cuatro años de su mandato el presupuesto de la policía creció Cero, el año 2023 el Presidente Gabriel Boric anunció un crecimiento de un 4,4% del presupuesto de seguridad, lo que implica una destinación de 164 mil millones de pesos. Y de ello, 25 mil millones de pesos aumenta el presupuesto de Carabineros y en un 6,2% los fondos de inversión municipal, para mejoras de infraestructura y recuperación de espacios públicos. Además, Boric firmó el decreto que otorga un aumento en las gratificaciones de riesgo en las regiones donde este beneficio está por debajo del resto del país. Se anunció que disminuirá el déficit del parque vehicular de Carabineros en la región de Antofagasta en un 50% para el 2023 y en un 100% para 2024. Es que la mitad del parque vehicular de Carabineros estaba prácticamente inservible.
Son sólo algunos ejemplos de los cambios que no quieren o no pueden reconocer quienes solo desean que al gobierno le vaya mal. Eso, creen, les dará mayores posibilidades para gobernar en el próximo período. Es lo que piensa la derecha y los empresarios, que han evitado a todo evento, aceptar la reforma a las pensiones de los adultos mayores y el pacto fiscal que podría resolver el problema de la salud.
Aprovechamiento político
Tan brutal fue el asesinato de los tres carabineros, que el gobierno decidió respaldar al general Yáñez, quien en pocos días más debía acudir a una formalización en los tribunales, acusado por el delito de omisión frente a los apremios ilegítimos mientras era director de Orden y Seguridad de la institución durante la crisis del estallido social, en octubre de 2019.
Ni cortos ni perezosos, la derecha rasgó de inmediato vestiduras pidiendo un “perdonazo” para el general, al que ellos mismos calificaron de “zurdo”, como lo dijo el presidente de la UDI, Javier Macaya, durante una conversación con otro dirigente de su partido y que se filtró por un micrófono abierto. A ello se suma la interrogante del diputado de Renovación Nacional Frank Sauerbaum (RN), quien se preguntó “¿cómo sigue funcionando una institución que tiene un general cuestionado?”. En ese momento eran palos porque bogas, Después vendrían los palos porque no bogas, cuando los crímenes de los cabos primeros Sergio Arévalo (34) y Misael Vidal (30), junto al sargento primero Carlos Cisterna (43), todos ascendidos póstumamente a suboficiales mayores, cambió el escenario que el diputado Sauerbaum reclamaba.
El intento de aprovechamiento político que iba a hacer la derecha con los lamentables y horrorosos crímenes fue desbarato en principio, porque el gobierno, desde que se enteró del hecho en la madrugada del sábado 29, decidió reiterar su respaldo al general Yáñez. Lo hizo desde un principio, situación que agradeció el Director General de Carabineros en una entrevista anterior a los asesinatos, cuando dijo que se sentía el y Carabineros respaldado por el Presidente. “Siempre”, dijo.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, al ser consultada sobre la formalización, sostuvo que como Gobierno consideran muy “inconveniente” la situación judicial del general Yáñez. “Nuestra norma es que vamos a buscar evitar siempre que se pueda, pero en este caso no se puede, en este caso, tomar una decisión así sería muy complicado para esta institución que necesita concentrarse en recuperar, llevar a cabo esta investigación y no tener temblores institucionales”.
Cierto es que en el conglomerado de gobierno, particularmente el PC y algunos partidos del Frente Amplio, resintieron esta actitud del Ejecutivo. Es que la institución lleva años de polémicas a cuestas, con duros cuestionamientos por violaciones de Derechos Humanos en el estallido social y un mega fraude que se empina sobre los $28 mil millones de pesos.
El PS no perdió minutos para emitir una declaración donde, junto con valorar el trabajo de la ministra Carolina Tohá y del subsecretario, Manuel Monsalve, condenaron el crimen ocurrido en la Macrozona Sur. Señalaron que lo ocurrido “deja de manifiesto que grupos terroristas actúan -pese al estado de excepción que rige en la zona-con el propósito de desestabilizar la gobernabilidad democrática”.
“Para las y los socialistas la seguridad es un derecho esencial (…). Reafirmamos nuestro compromiso y apoyo a las instituciones de nuestro país en el combate contra el terrorismo y el crimen organizado, e instamos a nuestras y nuestros parlamentarios a continuar en la aprobación de leyes que vayan en ese sentido, tal como lo han hecho hasta ahora”, agregaron.
El presidente de la Juventud Socialista, Allan Álvarez, opinó que “el PS tiene un rol dentro de la alianza tendiendo puentes y articulando una mayoría que empuje una agenda de seguridad donde el oficialismo respalde al gobierno y no le vote los proyectos en contra”. “También el PS tiene un rol externo: en el mundo de la izquierda somos de los pocos partidos que pueden ofrecer un relato creíble sobre seguridad en lugar de tener que dar explicaciones por tweets o fotos de los últimos cinco años”.
Así las cosas, y mientras pasaba colada la información que se esperaba desde hace meses: que el abogado Luis Hermosilla “ahora ya tiene la calidad de imputado y no de testigo, particularmente por las imputaciones que se hacen a propósito de lavado de activo”, según señaló el Fiscal Nacional Ángel Valencia, quien ha sido permanentemente requerido por la prensa para saber cómo va la investigación.
“Hay evidencia de que el sitio (donde ocurrieron los hechos) habría sido manipulado por sus autores, de que habría habido gente que recogió las vainillas para los efectos de distraer la acción policial”, dijo el Fiscal. Más adelante entregó indicios sobre el modus operandi del crimen, dijo que era inusual y explicó los motivos de aquello: “Existen patrones que no son comunes, que no son habituales”…“Hay otras circunstancias que sí dan cuenta de que hay expertiz en esto y de que no son novatos…Hay ciertas cosas que sí se han visto y otras cosas que son inusuales. No cabe duda que, yo creo que es evidente para todos nosotros que el poner los cadáveres ordenados a bordo de una pick up e incendiarla y con los cadáveres sobre la camioneta en una ruta pública, eso no lo habíamos visto. ¿No es cierto? En Carabineros decían que es el acto más brutal de ensañamiento en contra de funcionarios de Carabineros en su historia institucional”.
