Subdirectora Ejecutiva Chile Sustentable
Es conocido el gran desafío que enfrenta la humanidad y nuestro país ante la crisis climática. Tanto así que el IPCC menciona la necesidad de limitar el aumento de la temperatura global a 1,5°C, para lo cual se deben reducir en un 45% las emisiones de CO2 al 2030, y ser carbono neutral para el año 2050. Ello, requiere una transición rápida y de gran alcance en los sistemas energéticos, industriales, urbanos, infraestructuras, uso de la tierra, entre otros; exigiendo cambios en los modos de producción y consumo de bienes y servicios, e importantes transformaciones territoriales.
Los procesos de transición desde economías intensivas en gases de efecto invernadero hacia economías con bajas emisiones de carbono que mandata el Acuerdo de París, requiere considerar como eje central el reconocimiento de los derechos legítimos de los trabajadores, las necesidades e intereses de las comunidades, consumidores y ciudadanos, de tal forma de asegurar que nadie se quede atrás.
El concepto de Transición Justa presenta la oportunidad de aunar estrategias y combinar las demandas de justicia social y empleo decente contenidas en dicho concepto con una visión renovada para incorporar respuestas integrales y estructurales a los impactos del cambio climático. En definitiva, considerar la protección de los derechos humanos reconociendo los principios de la justicia ambiental, la justicia energética y la justicia climática.
En este sentido, una buena señal es el proyecto de Ley sobre Transición Socio Ecológica Justa presentada recientemente por un conjunto transversal de parlamentarios, cuyo objetivo principal es regular el proceso de transición energética y económica, como también de protección de sumideros y ecosistemas, a fin de incluir condiciones vinculantes para que esta sea justa y equitativa, y considere las necesidades socioecológicas de las comunidades, localidades y de los grupos vulnerables potencialmente afectados.
Dicho Proyecto de Ley plantea 6 principios básicos: Planificación y descentralización; Reparación, remediación y restauración; Equidad; Democratización; Soberanía y autodeterminación; Género; y Potenciar la transformación socioecológica y equitativa a través de actividades, políticas, proyectos, planificaciones y regulaciones para reducir el extractivismo y avanzar hacia la eficiencia y reducción en el uso de energía por parte de los sectores energéticos intensivos. La aprobación de esta ley sería un gran paso en esa dirección.
Durante su historia reciente, luego de la traumática transición del salitre, Chile ha experimentado otras reconversiones productivas vinculadas a industrias extractivas, como el caso de Lota con el cierre de las minas a carbón que también fue un fracaso. Por esta razón, desde la sociedad civil, y en particular desde Chile Sustentable, hemos impulsado una conceptualización y estrategia de Transición Justa que no se reduce sólo al cierre de industrias contaminantes como las termoeléctricas a carbón, sino que, además asegure los derechos laborales, la remediación y restauración ambiental, y la reparación de los daños ocasionados a la salud física y mental de la población.
Asimismo, Chile Sustentable ha planteado que para que una transición Justa sea robusta y responsable es necesario que las actuales autoridades de gobierno establezcan un cronograma vinculante que considere una descarbonización rápida entre 2025 y 2030, que entregue certeza a empresas, trabajadores y comunidades. Que, junto con garantizar el derecho a la salud y la vida para los habitantes de las comunas afectadas, a través de instrumentos públicos que el Sistema de Salud reconozca y asuma la reparación de los impactos para las personas y familias. Simultáneamente deben remediarse sustantivamente los impactos y pasivos ambientales, junto con actualizar las Normas de Calidad del Aire en coherencia con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El nuevo gobierno ha comprometido en su Programa descarbonizar la matriz eléctrica y poner fin a las zonas de sacrificio. No obstante, aún no existen criterios claros, ni coordinación de instituciones públicas para implementar una transición que sea socioambientalmente justa y que incorpore a todos los actores públicos, privados, académicos y ciudadanos involucrados. Por ello, seria oportuno apoyar la iniciativa parlamentaria y establecer por ley los principios, criterios y acciones que permitan al Estado y a la ciudadania tener orientaciones y procedimientos claros para que los procesos de transición sean social y ambientalmente justos y democráticos.
