Un requerimiento administrativo para que “se investiguen, especifiquen y determinen las causas reales y concretas que llevaron al Subsecretario del Interior, Manuel Monsalve Benavides, a poner término al contrato laboral suscrito con la afectada aduciendo la causal “pérdida de confianza”, por solicitud directa de su entonces jefatura, Ricardo Sanzana Oteíza, delegado presidencial”, fue presentado en la Contraloría General de la República en nombre de la ex jefa de gabinete de la Delegación Presidencial de Arica, Patricia Gálvez Parra, militante de la Federación Regionalista Verde, FREVS.
En el documento, dirigido al Contralor Nacional Jorge Bermúdez, se pide que se oficie tanto a Monsalve como a Sanzana para que detallen las razones administrativas por las cuáles se puso término a la relación contractual de la ex funcionaria con el Ministerio del Interior, ocurrida en septiembre de 2022, y que supuestamente “se fundamentan en la pérdida de confianza por parte de la autoridad territorial respecto de su labor como jefa de gabinete”, según consta en la resolución firmada por Monsalve.
Sin embargo, la profesional alega que “nunca recibió ninguna explicación sobre cuál o cuáles habrían sido los actos administrativos a los que podría haber faltado en el ejercicio de su cargo y que habrían afectado su labor como jefa de gabinete”.
Persecución política
Por el contrario, la ex funcionaria acusa una persecución política, profesional y personal en su contra, ya que transcurridos 10 días después del término de su relación contractual, se enteró por la prensa que, para justificar su salida de la Delegación Presidencial, se le imputaban 5 supuestas denuncias por maltrato laboral, información que habría sido entregada a los medios de comunicación regionales a través de una Declaración Pública, firmada por la directiva de la FREVS en Arica, por solicitud directa del Delegado Presidencial, Ricardo Sanzana.
“Sin embargo, se pudo comprobar la inexistencia de estas denuncias, de su notificación formal o informal, de su debida investigación, o de eventuales sanciones, según lo indica el Manual de Acoso Laboral y Sexual del Ministerio del Interior y el estatuto administrativo; mediante el oficio nº 1650 del 08 de noviembre de 2022 que fue entregado por la propia Delegación Presidencial a la afectada, en respuesta al requerimiento N°:AB007T0000468 ingresado a través de la Ley de Transparencia”, se indica textualmente en la denuncia a Contraloría.
Denuncias política y expulsiones
Con estos antecedentes, la ex jefa de gabinete ingresó una denuncia política ante el Tribunal de Disciplina de la FREVS, por graves faltas al código de ética y a los estatutos partidarios en contra de los directivos regionales que firmaron la citada Declaración; y por maltrato laboral y abuso de poder en contra del Delegado Presidencial, Ricardo Sanzana.
Como resultado y después de un proceso de casi 2 meses, los directivos regionales que avalaron estas falsas denuncias de maltrato fueron expulsados de la colectividad, según las resoluciones nº 003, 004 y 005 del 27 de diciembre de 2022. Por su parte, el actual delegado presidencial, Ricardo Sanzana, se encuentra suspendido de sus derechos como militante por un plazo de 90 días, mientras dura el proceso de investigación que lleva el Tribunal de Disciplina de la FREVS ante nuevas denuncias ingresadas en su contra.
Sobre la solicitud, Gálvez precisó que “con este requerimiento busco aclarar desde un punto de vista administrativo las causas por las cuáles se puso término a mi contrato. Esta aclaración es necesaria, ya que mi salida de la Delegación Presidencial no tuvo nada que ver con mi desempeño laboral y profesional como ex jefa de Gabinete, sino que está relacionada con actos y conductas que atentaban contra la investidura del cargo de Delegado Presidencial, su gestión y la gestión del Gobierno, lo que era necesario corregir; y como jefa de Gabinete hice presente estos riesgos a mi jefatura en múltiples ocasiones. Por lo tanto, confío que pueda limpiar definitivamente mi honra personal y profesional”.
