Hay transformaciones políticas que no llegan con estrépito, sino con lenguaje técnico. No se anuncian como ruptura democrática ni como demolición institucional. Se presentan como eficiencia, modernización, reducción de gastos, certeza jurídica, orden público, recuperación de la autoridad y defensa de la nación. Parecen medidas administrativas dispersas, decisiones presupuestarias razonables o ajustes necesarios frente a una crisis fiscal. Sin embargo, vistas en conjunto, pueden revelar algo más profundo: una reconfiguración silenciosa del Estado y de la democracia.
A esa operación podríamos llamarla ingeniería del vacío.
La hipótesis es la siguiente: el iliberalismo contemporáneo no siempre busca destruir el Estado. Tampoco necesita cancelar elecciones o cerrar parlamentos. Su método es más sofisticado. Consiste en vaciar progresivamente al Estado de sus funciones sociales, deliberativas y republicanas, mientras fortalece sus dimensiones securitarias, culturales, comunicacionales y gerenciales. Allí donde el Estado social se retira, no queda simplemente menos Estado. Queda un espacio disponible para que otras estructuras —fundaciones, think tanks, redes digitales, medios, iglesias políticas, universidades privadas, influencers, plataformas de formación ideológica— ocupen la producción de sentido colectivo.
El Estado deja de ser garante de derechos y empieza a parecer una administración de riesgos. La ciudadanía deja de ser una comunidad política y comienza a ser tratada como clientela, amenaza, audiencia o base electoral emocionalmente movilizable. La democracia no desaparece formalmente, pero pierde densidad. Sigue habiendo elecciones, Congreso, ministros, tribunales y campañas. Lo que cambia es el lugar donde se produce realmente el poder: ya no solo en las instituciones visibles, sino en las infraestructuras culturales, comunicacionales y financieras que moldean la percepción social.
El caso de Hungría bajo Viktor Orbán permite observar este fenómeno con especial claridad. Orbán no construyó simplemente un gobierno conservador. Construyó un modelo de reorganización del poder. Su llamado “Estado iliberal” no consistió en eliminar la política, sino en rediseñar los canales por donde circula. En Hungría, parte importante de la disputa democrática se desplazó desde los partidos y el parlamento hacia fundaciones, universidades, centros de formación, medios de comunicación, redes culturales y espacios de producción ideológica alineados con el proyecto oficial.
Uno de los elementos más significativos del modelo húngaro ha sido la transferencia de activos, funciones y recursos públicos hacia fundaciones privadas de “interés público”, muchas de ellas controladas por personas cercanas al partido gobernante. El punto central no es solo jurídico ni contable. Es político. El Estado no desaparece: se reconfigura. No se reduce de manera neutral: se desplaza. No abandona el campo cultural: lo organiza desde estructuras menos sometidas al control democrático directo.
Así, universidades, centros de pensamiento y espacios de formación política pueden convertirse en piezas estratégicas de una nueva arquitectura de poder. No se trata solamente de formar profesionales, sino de formar cuadros, relatos, diagnósticos, enemigos simbólicos y visiones de mundo. La educación superior, la cultura y la comunicación dejan de ser zonas relativamente autónomas de la sociedad civil y comienzan a funcionar como extensiones de una estrategia política de largo plazo.
Ese es el aprendizaje más importante del caso húngaro: el iliberalismo no gobierna solo desde el Ejecutivo. Gobierna desde una red. Y esa red puede ser más duradera que un período presidencial.
La infraestructura del poder iliberal no se limita a leyes o decretos. Necesita formación intelectual, financiamiento estable, medios propios, plataformas digitales, congresos internacionales, producción audiovisual, redes de influencers, think tanks, fundaciones, encuestas, segmentación emocional y circulación permanente de ideas simples, repetibles y emocionalmente eficaces. El poder contemporáneo no opera solo por coerción. Opera por saturación.
Aquí aparece una diferencia decisiva con la política clásica. Durante buena parte del siglo XX, los partidos intentaban organizar programas, sindicatos, militancias, territorios y cuadros. Hoy, muchas derechas iliberales organizan ecosistemas. No se limitan a competir en elecciones: producen sentido común. No solo presentan candidatos: construyen atmósferas emocionales. No solo elaboran propuestas: instalan sospechas. No solo buscan votos: buscan modificar la manera en que una sociedad interpreta conceptos como libertad, derechos, Estado, nación, familia, seguridad o democracia.
Por eso las redes sociales son tan importantes. No son un simple instrumento de propaganda. Son la nueva infraestructura de la percepción política. Los algoritmos premian el conflicto, la indignación, el miedo, la burla, la simplificación y la identidad tribal. La deliberación compleja queda en desventaja frente al video corto, la consigna, el meme o la denuncia viral. En esa arquitectura comunicacional, las derechas iliberales poseen una ventaja: sus mensajes suelen condensar problemas complejos en fórmulas emocionalmente intensas. “Orden”, “frontera”, “familia”, “libertad”, “anti-globalismo”, “anti-élite”, “seguridad”, “sentido común”. Son conceptos simples, potentes y fácilmente viralizables.
La izquierda y el progresismo, en cambio, suelen responder con explicaciones largas: desigualdad estructural, derechos sociales, institucionalidad, gradualidad, redistribución, enfoque de género, participación, sostenibilidad, justicia territorial. Son ideas necesarias, pero menos eficientes en el ecosistema de la aceleración digital. Esa asimetría no es menor. En sociedades cansadas, endeudadas, inseguras y saturadas de información, la política que ofrece marcos simples tiene una ventaja competitiva.
Aquí entra la batalla cultural. El iliberalismo comprendió que el debilitamiento del Estado social no puede sostenerse solo con planillas fiscales. Si se recortan prestaciones, si se reducen capacidades públicas, si se cuestiona la inversión social, si se debilita la educación pública o si se reduce la protección social, debe ofrecerse algo a cambio. Ese algo no siempre es bienestar material. Muchas veces es pertenencia moral.
Cuando el Estado social retrocede, la batalla cultural aparece como sustituto simbólico. Si ya no puedo prometer movilidad social, prometo orden. Si no puedo garantizar seguridad económica, prometo identidad. Si no puedo asegurar derechos universales, prometo defender a “los nuestros” frente a una amenaza. Si no puedo resolver la incertidumbre material, ofrezco un enemigo: el globalismo, el feminismo, el ambientalismo, el indigenismo, la burocracia, las élites, los jueces, los migrantes, las universidades, los organismos internacionales o el progresismo.
El ciudadano deja entonces de ser interpelado como sujeto de derechos y empieza a ser convocado como miembro de una comunidad moral amenazada. La pregunta ya no es “qué derechos debemos garantizar”, sino “quién está destruyendo nuestra forma de vida”. Ese desplazamiento es profundamente político. Cambia el eje de la democracia: desde la redistribución hacia la identidad; desde el conflicto social hacia el conflicto cultural; desde el Estado social hacia el Estado de orden; desde la ciudadanía hacia la pertenencia.
Por eso el modelo iliberal no debe entenderse como una simple derecha económica. Es una combinación de neoliberalismo selectivo, conservadurismo moral, nacionalismo cultural, securitización de la vida cotidiana y administración algorítmica de la opinión pública. Puede hablar de libertad económica mientras concentra poder político. Puede criticar al Estado social mientras fortalece el Estado policial. Puede denunciar a las élites mientras construye nuevas élites privadas de influencia. Puede defender la nación mientras se articula en redes transnacionales conservadoras.
Chile no es Hungría. Esa advertencia es fundamental. No existen copias mecánicas en política. Chile tiene una historia institucional distinta, una sociedad civil distinta, una memoria democrática marcada por la dictadura, una estructura de partidos más fragmentada, una prensa plural y contrapesos institucionales que aún operan. Pero precisamente por eso la pregunta no debe ser si Chile va a repetir literalmente el modelo húngaro. La pregunta correcta es otra: qué condiciones chilenas podrían facilitar la recepción de ciertos marcos iliberales.
Y esas condiciones existen.
Chile llega a este ciclo con una sociedad emocionalmente agotada. El estallido social dejó una demanda de dignidad, pero también una sensación de fractura. La pandemia profundizó el miedo y la incertidumbre. La inflación golpeó los hogares. La inseguridad se convirtió en preocupación cotidiana. La crisis habitacional tensionó a las familias. El endeudamiento siguió siendo una forma silenciosa de disciplinamiento social. La confianza en partidos, Congreso, gobiernos y élites se mantuvo baja. Muchos ciudadanos sienten que el sistema no los protege, que los discursos progresistas no resuelven su vida concreta y que las instituciones avanzan más lento que sus urgencias.
En ese clima, los discursos de orden adquieren fuerza. No porque la sociedad se haya vuelto automáticamente autoritaria, sino porque la inseguridad material y emocional vuelve más atractivas las respuestas simples. Cuando la vida cotidiana se vuelve incierta, la promesa de autoridad puede parecer más convincente que la promesa de deliberación. Cuando la política aparece como disputa interminable, la gestión vertical puede parecer eficacia. Cuando los derechos se perciben como lenguaje de élites, la pertenencia moral puede parecer más cercana que la ciudadanía universal.
Ahí se abre el espacio para liderazgos como el de José Antonio Kast y para redes conservadoras internacionales como la Political Network for Values. Su participación en este tipo de plataformas debe ser entendida con rigor: no constituye por sí misma una prueba de ilegalidad ni de subordinación externa. Pero sí es un antecedente político relevante. Muestra que la derecha
chilena no opera aislada, sino dentro de circuitos internacionales donde circulan diagnósticos, conceptos, estrategias comunicacionales y marcos de batalla cultural.
El riesgo no está en que existan redes conservadoras internacionales. En democracia, todas las familias ideológicas pueden articularse globalmente. El problema aparece cuando esas redes buscan ocupar el vacío dejado por un Estado social debilitado, produciendo sentido cultural desde espacios menos transparentes, menos deliberativos y menos sometidos al control ciudadano. Entonces la disputa ya no es solo electoral. Es institucional, cultural y epistémica: quién define la realidad, quién forma cuadros, quién financia ideas, quién instala los marcos desde los cuales una sociedad interpreta su malestar.
La discusión fiscal chilena actual debe leerse dentro de ese cuadro. El ajuste del gasto, la crítica al Estado, la promesa de rebajas tributarias, la apelación a la eficiencia, la denuncia de una supuesta caja vacía y la insistencia en la seguridad no son solo medidas administrativas. Pueden formar parte de una racionalidad más amplia: debilitar el Estado social, fortalecer el Estado gerencial y securitario, y presentar la reducción de derechos o capacidades públicas como necesidad técnica inevitable.
El lenguaje es crucial. No se dice “vamos a desmantelar el Estado social”. Se dice “vamos a ordenar la casa”. No se dice “vamos a reducir ciudadanía”. Se dice “vamos a eliminar grasa”. No se dice “vamos a subordinar el conocimiento público a la rentabilidad inmediata”. Se pregunta cuántos empleos produce un libro o una investigación. No se dice “vamos a cambiar el régimen democrático”. Se habla de eficiencia, seguridad, crecimiento y sentido común.
La ingeniería del vacío opera precisamente así: transforma decisiones ideológicas en aparentes obviedades administrativas.
Por eso el progresismo debe actuar con inteligencia. No basta con denunciar el autoritarismo o advertir sobre Orbán. Hay que comprender por qué esos discursos conectan. Hay que asumir que la inseguridad es real, que la frustración con el Estado es real, que la burocracia existe, que muchos programas públicos deben evaluarse mejor, que hay abusos, ineficiencias y desconexiones entre discurso progresista y vida cotidiana. Defender el Estado social no puede significar defender todo lo existente. Debe significar reconstruir lo público con eficacia, legitimidad, justicia y cercanía.
La respuesta progresista no puede ser nostalgia institucional ni superioridad moral. Debe ser una propuesta de densidad democrática. Eso implica recuperar el sentido del Estado como garante de derechos, pero también como institución capaz de dar seguridad, resolver problemas, simplificar trámites, cuidar recursos públicos, fiscalizar abusos y producir confianza. Una izquierda que no pueda hablar de orden democrático, eficiencia pública y seguridad cotidiana deja abierto el campo para que la derecha iliberal monopolice esos conceptos.
El peligro mayor no es solo que Chile tenga un gobierno conservador o que la derecha gane elecciones. Eso es parte de la democracia. El riesgo más profundo es que, bajo el lenguaje de la eficiencia y el orden, se vaya vaciando la democracia desde dentro: menos Estado social, más control; menos deliberación, más gerencia; menos derechos, más pertenencia moral; menos ciudadanía, más audiencia digital; menos soberanía pública, más redes privadas de influencia.
Hungría ofrece una advertencia incómoda. La democracia no necesita derrumbarse abruptamente para perder sustancia. Puede seguir funcionando en apariencia mientras se reorganizan los medios, la educación, las fundaciones, la cultura, el financiamiento, las universidades y los espacios de formación política. Puede conservar elecciones, pero alterar las condiciones profundas de la competencia democrática. Puede mantener instituciones, pero vaciarlas de pluralismo real. Puede hablar de soberanía nacional mientras entrega la producción de sentido a redes ideológicas transnacionales.
Chile todavía está lejos de ese escenario consolidado. Pero las señales deben observarse con atención. La precariedad social, el agotamiento emocional, la fragmentación política, la desconfianza institucional, las redes digitales y el discurso del orden pueden convertirse en terreno fértil para una transformación silenciosa. No porque el país esté condenado, sino porque toda democracia debilitada puede ser reconfigurada desde sus vacíos.
La conclusión, entonces, es clara: el debate chileno no debe reducirse a más o menos Estado, más o menos gasto, más o menos seguridad. La pregunta decisiva es qué tipo de Estado y qué tipo de democracia queremos construir. Un Estado social moderno, eficiente, republicano y democrático, capaz de proteger derechos y producir cohesión; o un Estado gerencial y securitario, que se retira de la protección social mientras entrega identidad, vigilancia y administración del miedo.
La democracia no se defiende solo votando. Se defiende sosteniendo las instituciones que producen ciudadanía: educación pública, pensamiento crítico, medios plurales, cultura democrática, sindicatos, organizaciones sociales, universidades autónomas, investigación, participación y derechos sociales. Cuando esas instituciones se debilitan, el vacío no queda vacío. Alguien lo ocupa.
Y esa es la advertencia central de la ingeniería del vacío: cuando el Estado deja de construir ciudadanía, otros poderes comienzan a construir obediencia.
