Periodista.
En este juego de caretas en que se ha convertido el caso “Convenios” – donde hasta los comprobadamente corruptos se permiten opinar y pedir las penas del infierno para los acusados de actos ilícitos y que ya la justicia y Contraloría están investigando-, lo que queda claro es que el Ministro de la Vivienda Carlos Montes y tras de él, el de Desarrollo Social, Giorgio Jackson son los blancos donde la derecha y uno que otro de los llamados centroizquierda, tiene puesta su mirilla para dejarlos fuera de combate. En definitiva, para que se vayan del gobierno. Y de paso, seguir debilitando sobre todo al Presidente ¿hasta lograr qué? Es la gran pregunta.
La polémica se encendió luego que se conociera que una fundación de la expareja de la diputada Catalina Pérez (RD) suscribió convenios por $ 426 millones, otorgados por la Seremi de Vivienda de Antofagasta, que en esa oportunidad era encabezada por el exjefe de gabinete de la diputada Catalina Pérez. Sobre el hecho se ha dicho de todo. Desde la expulsión de su partido RD de los involucrados, salvo la diputada Pérez; hasta el cuenta gotas de problemas emanados de este tipo de convenios, que existen desde el año 2015 y que han sido usados por todos los gobiernos, sigue corriendo agua bajo el puente y el objetivo de la derecha vivito y coleando..
En todo caso, es un difícil objetivo para la derecha aun envalentonada por los últimos resultados electorales. Uno, porque Montes tiene el apoyo irrestricto de su partido, el Socialista, dos, porque el Presidente confía en ambos personeros atacados tan fieramente por la derecha. Y tres, porque en Chile Vamos el Ministro es respetado. No sólo por las capacidades de este economista, sino porque durante los largos años de parlamentario, desde 1990 hasta que asumió como ministro, jamás se le ha conocido un acto reñido con la probidad, como si ha ocurrido con varios de los actuales parlamentarios.
Arremeter entonces contra el Ministro de la Vivienda puede ser un fallo garrafal de la oposición. Más aún por el enojo que causó no sólo en las filas socialistas los dichos insolentes de una desconocida parlamentaria de Renovación Nacional, María José Gatica, que lo tildó de “títere” del Presidente Gabriel Boric. Más aún. Se atrevió a decir que “hoy el Ministro dejó en evidencia que está más preocupado de cuidarle las espaldas a los amigos del Presidente Boric en vez de ocuparse de la dignidad de las personas que sufren en los campamentos».
La audacia también se le despertó al senador Felipe Kast, de Evopoli, que de ser un locuaz parlamentario pasó al ostracismo luego de verse involucrado en problemas personales. Ahora habló. Y con una osadía ilimitada, se atrevió a decir que lo que está ocurriendo “es tan grave…” que «incluso el caso MOP Gate se queda corto con lo que estamos viendo hoy día…” Y se declaró sorprendido por la permanencia de Montes y Jackson en sus puestos. Ni más ni menos. Se le olvidó mencionar el caso Penta a este senador. Caso que sacudió a los partidos, a los medios y a la sociedad chilena, salpicando además a uno de los principales grupos de la derecha, la Unión Demócrata Independiente (UDI) y a conocidos empresarios nacionales. Fue un millonario fraude al Fisco de Chile por parte de Empresas Penta, mediante la utilización de facturas y boletas de honorarios «ideológicamente falsas» —emitidas materialmente de acuerdo a la ley, pero cuya justificación es falsa y que, entre otros aspectos, habrían permitido el financiamiento irregular de campañas electorales de varios políticos, la mayoría pertenecientes a la Unión Demócrata Independiente (UDI). Como si ahora hubiese un punto de comparación con ese escándalo que involucró a connotados empresarios que fueron “castigados” con clases de ética.
Si hasta el senador Moreira, conocido por su petición de “raspado de olla” a Penta para sol ventar su candidatura y que pagó varios millones para evadir el castigo, se ha permitido opinar en la televisión sobre el caso. Otra más de las situaciones insólitas que se están dando.
¿Acusación constitucional?
“A Montes se le puede decir cualquier cosa, menos que es un títere de nadie. Conocido es su carácter, templado en la clandestinidad, la tortura y la cárcel”, señaló un dirigente socialista, quien de paso recordó la larga trayectoria de Montes trabajando por los campamentos.
Es lo que curiosamente ignora esta senadora Gatica, cristiana practicante, y que en sus años mozos fue independiente y de sensibilidad de centroizquierda, igual que su padre, dicen lo que los conocen. Pero cuando comenzó a trabajar en la Municipalidad de Puente Alto y conoció a su marido, asesor del entonces alcalde Ossandón, cambió su mirada y de qué manera.
Sin duda esta parlamentaria podría ser un voto para una acusación constitucional contra Montes, pero no está claro que esa sería una posición mayoritaria en la derecha. El jefe de bancada de RN, Frank Sauerbaum, piensa distinto, hasta ahora: “Sería injusto que nosotros tratáramos de involucrar al ministro Montes en algo donde evidentemente él no tenía ninguna participación. Muchos de nosotros conocemos al ministro Montes de cuando se desempeñaba como parlamentario y sabemos que es una persona con la que podemos tener muchas diferencias, pero uno entiende que es un profesional de muy buen nivel”. “Es una figura respetada, pero estamos evaluando las medidas que va a tomar, y por cierto que no descartamos ninguna acción”, sostuvo por su parte el diputado de la Comisión de Vivienda, Sergio Bobadilla (UDI).
¿De qué acusan al Ministro Montes? , entre otras cosas, de haber tenido nulo control de sus subordinados al no haber tenido conocimiento del problema de Antofagasta, pese a que la entonces subsecretaria Tatiana Rojas recibió por correo una denuncia al respecto el 2 de mayo. También porque el propio ex seremi Contreras había encargado 18 días antes una auditoría interna en la seremía, la que -según Montes- tampoco habría llegado a sus manos. Se suma que el Ministro debió anunciar una investigación sumaria en El Maule, por la otra arista del caso, que involucra a la fundación Urbanismo Social. Un flanco que había abierto el propio Presidente Boric al defender al seremi Rodrigo Hernández, quien aseguró haberse inhabilitado de la adjudicación de recursos al organismo en que antes había trabajado. Muy pronto se conocería que esa inhabilitación la hizo posterior a que se aprobara el convenio.
Pero, no todos están dispuestos a no cursar alguna acusación a los ministros involucrados. En los últimos días hay voces desde la Unión Demócrata Independiente (UDI) que le “exigen” al mandatario la salida de Montes. El presidente de la UDI, Javier Macaya, quien también por problemas familiares ha estado más bien silencioso, no tuvo más remedio que salir al ruedo dada las presiones de su sector más duro. “Se hace difícil la permanencia de ministros que están directamente ligados con esta situación. Obviamente son los principales responsables políticos, ya sea por su acción o por omisión, en situaciones que están ocurriendo en el Ministerio de Vivienda y en esto por supuesto menciono al ministro Montes”. El presidente de la UDI, además, sostuvo: “Está dura la cosa para el Gobierno. Lo que ocurre con la nueva situación del caso de la Región del Maule, nuevamente hay contradicciones de alguna manera exponiendo al propio Presidente de la República, que la semana pasada había salido a blindar a este seremi, a mi juicio, hace que la situación se haya tornado demasiado grave”.
¿Hay temor en la derecha?
A partir del inicio del escandaloso convenio de Antofagasta y del Maule y probablemente –como dijo Montes- de otros casos que pueden aparecer, situación que tiene muy complicado al gobierno, pero más aún al partido Revolución Democrática que ha reaccionado rápidamente con expulsiones y poniendo todos los antecedentes en el Ministerio Público, contrariamente a lo que ha hecho la derecha con su seguidilla de corruptelas en las municipalidades que controla.
El gobierno en su conjunto está siguiendo las orientaciones del Presidente Boric quien aseguró que se investigará todo, caiga quien caiga.
De ahí que anunció la conformación de una “Comisión de Probidad”, con expertos en integridad y probidad y que “tendrá plazo no mayor de 45 días para presentar propuestas en identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas en la colaboración entre instituciones privadas sin fines de lucro con el Estado, mecanismos de fortalecimiento que aseguren una mayor eficacia y transparencia en esta vinculación que faciliten el conocimiento por parte de la ciudadanía sobre su uso de los fondos”, entre otros objetivos.
El Presidente Gabriel Boric dejó en claro que “esta no es una comisión para la foto, con ideas que se van a quedar guardadas en un cajón llenándose de polvo, me interesa implementar sus propuestas. No queremos que esto sea pensando en salidas políticas para la crisis, sino como mejorar la relación entre las valiosas organizaciones de la sociedad civil y el Estado pensando en las personas”.
Lo que despertó el ¿temor? de la derecha, fueron las explicaciones de la ministra de la Segegob, Camila Vallejo. «Cada requerimiento de información será entregado con cinco años de antigüedad. Insistimos esto tiene que ser caiga quien caiga. Esto incluirá a la administración del expresidente Sebastián Piñera».
Ahí se despertaron las alarmas. ¿La Caja de Pandora seguiría mostrando “sorpresas” de todos colores? Tal parece que es lo que teme el vocero de la derecha, el diputado de Renovación Nacional, Arturo Longton, quien calificó como un elemento «distractor» la intención que tiene el Ejecutivo de extender la investigación por el caso «convenios» a la administración del expresidente Sebastián Piñera.
Fueron algunas horas después el anuncio cuando este legislador salió a repetir el guion que probablemente todos repetirán estos días: «Obviamente lo que están queriendo hacer es camuflar ésta casi asociación delictiva que hay detrás para defraudar el fisco, tratando de involucrar gobiernos anteriores». No podía dejar de decir que estaba de acuerdo con que se investigue. Pero, solo hasta un punto: “los antecedentes que hay hasta ahora es que precisamente militantes de partido de la coalición de gobierno están involucrados en estas fundaciones a través de un mecanismo, creando fundaciones con fines políticos para embolsarse ese dinero para sus bolsillos, o bien, como una devuelta de mano, o como una caja pagadora para favores políticos», añadió. En esa línea, relevó que «ese mecanismo, hasta el momento, no hay ningún antecedente de que involucre a personeros de otros gobiernos. Por lo tanto, el abrir la arista me parece más bien un distractor respecto a esta situación que está afectando principalmente al gobierno que lo tiene en una crisis muy, muy profunda».
Habrá que esperar el resultado de las investigaciones. Pero salir tan rápidamente a descalificar la comisión, integrada por conocidos abogados expertos en el tema, da para sospechar que algo huele mal por esos lados. Ellos serán los que algo deberán decir de los alcaldes de la UDI o RN involucrados en algún ilícito. Como Torrealba, de Vitacura, hoy en prisión preventiva y otros varios con diversos montos defraudados al Estado.
