Periodista.
Impaciente por lograr la aprobación en general de la ley Quiroz y poder mostrar esa “victoria” durante la cuenta pública a la nación que debe dar el Presidente Kast en junio próximo, el gobierno nuevamente comete errores de tal magnitud que deja al desnudo su impericia política. No otra cosa es la nueva reflexión del Mandatario respecto al recorte de gasto solicitado por el ministro de Hacienda nada menos que a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas: JUNAEB, entre otros organismos e instituciones.
Fue durante una reunión con directores de diversos colegios en La Moneda, donde se refirió a los recortes de dinero que está haciendo su administración. Instó a los presentes a cuidar el presupuesto y los llamó a “asistir a los casinos” y revisar si se están entregando bien los alimentos de la Junaeb, dando un particular punto de vista. “Puede ser que algún niño lleve un sándwich y decida no almorzar”. Esa sería una de las razones para el recorte.
Es que, con el ambicioso plan económico del ministro de Hacienda, con el que el Presidente busca cambiar prácticamente todo lo realizado hasta hoy, se está poniendo en peligro real avances sociales aplaudidos en el mundo. Las luces rojas se encendieron de inmediato y no sólo en la oposición a este gobierno. Profesores, académicos, médicos, científicos y padres han levantado voces de alarma frente a la posibilidad – por ejemplo- de recortar, eliminar o “poner en pausa” como se dice ahora, programas como el de la Junaeb, que ha sido crucial en la erradicación de una enfermedad que aún está presente en muchos países del mundo: la desnutrición.
Cierto es que la gestión de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) ha sido objeto de críticas, fundamentalmente porque maneja una enorme cantidad de dinero. Pero, en la balanza los beneficios son evidentes. Ellos han implementado un programa de alimentación escolar que ha sido fundamental para los niños, especialmente los más vulnerables. Este programa, que ofrece desayunos, almuerzos, onces, colaciones y cenas, ha sido crucial para asegurar que los estudiantes reciban los nutrientes necesarios para su desarrollo y aprendizaje diario. Junaeb ha proporcionado una canasta de alimentos libres de gluten para estudiantes con enfermedad celíaca y ha publicado anualmente los menús diarios para que los padres y apoderados estén informados sobre las opciones alimentarias disponibles. Además, Junaeb ha lanzado una aplicación para monitorear la alimentación escolar, permitiendo a las familias ver en tiempo real lo que se está sirviendo en los comedores y comentar sobre el servicio, lo que ha contribuido a una alimentación escolar más transparente y participativa.
Autoridades, expertos en educación y alcaldes han insistido en que para muchos niños el desayuno y almuerzo escolar son la comida más importante del día y eliminar o reducir programas tendría efectos directos en la asistencia escolar, el rendimiento académico, la nutrición infantil y la deserción escolar.
La defensa que se ha realizado ante críticas por “gasto excesivo” de la Junaeb, es que gran parte del presupuesto va directamente a alimentación y becas, no a sueldos administrativos y que reducir recursos podría afectar a estudiantes vulnerables más que a “operadores políticos”.
Cuando surgieron denuncias por raciones defectuosas, atrasos, contratos cuestionados o problemas con proveedores, la institución respondió que muchas irregularidades fueron detectadas precisamente gracias a fiscalizaciones internas y de Contraloría; que se aplicaron multas a empresas y que se reforzaron mecanismos de supervisión.
Y lo que más acentúan es que los errores -que los hay- no invalidan el programa completo. Muchos alcaldes, directores y profesores defendieron públicamente a la JUNAEB en la polémica por eventuales recortes en 2026 y su argumento central dejó mudos a muchos en el gobierno: “Sin JUNAEB, miles de niños simplemente tendrían hambre en el colegio”.
La Ley Quiroz
La llamada “Ley de Reconstrucción Nacional” o “megarreforma” fue presentada como el corazón económico del gobierno, pero rápidamente recibió una crítica muy dura del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), a la que se sumaron por sus propios carriles, el Fondo Monetario Internacional u organismos respetados por gente como el Mandatario y el propio ministro: el influyente banco JPMorgan.
JP Morgan, en su análisis del megaproyecto, destacó la ambición del gobierno en cambiar la política económica del país, pero advirtió sobre los riesgos fiscales y la dependencia del crecimiento económico para compensar los recortes tributarios. El banco consideró que la reforma representa un esfuerzo ambicioso, pero que su éxito dependerá de variables difíciles de controlar, como la inversión y la productividad.
Diversos expertos y economistas coinciden no sólo en lo que el FMI y el banco advirtieron, sino también en lo que señaló el Consejo, un organismo técnico e independiente creado en Chile para vigilar las cuentas fiscales del Estado y advertir riesgos para las finanzas públicas.
El CFA fue creado formalmente en 2019 durante el gobierno de Sebastián Piñera, aunque antes existía como consejo asesor. Está formado por economistas y expertos en finanzas públicas nombrados por el Presidente y ratificados por el Senado. Deben tener trayectoria técnica y actuar de manera independiente del gobierno de turno. En palabras simples: es una especie de “árbitro” o “vigilante” del manejo del dinero del estado.
Su función principal es revisar si el gobierno de turno está gastando más de lo que puede; está aumentando demasiado la deuda; está calculando bien los ingresos; o está poniendo en riesgo la estabilidad económica futura.
Este Consejo no gobierna ni toma decisiones políticas, pero sí emite informes y advertencias que tienen mucho peso técnico y político. Por ejemplo, si un gobierno promete, como el de ahora, bajar impuestos, aumentar bonos, construir obras, o reducir deuda al mismo tiempo, el Consejo puede decir “las cuentas no cuadran” y eso puede generar un enorme impacto político. Así ocurrió esta vez, pero el gobierno y la derecha hicieron oídos sordos.
¿Qué advirtió el Consejo y no fue escuchado, hasta hoy? Advirtió riegos por la rebaja de impuestos a grandes empresas; la incertidumbre sobre cómo financiar recortes tributarios; y las proyecciones de ahorro fiscal. Es decir, está diciendo: “el gobierno promete ahorrar mucho dinero y bajar impuestos, pero no queda claro de dónde saldrán todos esos recursos”.
Y cuando el CFA emite advertencias fuertes, puede afectar la confianza inversionista; subir la presión política; aumentar dudas sobre la economía; e incluso influir en el dólar, el riesgo país o las tasas de interés. Por eso, aunque no gobierna, el consejo fiscal autónomo puede transformarse en un actor muy incómodo para cualquier administración.
Dos meses
Recién el gobierno acaba de cumplir dos meses de gobierno. Dos meses que a muchos les ha parecido dos años o más. Un pequeñísimo tiempo en que el Presidente y su gobierno han enfrentado una acumulación de episodios políticos, económicos y comunicacionales lamentables, porque han instalado la idea de improvisación, descoordinación interna y dificultades para gobernar con estabilidad.
No es casualidad entonces que Kast se haya reunido con su gente en Cerro Castillo, para ordenar las filas luego de episodios complejos como, por ejemplo, el “bencinazo”. Otro de los mayores costos políticos ha sido el debate sobre los recortes presupuestarios. Se conocieron propuestas de reducción de recursos en programas sociales, transporte, ex Sename, CAE y hasta menciones a la PGU.
El gobierno intentó aclarar que eran “proyecciones” y no recortes inmediatos, pero el daño comunicacional ya estaba hecho. La imagen de improvisación del gobierno quedó marcada al ser testigo el país de ministros contradiciéndose, subsecretarios corrigiendo versiones, Hacienda realizando sus propias aclaraciones y, por sobre todo, el temor ciudadano instalándose al comprobar lentamente que aquello que se decía respecto a un proyecto que beneficiaba fundamentalmente a los más ricos del país, era cierto.
Una y otra vez el Mandatario ha tenido que salir a explicar los pasos que está dando su principal ministro. “Dijimos que no íbamos a cortar derechos a las personas y no lo vamos a hacer, pero sí tenemos que ordenar la casa. Eso es lo que está haciendo el ministro Jorge Quiroz”. Así intentó cerrar la controversia que han generado los oficios de la Dipres, que sugieren realizar recortes del 15% del presupuesto de 2027 en distintos programas gubernamentales.
Tal vez el más rudo en sus críticas al gobierno fue el otrora ministro de Piñera y que hoy aspira a dirigir la UDI, Pablo Longueira. Refiriéndose a la ley Quiroz, dijo: “si no se saca este plan se acabó el Gobierno, así de simple. Hay que sacar el plan (…) Si no sale este plan, obviamente que se acabó el gobierno. Es exactamente lo mismo que pasó con Gabriel Boric”.
Longueira fue más allá y planteó que en el Ejecutivo “hay falta de experiencia, falta de calle. La derecha chilena no tiene un vínculo social con el Chile real hoy día “. Y apuntó contra las medidas tomadas por José Antonio Kast, asegurando que “yo no habría aceptado jamás, si yo presido la UDI, que se les traspase el costo de los combustibles a los chilenos como se hizo”. Y criticó duramente el rol que está jugando el segundo piso de Kast.
Para quien también fue candidato presidencial, el gobierno “está mal diseñado desde el origen (…) No puedes poner en el Segundo Piso a gente con responsabilidades ejecutivas. El Segundo Piso es una instancia que asesora al presidente, cuando yo fui ministro el presidente tenía en el Segundo Piso un equipo de jóvenes que veía economía. Cada vez que iba a las bilaterales como ministro, llevaba a mis equipos y el presidente Piñera tenía seis jóvenes al frente que sabían tanto o más que nosotros. Nunca un ministro se reportaba al Segundo Piso”.
Pablo Longueira centró sus cuestionamientos a la labor del Ministerio de Seguridad Pública y de Trinidad Steinert: “El nivel de improvisación a mí me sorprende porque cuando leí que le ofrecieron a Rodolfo Carter que no asumiera de senador para ser el ministro de Seguridad, yo dije bueno, aquí no hay nada. Cuando el director de la PDI echó a Consuelo Peña, yo la cambio en ese acto a la ministra (Steinert)”.
Respecto a si el mal rumbo que ha tomado el Gobierno de José Antonio Kast puede ser enmendado con un cambio de Gabinete, Longueira fue tajante: “Yo creo que no…”.
