El gobierno de José Antonio Kast no puede ser comprendido sólo como una administración conservadora en materias valóricas ni como una simple tecnocracia neoliberal concentrada en ordenar las cuentas fiscales. Esa lectura resulta insuficiente. Lo que comienza a desplegarse en sus primeros meses de gobierno es una arquitectura más profunda: una forma de reorganización moral, política y económica de la sociedad chilena. Su proyecto no separa economía, cultura y autoridad. Las articula.
En el plano moral, Kast afirma la existencia de ciertos bienes anteriores a la deliberación democrática: la familia, la vida, la nación, la autoridad, la propiedad y el orden. No los presenta como opciones entre otras, sino como fundamentos de la convivencia. En el plano político, sostiene que sin orden no puede haber libertad. El conflicto, la protesta, la desobediencia y la demanda social aparecen así no solo como expresiones de una sociedad viva, sino como síntomas de una comunidad que habría perdido sus jerarquías básicas. En el plano económico, la disciplina fiscal, la iniciativa empresarial y la reducción de trabas al mercado son formuladas como condiciones necesarias para restaurar la estabilidad.
La primera operación ideológica del gobierno consiste, entonces, en presentar su programa como una recuperación de la normalidad. Kast no se ofrece como fundador de una sociedad completamente nueva. Su lenguaje apela a reconstruir, devolver, normalizar y ordenar. El país habría sido desviado de su curso por el estallido social, los procesos constituyentes, el progresismo cultural, la expansión estatal y el cuestionamiento de las jerarquías tradicionales. Desde esa mirada, gobernar no significa solamente administrar recursos o ejecutar políticas públicas. Significa corregir una desviación histórica.
Aquí el marco teórico de Michel Foucault permite leer con mayor profundidad lo que está en juego. Foucault mostró que el poder moderno no opera únicamente mediante la represión abierta. También gobierna clasificando, observando, registrando, normalizando y produciendo sujetos. No necesita castigar todo el tiempo; muchas veces le basta con instalar criterios de normalidad y hacer que los individuos aprendan a corregirse a sí mismos. El poder más eficiente no siempre es el que golpea, sino el que logra que la sociedad interiorice la norma.
Desde esta perspectiva, la batalla cultural de Kast no consiste solo en disputar valores tradicionales frente a una cultura progresista. Consiste en producir una nueva gramática de la obediencia social. El buen ciudadano es presentado como responsable, trabajador, familiar, respetuoso de la propiedad, cumplidor de sus obligaciones, desconfiado del Estado social y dispuesto a adaptarse a las exigencias del mercado. Su contrario no es únicamente el delincuente. También puede ser el que protesta, el que depende de beneficios, el que incumple, el que cuestiona, el que exige derechos antes que deberes, o el que no logra adaptarse a una economía cada vez más exigente.
Foucault ayuda a observar este desplazamiento. El problema no es solo qué sanciona el gobierno, sino qué tipo de sujeto construye como sospechoso. La sospecha no recae únicamente sobre quien comete un delito grave. Se extiende hacia quien perturba el orden, quien interrumpe la circulación, quien exige protección colectiva, quien reclama ante el abuso, quien cuestiona la autoridad o quien no encaja en la imagen moral del ciudadano autosuficiente. El poder comienza a actuar antes de la sanción penal: actúa en el lenguaje, en la clasificación, en la forma en que se nombra a las personas y sus conductas.
Por eso el debate sobre el Registro de Vándalos e Incivilidades no puede ser reducido a una discusión administrativa. Su relevancia política está en la forma en que el Estado busca mirar a la sociedad. Al registrar, clasificar y prolongar consecuencias sobre determinadas conductas, no solo se sanciona un acto. Se produce una identidad administrativa: el incivil, el vándalo, el sujeto que debe ser observado. La conducta deja de ser un hecho delimitado y pasa a convertirse en un atributo del individuo.
Esa es la operación foucaultiana fundamental: el paso desde el acto hacia el sujeto. No se trata simplemente de decir “esta persona hizo algo sancionable”, sino de instalar una categoría que permite verla de manera distinta en el futuro. El registro conserva memoria, prolonga sospecha y abre la posibilidad de condicionar la relación del individuo con el Estado. Allí donde el derecho democrático debería castigar proporcionalmente conductas concretas, aparece el riesgo de construir ciudadanías disminuidas.
La paradoja es que este mismo rigor clasificatorio no se aplica con igual intensidad a todas las formas de daño social. El catálogo de inseguridad del gobierno se concentra en la conducta visible, callejera, individual y popular. El rayado, la evasión, la venta informal, la interrupción del tránsito, el desorden en el espacio público. Pero no existe una arquitectura equivalente para quienes se coluden, eluden impuestos, lavan dinero, manipulan mercados, financian redes de influencia o capturan decisiones públicas. El delito económico suele ser tratado como complejidad técnica. La infracción popular, en cambio, como desviación moral.
Esta asimetría revela una concepción selectiva del orden. El Estado se muestra fuerte frente al cuerpo visible del ciudadano común, pero más prudente frente a las estructuras del poder económico. Vigila hacia abajo y negocia hacia arriba. Clasifica al sujeto popular y tecnifica el abuso empresarial. Moraliza la pobreza, pero juridifica la acumulación. El problema democrático no es que el Estado persiga actos vandálicos o delitos reales. El problema es que la intensidad simbólica y disciplinaria del castigo parece concentrarse sobre quienes poseen menos poder para defenderse.
En paralelo, Jorge Quiroz traduce este proyecto restaurador en una racionalidad económica. La promesa es conocida: primero hay que entregar certezas a la inversión; luego vendrá el crecimiento; después aumentará la recaudación; finalmente será posible financiar mayor bienestar. En esa secuencia, la protección social queda situada al final de la cadena. La ciudadanía debe aceptar costos presentes en nombre de beneficios futuros. El sacrificio se exige ahora; la recompensa se promete después.
La dificultad es que los costos comienzan de inmediato. Un recorte presupuestario afecta en el presente a servicios, programas y empleos. Una rebaja de ingresos públicos reduce capacidades estatales desde el inicio. El aumento de precios modifica el presupuesto familiar hoy, no mañana. La intensificación de cobros, restricciones o sanciones impacta directamente en personas concretas. En cambio, los beneficios dependen de una cadena incierta: que las empresas respondan a los incentivos, que la inversión efectivamente aumente, que ese aumento se traduzca en crecimiento, que el crecimiento genere recaudación y que esa recaudación se distribuya socialmente.
Allí se abre la fisura central del relato. El gobierno pide evaluar su programa desde el futuro prometido, pero la ciudadanía lo experimenta desde el presente vivido. La comunicación política puede construir épica, urgencia y sentido de misión. Puede hablar de reconstrucción, herencia recibida, responsabilidad fiscal y recuperación del país. Pero cuando el relato choca con el bolsillo, con el empleo, con el endeudamiento, con el transporte, con la educación, con la salud o con la vivienda, la promesa comienza a ser juzgada por sus efectos concretos.
La terapia de shock necesita velocidad. No solo porque busca modificar variables económicas antes de que se consolide resistencia institucional, sino porque requiere producir una sensación de inevitabilidad. Si todo se presenta como urgente, necesario e impostergable, la deliberación democrática aparece como obstáculo. Si la crisis es total, cualquier resistencia puede ser descrita como irresponsabilidad. Si el ajuste es inevitable, quien lo cuestiona parece negar la realidad. La comunicación del shock, entonces, no informa solamente medidas: construye un clima psicológico.
Ese clima tiene una función política. Fragmenta a la sociedad. Cada grupo afectado reacciona frente a su propio daño: los estudiantes endeudados frente al cobro; los funcionarios públicos frente al recorte; las organizaciones sociales frente al debilitamiento de programas; las familias frente al alza de precios; los trabajadores frente a la flexibilización; los usuarios frente a la reducción de apoyos. La multiplicación de frentes impide ver la unidad filosófica del proyecto. Lo que aparece como suma de decisiones técnicas puede ser, en realidad, una pedagogía de adaptación.
El gobierno enseña que no hay alternativa razonable fuera del sacrificio. Enseña que el Estado debe retroceder donde antes protegía y avanzar donde antes no disciplinaba. Enseña que la seguridad es más urgente que el derecho social. Enseña que la inversión debe recibir certezas presentes mientras la ciudadanía debe esperar beneficios futuros. Enseña que quien reclama demasiado no entiende la gravedad del momento. Enseña que el desacuerdo puede ser confundido con desorden.
Foucault llamaría la atención sobre esta dimensión productiva del poder. El gobierno no solo reprime conductas; produce subjetividades. Produce al ciudadano responsable, al contribuyente virtuoso, al emprendedor sacrificado, al funcionario sospechoso de ineficiencia, al beneficiario sospechoso de dependencia, al manifestante sospechoso de vandalismo, al endeudado sospechoso de irresponsabilidad. La política se transforma en una gran maquinaria de clasificación moral.
Pero aquí aparece una segunda contradicción. Kast no gobierna desde un discurso puramente liberal. Su conservadurismo se presenta muchas veces vinculado a una antropología moral, familiar y cristiana. Habla de vida, responsabilidad, comunidad, patria y bien común. Sin embargo, cuando esa moral se traduce en economía, la persona concreta puede quedar subordinada a la eficiencia, la inversión y la disciplina fiscal. La familia que se dice defender puede ser afectada por recortes, endeudamiento, alzas y debilitamiento de programas. El trabajador que se invoca como sujeto de esfuerzo puede quedar más expuesto ante mercados tecnológicos y laborales que no controla. El adulto mayor, el estudiante o la mujer trabajadora pueden terminar convertidos en variables de ajuste.
La contradicción del catolicismo político de Kast no reside solo en su defensa de valores conservadores. Aparece cuando la economía deja de estar subordinada al bien común y comienza a exigir que las personas se subordinen a ella. Una doctrina social coherente no puede tratar a la persona como costo transitorio de una modernización prometida. No puede convertir la dignidad en espera. No puede decirle a la ciudadanía que primero debe soportar el ajuste y luego, si el mercado responde, quizás llegará la protección.
En este punto, la inteligencia artificial y la transformación tecnológica vuelven todavía más estrecha la idea de un Estado meramente facilitador. Si los mercados tecnológicos acumulan capacidades superiores a las del propio Estado, reducir la función pública a agilizar permisos y bajar costos puede debilitar la soberanía democrática. La innovación no garantiza por sí misma cohesión social. Sin reglas claras, puede aumentar la rentabilidad, trasladar costos a los trabajadores, precarizar empleos, concentrar información y profundizar desigualdades.
Por eso la discusión económica no puede limitarse a competitividad, inversión o productividad. Debe recuperar una pregunta filosófica anterior: ¿para qué existe la economía y qué lugar ocupa la persona dentro de ella? Si la respuesta es que la persona debe adaptarse al mercado, estamos ante una modernización disciplinaria. Si la respuesta es que la economía debe estar al servicio de la dignidad, entonces el Estado no puede ser solo facilitador. Debe proteger, orientar, coordinar, redistribuir y democratizar los beneficios del cambio tecnológico.
El estallido social de 2019 había instalado una lectura opuesta a la restauración conservadora. Para amplios sectores, el malestar no provenía de una falta de disciplina individual, sino de una estructura que privatizaba riesgos colectivos. Las pensiones insuficientes, el costo de la educación, el endeudamiento, la precariedad laboral y el temor ante la enfermedad no fueron vividos como fallas morales personales, sino como consecuencias de un modelo que obligaba a las familias a resolver solas problemas que superaban su capacidad.
La restauración de Kast busca invertir esa interpretación. Allí donde el ciclo anterior habló de estructura, el gobierno vuelve a hablar de conducta. Allí donde se habló de derechos, reaparece el lenguaje de los deberes. Allí donde se exigió protección colectiva, se responde con esfuerzo, responsabilidad y adaptación. Allí donde se denunció abuso, se invoca orden. Allí donde se pidió dignidad, se ofrece disciplina.
El conflicto central no es, entonces, entre orden y caos. Es entre dos formas de comprender la sociedad. Una entiende que los problemas sociales son producidos por estructuras económicas, institucionales y culturales que distribuyen desigualmente riesgos y oportunidades. La otra tiende a interpretar esos problemas como déficits de conducta, responsabilidad y autoridad. La primera exige democratizar poder; Kast, en cambio, busca restaurar obediencia bajo el lenguaje del orden.
El relato del gobierno puede ser eficaz en la forma porque captura miedos reales: inseguridad, cansancio, incertidumbre económica, irritación frente al desorden, desconfianza hacia la política. Pero su debilidad está en el fondo: si las medidas producen más precariedad, más endeudamiento, más desigualdad o más sensación de abandono, el relato restaurador puede empezar a desfondarse. La promesa de orden del presidente Kast pierde fuerza cuando la ciudadanía advierte que ese orden entrega tranquilidad a la inversión, pero traslada a los hogares chilenos el aumento del costo de la vida, la incertidumbre y el sacrificio cotidiano.
La responsabilidad, en este esquema, deja de ser una virtud compartida entre Estado, mercado y ciudadanía, y se transforma en una exigencia moral dirigida principalmente a los hogares de todo Chile, que terminan soportando los costos de un ajuste decidido desde arriba. Dicho de otro modo, se capitalizan las ganancias y se socializan los costos.
La pregunta decisiva será quién paga la reconstrucción prometida. Si los costos recaen sobre trabajadores, estudiantes, usuarios, funcionarios, familias endeudadas y sectores dependientes de políticas públicas, mientras las certezas se concentran en el capital, la batalla cultural del gobierno enfrentará su límite material. La comunicación puede ordenar el sentido por un tiempo, pero no puede suprimir indefinidamente la experiencia de vida de los hogares chilenos.
Foucault enseñó que toda sociedad produce sus propios sistemas de verdad. El gobierno de Kast intenta producir el suyo: Chile habría perdido autoridad, disciplina y responsabilidad; la restauración exigiría shock; el shock requeriría sacrificio; el sacrificio conduciría al crecimiento; el crecimiento traería bienestar. Pero todo régimen de verdad enfrenta un momento crítico cuando sus promesas se comparan con sus efectos.
Ese momento puede ser el punto de desfondamiento del relato. Cuando la ciudadanía advierta que la disciplina no se distribuye de manera igualitaria; que la sospecha cae con más fuerza sobre los débiles; que el Estado se reduce dónde debe proteger y se expande dónde debe controlar; que la libertad económica no siempre significa libertad social; que el orden puede convertirse en obediencia; y que la modernización puede ser otra forma de alienación.
La batalla cultural, entonces, no está cerrada. El gobierno intenta instalar una pedagogía de la responsabilidad individual y del orden como condición previa de la libertad. Pero una sociedad democrática puede responder con otra pedagogía: la de la dignidad, la igualdad material, la deliberación, la protección social y el control democrático del poder económico. Porque el verdadero orden democrático no consiste en silenciar el conflicto, sino en impedir que una minoría convierta su modelo de sociedad en destino obligatorio para todos.
La sospecha, cuando se vuelve principio de gobierno, no protege la democracia: la empobrece. Y cuando el shock económico necesita disciplinar a la sociedad para sostenerse, deja de ser una simple política de ajuste y se revela como lo que realmente es: una disputa por definir quién merece protección, quién debe obedecer y quién tiene derecho a imaginar un país distinto.
