La devastación de Gaza suele explicarse mediante dos atajos intelectualmente cómodos. El primero habla de un odio religioso milenario, como si israelíes y palestinos estuvieran condenados a reproducir una violencia transmitida desde tiempos bíblicos. El segundo recurre al empate moral: dos pueblos igualmente enceguecidos, atrapados en un ciclo de agresiones y venganzas donde ya no sería posible distinguir responsabilidades, capacidades ni contextos.
Ambas explicaciones oscurecen más de lo que aclaran.
La catástrofe actual no comenzó el 7 de octubre de 2023. Ese día fue un punto de ruptura, un crimen masivo y el detonante de una guerra devastadora, pero no creó las condiciones políticas, territoriales e ideológicas que hicieron posible todo lo ocurrido después. Gaza es el resultado extremo —aunque nunca inevitable— de una larga arquitectura del fracaso: una autodeterminación construida sin reconocer plenamente la del otro, una ocupación que dejó de ser provisional, un proceso de paz que administró el conflicto sin resolverlo, una dirigencia palestina que perdió legitimidad y una sociedad israelí progresivamente desplazada hacia la derecha nacionalista, religiosa y colonizadora.
Comprender esta historia exige abandonar dos simplificaciones opuestas. El sionismo político no nació como un capricho criminal ni como una doctrina inevitablemente genocida. Surgió en la Europa del siglo XIX como respuesta a una realidad brutal: los judíos podían integrarse, secularizarse y adquirir ciudadanía, pero continuaban expuestos al antisemitismo, a los pogromos y a la posibilidad de ser nuevamente convertidos en enemigos internos. Theodor Herzl transformó esa inseguridad en un proyecto político moderno: si la asimilación no garantizaba protección, el pueblo judío necesitaba territorio, instituciones y soberanía.
El Holocausto no creó el sionismo, pero confirmó de manera insoportable su diagnóstico sobre la indefensión judía. Después del exterminio nazi, la creación de un Estado capaz de proteger y recibir a los sobrevivientes adquirió una legitimidad humana difícil de discutir. Sin embargo, esa solución se materializó en Palestina, no en los países europeos donde había nacido y alcanzado su máxima expresión el antisemitismo moderno.
Palestina no era una tierra vacía. Allí existía una sociedad árabe con ciudades, aldeas, propiedades, mercados, redes familiares, comunidades religiosas e incipientes formas de organización política. La contradicción originaria no consistió, por tanto, en que el pueblo judío buscara seguridad. Consistió en que aquella seguridad se construyera sin asegurar, al mismo tiempo, una autodeterminación equivalente para la población palestina.
En 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas intentó resolver esa colisión mediante la Resolución 181, que recomendó la partición del territorio en un Estado judío y otro árabe, con Jerusalén bajo un régimen internacional especial. Fue un acierto conceptual importante: reconocer que existían dos comunidades nacionales y que ninguna debía monopolizar toda la soberanía. Pero la ONU carecía de capacidad política y coercitiva para implementar pacíficamente el plan, proteger a las poblaciones y garantizar la creación efectiva de ambos Estados. La propuesta fue aceptada por la dirigencia sionista y rechazada por los representantes árabes, que la consideraron una partición impuesta sin el consentimiento de la mayoría palestina.
En 1948 nació Israel. El Estado palestino previsto por la partición no llegó a constituirse. La guerra dejó cerca de 750.000 palestinos desplazados y convirtió la cuestión de los refugiados en una herida histórica aún abierta. Al terminar el conflicto, Israel controlaba aproximadamente el 77 % del territorio del antiguo Mandato británico, una extensión superior a la contemplada en el plan de Naciones Unidas.
Para el pueblo judío, 1948 significó soberanía, refugio e independencia. Para los palestinos significó la Nakba: pérdida territorial, desposesión, dispersión y exilio. Ambas memorias corresponden a la misma transformación histórica. Reconocer una no obliga a negar la otra. Aceptar la legitimidad de la seguridad judía no exige borrar la catástrofe palestina; reconocer la Nakba tampoco supone desconocer el derecho de Israel a existir.
El problema fue que esa contradicción nunca se resolvió. Después de 1948, los palestinos quedaron dispersos entre Israel, Cisjordania, Gaza, los países árabes vecinos, los campos de refugiados y una diáspora creciente. No existía un Estado palestino soberano que pudiera desarrollar una democracia nacional consolidada. Sí existía, en cambio, un campo político plural: Fatah, organizaciones marxistas, comunistas, sindicatos, movimientos estudiantiles, agrupaciones de mujeres y redes comunitarias.
La Organización para la Liberación de Palestina, dominada progresivamente por Fatah, se transformó en la principal representante del pueblo palestino. Pero esa representación no equivalía a soberanía. La OLP era un movimiento nacional que operaba desde el exilio y articulaba a una población dispersa. Esa diferencia será decisiva décadas después, cuando una parte de su dirigencia se convierta en administradora territorial bajo los Acuerdos de Oslo.
La guerra de 1967 cambió nuevamente la naturaleza del conflicto. Israel ocupó Cisjordania, Jerusalén Oriental y Gaza. A partir de entonces, la cuestión palestina dejó de referirse solamente a las consecuencias de 1948 y pasó a organizarse alrededor de una ocupación militar prolongada.
Con los años, aquella ocupación dejó de parecer una situación temporal. La expansión de asentamientos, las confiscaciones de tierras, las carreteras diferenciadas, los controles de circulación y la planificación territorial fueron consolidando un sistema que determinaba dónde podían vivir, construir y desplazarse los palestinos. La Corte Internacional de Justicia concluyó en julio de 2024 que la presencia continuada de Israel en el territorio palestino ocupado era ilegal, vinculando esa conclusión con la anexión, la adquisición de territorio por la fuerza y la prolongada vulneración del derecho palestino a la autodeterminación.
La relevancia de ese pronunciamiento reside en que no analiza la ocupación como una suma de abusos aislados. La examina como una estructura de control permanente. Israel no es simplemente uno de dos contendores equivalentes: es un Estado soberano, con instituciones, ejército y capacidad de transformar decisiones políticas en realidades territoriales. Los palestinos, en cambio, permanecen fragmentados y sin soberanía integral.
Esta asimetría material no convierte en legítima cualquier forma de violencia palestina. Sí impide reducir el conflicto a una lucha entre fuerzas equivalentes.
A comienzos de la década de 1990 pareció abrirse una alternativa. La Primera Intifada, el final de la Guerra Fría y el desgaste político de ambas partes hicieron posible el reconocimiento mutuo entre Israel y la OLP. Los Acuerdos de Oslo de 1993 fueron un giro histórico: la dirigencia palestina reconoció a Israel y aceptó trasladar el centro de su estrategia desde la lucha armada hacia la negociación y la construcción institucional. Israel reconoció a la OLP como representante del pueblo palestino y aceptó transferir determinadas competencias a una autoridad interina.
Oslo fue un acuerdo real. No es exacto afirmar que sólo los palestinos asumieron obligaciones. Israel aceptó repliegues parciales, transferencias administrativas y negociaciones sobre el estatuto permanente. La Declaración de Principios estableció un periodo transitorio no superior a cinco años y dispuso que después debían resolverse las materias fundamentales.
Pero el acuerdo contenía una asimetría decisiva. La OLP reconoció inmediatamente a un Estado existente. Israel reconoció a una organización y aceptó negociar el futuro de un pueblo que todavía carecía de Estado. Jerusalén, las fronteras, los refugiados, la seguridad y los asentamientos quedaron aplazados para futuras conversaciones. Oslo estableció un procedimiento, pero no aseguró su desenlace.
La dirigencia palestina confió en que el autogobierno sería la antesala de la independencia. Sin embargo, no existía un mecanismo automático que obligara a que, cumplidos los cinco años, terminara la ocupación y naciera un Estado palestino. Tampoco se creó una instancia internacional con capacidad efectiva para sancionar incumplimientos o impedir que la parte con mayor control territorial modificara la realidad durante la transición.
Oslo II profundizó esa ambigüedad al dividir Cisjordania en áreas A, B y C. En el Área A, la Autoridad Palestina obtuvo competencias civiles y de seguridad interna. En el Área B administró los asuntos civiles, mientras la seguridad permaneció compartida o bajo predominio israelí. En el Área C, Israel conservó el control civil y militar predominante.
El resultado fue una autonomía fragmentada. La Autoridad Palestina podía administrar ciudades, escuelas, hospitales, municipios y cuerpos policiales, pero no controlaba de manera integral las fronteras, la movilidad, los recursos, el territorio continuo ni la seguridad exterior. Recibió responsabilidades propias de un gobierno sin obtener las facultades soberanas de un Estado.
La paz comenzó entonces a confundirse con la administración del conflicto.
Esa arquitectura habría podido conservar legitimidad si el territorio hubiese permanecido estable mientras avanzaban las negociaciones. Pero ocurrió lo contrario. Los asentamientos continuaron creciendo. Oslo había aplazado su resolución para las conversaciones finales, aunque el acuerdo interino prohibía adoptar medidas que modificaran unilateralmente el estatuto de Cisjordania y Gaza. La ausencia de un congelamiento explícito, fiscalizable y sancionable permitió que la colonización siguiera transformando el territorio.
Cada asentamiento incorporaba nuevos habitantes, carreteras, infraestructura, protección militar e intereses políticos que hacían más difícil una futura retirada. El tiempo que debía construir confianza operaba materialmente en una sola dirección.
Mientras la OLP esperaba que la negociación cambiara la realidad, Israel cambiaba la realidad que debía ser negociada.
Ese proceso tuvo consecuencias profundas en la política palestina. La OLP, que durante décadas había funcionado como movimiento de liberación, comenzó a administrar salarios, ministerios, policía y servicios públicos dentro de un territorio todavía ocupado. La Autoridad Palestina construyó capacidades reales y prestó servicios indispensables, pero su legitimidad dependía de que esa institucionalidad condujera efectivamente a la soberanía.
Cuando el periodo transitorio se volvió permanente, la promesa comenzó a invertirse. Las instituciones creadas como anticipo del Estado empezaron a aparecer como administradoras de su ausencia.
Fatah quedó atrapada en esa contradicción. Debía gobernar, mantener el orden y cooperar en seguridad, pero no podía impedir las incursiones israelíes ni detener la expansión territorial. Al problema estructural añadió responsabilidades propias: concentración del poder, falta de renovación electoral, politización de nombramientos, patronazgo y represión de críticos.
La crítica debe ser rigurosa. No es correcto describir a todo Fatah o a toda la administración palestina como una organización criminalmente corrupta. La Autoridad desarrolló capacidades estatales y utilizó el empleo público para sostener servicios y amortiguar una economía limitada por la ocupación. Pero organizaciones palestinas como AMAN han documentado deficiencias de transparencia, concentración presidencial, nombramientos discrecionales y debilidad de los mecanismos de rendición de cuentas.
La crisis fue también democrática. La última elección presidencial general se realizó en 2005 y la última legislativa en 2006. Aunque después se celebraron comicios locales, el sistema político nacional permaneció sin una renovación regular durante aproximadamente dos décadas. La ocupación, la división territorial y las restricciones sobre Jerusalén Oriental dificultaron las elecciones, pero las élites rivales también tuvieron incentivos para evitar procesos que podían desalojarlas del poder.
Fue dentro de esa degradación —y no en un vacío político— donde Hamás transformó su antigua influencia social en fuerza nacional.
Hamás no nació de Oslo ni fue inventado simplemente por Israel. Sus raíces se encontraban en la rama palestina de los Hermanos Musulmanes, que durante décadas había desarrollado mezquitas, organizaciones asistenciales, educación y redes comunitarias. Con la Primera Intifada, aquella infraestructura se transformó en un movimiento que combinaba islamismo, nacionalismo, asistencia social y resistencia armada.
Su Carta de 1988 no era solamente un documento anticolonial. Definía Palestina como territorio islámico indivisible, rechazaba el reconocimiento de Israel e incorporaba formulaciones antisemitas. Hamás poseía, por tanto, una ideología, una organización y responsabilidades autónomas. La ocupación explica el terreno social sobre el que creció, pero no determina por sí sola el tipo de proyecto político que construyó.
El fracaso de Oslo fortaleció su argumento. Fatah había prometido que la negociación produciría un Estado; Hamás podía señalar que los asentamientos continuaban y la soberanía no aparecía. Frente a una Autoridad percibida como burocrática y dependiente, el movimiento islamista cultivó una imagen de disciplina, resistencia y sacrificio.
En 2006, Hamás ganó las elecciones legislativas. La lista Cambio y Reforma obtuvo 74 de los 132 escaños, frente a 45 de Fatah. El resultado no debe interpretarse automáticamente como un mandato a favor de una teocracia o de ataques contra civiles. Combinó adhesión religiosa, apoyo a la resistencia, valoración de sus redes sociales y voto de castigo contra la dirigencia de Fatah.
La comunidad internacional quedó atrapada en su propia contradicción. Había promovido elecciones, pero el ganador era una organización armada que no reconocía a Israel ni abandonaba la violencia. Las exigencias internacionales de reconocimiento, renuncia a los ataques y aceptación de acuerdos anteriores respondían a problemas reales. Sin embargo, el aislamiento financiero, la disputa por las fuerzas de seguridad y la confrontación con Fatah contribuyeron a impedir una alternancia institucional estable.
En 2007, la ruptura se transformó en división territorial. Hamás tomó el control efectivo de Gaza. Fatah conservó la Presidencia, la Autoridad Palestina en sectores de Cisjordania y el predominio dentro de la OLP.
Desde entonces, no existe un único gobierno palestino.
Hamás gobierna Gaza; Fatah domina la Autoridad Palestina en Cisjordania. Pero ninguno posee soberanía completa. Israel conserva un control territorial y militar decisivo en Cisjordania, mientras Gaza quedó sometida a un bloqueo y a fuertes controles exteriores. La Autoridad de Ramala continuó, además, pagando durante años a parte de los funcionarios residentes en Gaza, aunque ya no controlara políticamente ese territorio. Esto explica por qué las estadísticas fiscales palestinas pueden incluir trabajadores gazatíes sin que ello signifique que Fatah gobernaba Gaza.
La fragmentación fue geográfica, institucional, presupuestaria y coercitiva. Ambos gobiernos desarrollaron prácticas autoritarias. Human Rights Watch documentó detenciones arbitrarias y torturas contra críticos, periodistas y simpatizantes rivales tanto por parte de la Autoridad Palestina en Cisjordania como de Hamás en Gaza.
La sociedad palestina quedó atrapada entre la ocupación externa y dos administraciones internas que reprimían a sus adversarios. La izquierda, el sindicalismo, los movimientos de mujeres y las corrientes democráticas continuaron existiendo, pero perdieron capacidad para disputar la conducción nacional.
Mientras Palestina se fragmentaba, Israel también atravesaba una transformación política.
Los atentados contra civiles, el fracaso de las negociaciones, la Segunda Intifada y los cohetes lanzados desde Gaza golpearon duramente al campo pacifista. La retirada unilateral israelí de Gaza en 2005, seguida por el ascenso de Hamás, permitió a la derecha instalar una conclusión emocionalmente poderosa: abandonar territorio no producía paz, sino amenazas.
Esa interpretación omitía que Gaza no se había convertido en un Estado soberano, que la retirada no resolvía Cisjordania y que no formaba parte de una solución negociada e integral. Pero el miedo israelí era real y fue políticamente administrado.
Benjamin Netanyahu transformó ese miedo en una doctrina: en lugar de resolver el conflicto, Israel podía gestionarlo. Mantener el control territorial, contener periódicamente a Hamás, preservar los asentamientos y sostener la división entre Gaza y Cisjordania permitía evitar una negociación que condujera necesariamente a un Estado palestino.
La fragmentación palestina resultaba funcional. Si Hamás gobernaba Gaza y Fatah administraba partes de Cisjordania, Israel podía sostener que no existía un interlocutor único con capacidad para representar al conjunto de los palestinos.
Paralelamente, el movimiento colonizador y el sionismo religioso dejaron de actuar sólo como presión externa y entraron al núcleo del poder estatal. La Ley Básica del Estado-nación, aprobada en 2018, estableció que el derecho de autodeterminación nacional dentro de Israel corresponde exclusivamente al pueblo judío y declaró el desarrollo de los asentamientos judíos como un valor nacional. La norma no eliminó todos los derechos individuales de los ciudadanos árabes, pero constitucionalizó una jerarquía entre ciudadanía individual y autodeterminación nacional.
La radicalización israelí, por tanto, no comenzó el 7 de octubre de 2023. La coalición de Netanyahu con fuerzas nacionalistas religiosas y supremacistas se había formado después de las elecciones de noviembre de 2022. El ataque encontró una estructura política ya desplazada hacia posiciones anexionistas.
Fue así como se consolidó lo que puede denominarse una radicalización relacional. Hamás y la extrema derecha israelí no fueron aliados secretos ni simples creaciones recíprocas. Poseían raíces ideológicas propias. Pero cada uno encontró en el otro su mejor argumento.
Hamás utilizaba los asentamientos y el fracaso de Oslo para demostrar que la negociación era una rendición. La derecha israelí utilizaba los atentados y los cohetes para sostener que un Estado palestino sería una plataforma de destrucción.
Cada extremo debilitó a los moderados del campo contrario. Los ataques contra civiles erosionaron a la izquierda israelí. La colonización destruyó la credibilidad de los negociadores palestinos. El autoritarismo de Hamás reforzó la idea de que no existía un socio confiable. La continuidad de la ocupación permitió al movimiento islamista presentarse como la única fuerza que no había aceptado administrar la subordinación.
Se configuró así un antagonismo funcional: dos enemigos reales que necesitaban la existencia del otro para justificar su propio programa y derrotar a sus adversarios internos.
Pero no eran enemigos materialmente equivalentes. Israel tenía Estado, ejército, instituciones y control territorial. Hamás poseía una organización armada y gobernaba Gaza, pero no contaba con una capacidad comparable para determinar las condiciones generales del territorio.
El 7 de octubre de 2023 llevó esta estructura a su punto de ruptura. Hamás y otros grupos armados atacaron comunidades y posiciones israelíes, asesinaron deliberadamente a civiles y tomaron rehenes. La Comisión Internacional Independiente de Investigación de Naciones Unidas concluyó que esos actos constituyeron crímenes de guerra, incluidos ataques deliberados contra civiles y toma de rehenes.
Nada en la ocupación, la Nakba o el bloqueo convierte esos crímenes en legítimos. Comprender el contexto histórico no equivale a justificar el asesinato de civiles.
El ataque provocó además un trauma profundo. El Estado fundado para asegurar que los judíos nunca volvieran a quedar indefensos había fracasado en proteger a su propia población. Ese miedo era real, pero no contenía una respuesta política inevitable.
Israel tenía derecho a defender a su población, perseguir a los responsables y procurar la liberación de los rehenes. El punto crítico apareció cuando la distinción entre Hamás, Gaza y el pueblo palestino comenzó a desaparecer.
La desaparición de esa frontera entre Hamás y la población tuvo consecuencias que no pueden reducirse a la expresión “daños colaterales”. Entre el 7 de octubre de 2023 y el 3 de febrero de 2026, las autoridades sanitarias de Gaza reportaron 71.803 palestinos muertos y 171.230 heridos. UNICEF recogió esas cifras y precisó que entre los muertos había al menos 21.289 niños, mientras otros 44.500 habían resultado heridos. Se trata de cifras reportadas por el Ministerio de Salud de Gaza y utilizadas regularmente por Naciones Unidas para dimensionar la emergencia, no de un recuento definitivo: pueden excluir a quienes permanecen bajo los escombros o murieron indirectamente por hambre, enfermedad y colapso sanitario.
La infancia permite comprender la profundidad de la destrucción. UNICEF estima que más de 64.000 niños murieron o resultaron heridos y que más de 56.000 perdieron a uno o a ambos progenitores. La guerra no sólo eliminó vidas: desarticuló las familias encargadas de proteger, alimentar y educar a quienes sobrevivieron, mientras hogares, hospitales y escuelas eran destruidos y los servicios esenciales colapsaban.
Las mujeres y niñas soportaron también una dimensión específica de esa devastación. ONU Mujeres estimó en abril de 2026 que más de 38.000 habían muerto entre 2023 y 2025 y que cerca de 11.000 habían sufrido lesiones capaces de producir discapacidades permanentes. A ello se añadió la destrucción del sistema de atención materna: el Fondo de Población de Naciones Unidas estimó que 55.000 mujeres embarazadas o lactantes podían quedar expuestas a un riesgo grave de muerte por desnutrición hacia mediados de 2026, mientras uno de cada cinco bebés nacía prematuramente o con bajo peso.
Para las personas mayores, enfermas o con discapacidad, una orden de evacuación tampoco significaba simplemente cambiar de domicilio. Podía significar abandonar el hogar caminando o dependiendo de familiares, sin transporte, medicamentos, alimento ni garantía de encontrar un refugio seguro. Muchas familias fueron desplazadas repetidamente dentro de un territorio cerrado: no se trasladaban desde el peligro hacia la seguridad, sino de una zona devastada hacia otra que podía ser atacada posteriormente. UNICEF calculó que, incluso después del alto el fuego de octubre de 2025, al menos 1,3 millones de personas seguían desplazadas, muchas de ellas por varias ocasiones.
Estas cifras, consideradas junto con el desplazamiento masivo, la destrucción de hospitales, viviendas, escuelas y sistemas de abastecimiento, muestran que la ofensiva no afectó solamente a una estructura militar aislada. Alcanzó las condiciones que permiten a una sociedad continuar existiendo: la familia, la salud, la educación, la alimentación, el territorio y los vínculos comunitarios.
Cuando decenas de miles de niños, mujeres y personas mayores mueren o resultan heridos; cuando una generación queda marcada por la orfandad, el desplazamiento y la pérdida de sus hogares; y cuando la persecución de una organización armada implica destruir el entorno indispensable para la supervivencia colectiva, la acusación de genocidio deja de ser una exageración retórica. Se convierte en una cuestión jurídica e histórica fundada en la escala, los métodos y las consecuencias observables de la destrucción
En 2024, la Comisión Internacional Independiente de Investigación de Naciones Unidas concluyó que las autoridades israelíes, Hamás y otros grupos armados habían cometido crímenes de guerra y atribuyó además crímenes contra la humanidad a las operaciones israelíes. En septiembre de 2025, esa Comisión sostuvo que Israel había cometido genocidio en Gaza. La precisión jurídica es indispensable: se trata de la conclusión de un órgano investigador de Naciones Unidas, no todavía de una sentencia definitiva sobre el fondo dictada por la Corte Internacional de Justicia. Pero esa diferencia procesal no borra la evidencia acumulada ni permite presentar la devastación como un resultado militar inevitable.
El problema no fue que Israel respondiera al crimen del 7 de octubre. Fue que la responsabilidad de Hamás terminó proyectándose sobre una sociedad completa. Gaza comenzó a ser tratada no como un territorio habitado por civiles dentro del cual actuaba una organización armada, sino como una totalidad enemiga. Es allí donde la autodefensa se transforma en castigo colectivo y donde la palabra genocidio deja de funcionar únicamente como denuncia moral para convertirse en una acusación jurídica e histórica fundada en la escala, los métodos y las consecuencias de la destrucción.
La ONU ha cumplido en esta historia un papel contradictorio. Reconoció tempranamente la necesidad de dos Estados, desarrolló normas sobre ocupación y autodeterminación, sostuvo ayuda humanitaria y documentó violaciones. Sin embargo, no logró implementar la partición, impedir la desaparición del Estado palestino previsto, detener los asentamientos ni hacer cumplir de manera consistente sus resoluciones.
Su problema principal no fue la falta de legalidad, sino la distancia entre legalidad y poder. El Consejo de Seguridad quedó subordinado al veto y a los intereses de sus miembros permanentes. La comunidad internacional financió durante décadas instituciones palestinas y asistencia humanitaria, pero no alteró la estructura territorial que producía esa dependencia.
En demasiadas ocasiones, el sistema internacional terminó administrando humanitariamente las consecuencias de un conflicto que no estaba dispuesto a resolver políticamente.
La historia de Gaza es, en último término, la historia de una derrota política acumulada.
Fue derrotada la posibilidad de construir la seguridad judía junto con una soberanía palestina equivalente. Fue derrotada la idea de que la ocupación de 1967 sería temporal. Fue derrotada la promesa de Oslo de que el autogobierno conduciría a un acuerdo definitivo. Fue derrotado el nacionalismo palestino secular, incapaz de convertir el reconocimiento de Israel en independencia y responsable, además, de su propia degradación autoritaria. Fue derrotado el campo pacifista israelí, golpeado por los atentados y desplazado por un nacionalismo que transformó la ocupación en misión territorial.
Cada solución incompleta no dejó simplemente intacto el conflicto: modificó a las sociedades que debían resolverlo.
Oslo no sólo fracasó en crear un Estado palestino. Transformó a un movimiento de liberación en una administración permanente sin soberanía.
La retirada de Gaza no sólo fracasó en producir seguridad. Al no integrarse en una solución política, ayudó a instalar la idea de que toda retirada era una amenaza.
Las elecciones palestinas no sólo produjeron alternancia. La reacción internacional y la lucha interna ayudaron a convertirlas en división territorial.
Los ataques de Hamás no sólo asesinaron civiles. Entregaron a la derecha israelí argumentos para negar cualquier soberanía palestina.
Los asentamientos no sólo ocuparon tierra. Entregaron a Hamás pruebas materiales para sostener que la negociación era inútil.
El 7 de octubre no creó esta arquitectura. La activó en su forma más destructiva.
Por eso, la catástrofe de Gaza no puede reducirse a un odio ancestral ni a una guerra entre dos extremismos equivalentes. Es el resultado de una radicalización histórica, relacional y materialmente asimétrica. El sionismo nació como respuesta legítima a la indefensión judía, pero su realización territorial no garantizó una autodeterminación palestina equivalente. La ocupación y la expansión de los asentamientos vaciaron progresivamente la promesa de Oslo, debilitaron al nacionalismo secular palestino y fortalecieron a Hamás, una organización con raíces islamistas y responsabilidades propias. Los crímenes de Hamás fortalecieron, a su vez, al revisionismo, al movimiento colonizador y al supremacismo religioso israelí.
Cada extremo utilizó al otro para derrotar a sus moderados. Pero uno de ellos operaba desde un Estado soberano y el otro desde una sociedad ocupada, fragmentada y sin control completo de su territorio.
La tragedia final no consiste únicamente en que ambos pueblos hayan sufrido. Consiste en que sus dirigencias más radicales consiguieron convertir el sufrimiento propio en una autorización para negar los derechos del otro.
Cuando la seguridad de un pueblo se define como incompatible con la libertad del otro, la paz deja de ser un proyecto político y se convierte en una pausa entre catástrofes. Y cuando el derecho internacional puede nombrar la injusticia, pero no detenerla, la barbarie deja de aparecer como un accidente para convertirse en el horizonte previsible de un orden que ha renunciado a resolver sus propias contradicciones.
