Un grupo de diputados, encabezados por Raúl Soto, presentó una reforma constitucional incorporando al General Director de Carabineros y al Director General de la Policía de Investigaciones (PDI), como autoridades susceptibles de acusación constitucional.
«Hemos visto innumerables denuncias y querellas por violaciones de derechos humanos a manos de agentes del Estado, y muchas de ellas involucran a carabineros o carabineras. Creemos que hay que resguardar adecuadamente y garantizar el Estado de Derecho que tiene nuestro país, y establecer como piso mínimo que los DDHH de las personas que se manifiestan se van a respetar siempre», señaló el diputado Soto, agregando que «los estándares protocolares y legales del actuar de los fuerzas policiales se rijan también por los estándares internacionales y que también tengan responsabilidad política».
El parlamentario agregó que «esta situación ha sido agravada tras conocerse el audio del general Rozas donde expresa que no dará de baja a carabineros por procedimiento policial, aunque lo obliguen. Y pese a que la Institución sacó una declaración pública, creemos que las explicaciones son absolutamente insuficientes. Acá hay sumarios y procesos judiciales en curso y no se puede tomar esa decisión adelantadamente porque significa insurrección y deliberación, en este caso, de las policías del poder civil y político».
El diputado señala que “no hay ninguna razón jurídica legal de peso para que un General Director de carabineros no sea acusable constitucionalmente, y quiero recordar además, que quien es ministro de Segpres hoy, es patrocinante de un proyecto que pide acusar constitucionalmente a un director general de carabineros, por eso emplazamos al Gobierno a sumarse a esta iniciativa», indicó Raúl Soto.
Por su parte, la diputada del PPD, Andrea Parra, sostuvo que «es necesario mantener un mayor control respecto al mando. Las explicaciones del General Mario Rozas han sido reprochables e insuficientes, pero más allá de ello lo que queremos es fortalecer el mando institucional y que hay responsabilidad frente a violaciones a derechos humanos».Finalmente, el diputado de RD, Jorge Brito, señaló que «queremos que las personas que se comporten como el General Rozas puedan enfrentar sus responsabilidades políticas, mediante un mecanismo para acabar con este abuso y con la impunidad que algunos gozan. Instamos a aprobar cuanto antes este proyecto».
La iniciativa también fue suscrita por los diputados y diputadas del PPD Tucapel Jiménez, Carolina Marzán, Cristina Girardi y Loreto Carvajal; además de las RD Maite Orsini y Natalia Castillo.
