90 denuncias relacionadas con posibles infracciones a la ética periodística a raíz de la cobertura hecha por los medios de comunicación a través de sus plataformas televisivas, impresas, digitales y radiales, en relación a la crisis que enfrenta el país con ocasión de las movilizaciones sociales ha recibido, hasta ahora, el Consejo de Ética de los Medios de Comunicación. Dicha Federación agrupa a los medios de comunicación tradicionales de todo el país.
Las denuncias se refieren a que en la cobertura de realidades complejas y sensibles -como la comisión de delitos, incitación a la violencia y casos de fuerza policial desproporcionada-, se habrían difundido noticias sin confirmar, incurrido en generalidades, un uso de lenguaje que implica sesgo y discriminación, denigración de personas y tergiversación de la realidad. Se alude asimismo a errores en el uso de la imagen, música, interrupción de la programación, entre otros.
El Consejo señala que “en situaciones como ésta, parece necesario maximizar el cumplimiento de los estándares éticos por el impacto que causan los hechos difundidos en la audiencia como en los involucrados, como también por la mayor demanda de noticias veraces y oportunas”.
Al respecto, la entidad enfatiza que es necesario seleccionar y jerarquizar los hechos que han de ser informados, así como dar continuidad a los temas tratados con la debida contextualización. Asimismo, hace notar la participación de personas asociadas al mundo del espectáculo comentando situaciones complejas y destaca los riesgos desinformativos de las extensas y reiteradas trasmisiones en vivo y en directo, tanto desde el estudio como desde el lugar de los hechos. Ellas exponen al medio a entregar “información errónea, usar lenguaje ambiguo o inadecuado, publicar reacciones espontáneas en las que prima la sensibilidad por sobre la racionalidad, hacer uso errado del humor y banalizar el tratamiento de una noticia”.
Lejos del sensacionalismo
Pide lograr una cobertura que se aleje del sensacionalismo, el enfoque superficial, la dramatización “y, en cambio, entregue una información rigurosa, basada en hechos y descripción objetiva de situaciones, con el adecuado contexto, chequeo de fuentes y conocimiento experto por parte de quien informa, excluyendo la adjetivación innecesaria”.
Respecto de la cobertura de acciones de violencia, el Consejo reitera los criterios de prudencia, lenguaje adecuado que describa los delitos como tales condicionando la responsabilidad que pueda caber a los que se presumen culpables, siendo conscientes que al informar de este tipo de acciones se puede, sin querer, incentivarlas, impedir la labor de la policía o producir excesivo miedo o sensación de caos en la audiencia. “La selección y manejo de ella deben ser cuidadas, evitando que se atente contra la dignidad de las personas y asegurándose que se trate siempre con respeto las situaciones de dolor y muerte”.
Sugiere evitar la individualización innecesaria, la musicalización, el peligro de una reiteración y el uso de blanco y negro que aumentan desproporcionadamente las sensaciones en la audiencia. Dice que el Consejo “tiene conciencia de que los medios han debido trabajar una situación inesperada e imprevisible en su desarrollo posterior, con fuentes que no siempre lograban dar contexto y opiniones que iluminaran la crisis, compitiendo con las redes sociales, en un escenario geográficamente difícil de controlar, con actores diversos y acciones de distinta índole”..
El dictamen del consejo fue pronunciado por los consejeros María José Lecaros Menéndez (Presidenta), Francisca Alessandri Cohn, Jaime Bellolio Rodríguez, Lamberto Cisternas Rocha, Mercedes Ducci Budge, Bernardo Donoso Riveros, María Elena Gronemeyer Forni, Ricardo Hepp Kuschel y Joaquín Villarino Goldsmith. Actuó como secretario el Fiscal Rodrigo Núñez Arenas.
