Laguna Artificial en La Reina, la Verdad tras su Rechazo

Cristián del Canto Q,

Arquitecto y Presidente de la Coordinadora Vecinal de La Reina.

Una de las noticias de mayor cobertura durante la semana en curso fue el revés electoral que sufriera Joaquín Lavín con su proyecto de la Laguna Artificial en el Parque Padre Hurtado, también conocido como Intercomunal de La Reina, al contabilizarse un contundente rechazo del 72,5 % de los ciudadanos a la propuesta edilicia. Diversas han sido las razones que, una vez conocidos los resultados, han esgrimido expertos en temas de participación ciudadana, así como también los dirigentes de las organizaciones sociales a las que nos tocó liderar este proceso. Pero de lo que no se ha hablado es de las razones que están detrás de la propuesta de la Municipalidad de Las Condes, secundada también por el alcalde de La Reina, José Manuel Palacios, y la alcaldesa de Providencia.

Según consigna el diario La Tercera el 6 de marzo del presente año el municipio de Las Condes logró un acuerdo con el estado de Chile para pagar una deuda de 33.000 millones de pesos que contrajo producto de la extensión de la línea 1 del Metro hasta la Estación Los Domínicos. En este acuerdo se establece que en un plazo de ocho años la Municipalidad de Las Condes deberá materializar inversiones en distintos puntos de la Región Metropolitana, excluido el espacio territorial de su comuna. También se establece que un tercio de esa deuda va a ser invertido en el plan maestro de mejoramiento del Parque Alberto Hurtado. Un poco más de la mitad de este parque queda en la comuna de La Reina, espacio en el que se pretendía emplazar el proyecto de la laguna artificial.

Se explica entonces por qué el alcalde Lavín y sus asesores diseñaron el plan que acaba de rechazar la ciudadanía, a través del cual pretendía construir una laguna artificial de 1,5 Has, con dos playas de arena de 3000 m2 más los espacios de recreación, accesos y estacionamientos que el proyecto hubiera requerido, segregando del actual parque una superficie aproximada de 3 a 4 Has. para uso exclusivo de quienes pagaran una entrada adicional de 6.500 pesos.  Detrás de esto había una compleja ingeniería financiera, que pretendía desvincular al presupuesto municipal más alto del país, del pago de una deuda contraída con el fisco. Esto se pretendía llevar a cabo mediante la contratación de la empresa Crystal Lagoons, y el pago de un royalty que, según palabras del propio Lavín, costaría un tercio de las ganancias generadas por la laguna, aportando durante 20 años a la empresa privada dueña de la tecnología.

Podemos ver entonces que el ofertón de 14.000 millones de pesos para invertir durante 10 años en el parque que consignaba la alternativa derrotada, estaba concebida en su origen desde la lógica incorporar capital privado para hacerse cargo de una deuda pública, con los riesgos que esto implicaba para el desarrollo futuro del parque.  La ciudadanía entendió que con esa opción se ponía en riesgo una de sus más importantes características que es la de ser un pulmón verde de alta importancia, no solo para las comunas del sector oriente y del pie de monte, sino que para toda la ciudad de Santiago. Bien sabido es que la inversión privada busca como objetivo principal la maximización de utilidades.

La opción ganadora en cambio asegura la inversión directa a través del presupuesto municipal de Las Condes, de un monto de 3.200 millones de pesos en mejoras para el parque conservando su espíritu original. Sin embargo, la derrota de la ingeniería financiera montada por Lavín y sus asesores no tira por la borda los compromisos adquiridos por le municipio con el fisco, por lo que en el plazo de 8 años deberemos exigir que se completen los 11.000 millones de inversión que este acuerdo implica. Necesitamos de una ciudadanía activa y vigilante para exigir el cumplimiento de este acuerdo.

Las lecciones que nos deja esta experiencia son muchas, pero tal vez una de las más importantes es que la ciudadanía respondió ante la amenaza solapada de entregar al sector privado la responsabilidad de los bienes públicos, así como ya lo hemos visto con las pensiones, la educación, la salud, el agua y tantos otros bienes en los que unos pocos ven un espacio para hacer negocios de alta rentabilidad a partir de las necesidades de la mayoría. En esta pasada, la valorización del espacio público se puso por encima de los intereses privados. Como nos plantea Jordi Borja una importante cuota de responsabilidad en la forma de volver al espacio público se debe a los movimientos ciudadanos y al desarrollo de la crítica urbana, la cual siempre deja un saldo positivo sobre la ciudad, ya que por medio de ella se revalorizan los lugares, se democratiza la gestión urbana y se fomenta la participación como mecanismo mediante el cual los habitantes debemos “conquistar” la calidad de ciudadanos.