ex concejal y ex director laboral Banco del Estado.
Lo más probable es que cuando hayamos resuelto democráticamente las distorsiones estructurales que afectan la convivencia de nuestro país, la sociedad se incline por un sistema de pensiones con una fuerte base solidaria, resguardado jurídicamente y le otorgue, al mismo tiempo, la posibilidad de contar con un sistema privado a quienes no necesitan de la solidaridad que la mayoría hoy reclama.
Así más o menos funcionan los sistemas de pensiones en el mundo, con un sistema público fuerte, que es lo que permite garantizar la paz social. El sistema de pensiones existente en nuestro país, es hegemónico en todo el sentido de la palabra, y no nos entrega la posibilidad de elegir entre un sistema público, que es mi opción; y otro privado, coexistiendo con el anterior y dando la opción a que otras personas que piensan distinto o simplemente tengan otras preferencias, puedan optar.
En Chile, no tenemos opción y se nos amenza. Amenazan los empresarios, los dueños de las AFPs, amenazan ministros de Estado, amenazan políticos de viejo cuño y otros que venían a reemplazarlos, amenazan los medios de prensa, economistas y quienquiera que se identifica con el sistema actual. Es que la crisis pandémica, política y social ha terminado de develar la simbiosis entre el negocio de las AFPs y un sector minoritario de la sociedad, que se beneficia de ellas y del sistema en el que opera su negocio.
Las amenazas son un síntoma de descontrol, pérdida de horizonte y carencia de argumentos válidos y legítimos. Los argumentos en su defensa se vuelven ilegítimos, cuando se sustentan en amenazas.
En lugar de hacer articulaciones para una mejor interpretación de la sociedad la élite y su gobierno, más se encierran en su burbuja, más se rigidizan. Amenazas en el contexto de un ideologísmo economicista exacerbado, mala combinación y no funciona porque es ajeno a la realidad del país, no conecta con la población y continua en el descrédito.
Por eso es que, en poco más de 8 meses, el gobierno ha transitado desde la guerra a la paz, desde la paz a los acuerdos y desde éstos a todo tipo de acusaciones a la oposición y al Congreso, cuando no culpando a toda la población de sus fracasos. Qué los teóricos de Chile Vamos, expliquen esta ensalada ¡!
Pero lamentablemente conduciendo al país a un pozo cada vez más profundo y llegando con sus soluciones a destiempo.
La carencia de esta incomprensión del país real, se expresa en el lenguaje. Entre las frases más expresivas que utiliza el gran empresariado y los partidarios de las AFPs, capitaneados por la derecha dura pinochetista en contra del retiro del 10% de los fondos de pensiones por parte de los afiliados, hay una ya conocida: “esto va a favorecer a los que más tienen”.
En lo general, “lo ideal” sería evidentemente que ningún trabajador y trabajadora tuviera que retirar fondos destinados a su jubilación. Decimos “ideal”, si viviéramos en un país con un Estado de derecho pleno, es decir, con libertades políticas, derechos sociales y económicos garantizados en la forma de acceso a los bienes básicos indispensables para la vida: salud, educación, pensiones dignas y por tanto si viviéramos en un país con un Estado presente, activo y solidario.
Nada de eso lo tenemos por la existencia de un modelo económico basado en el lucro, el sobre endeudamiento de la población, economía informal a gran escala, y el extractivismo desbandado que hoy impera en nuestro país. Por lo tanto, en el país real, las pensiones son malas hoy, y así como estamos, seguirán siendo malas en cualquier futuro, si es que no tenemos cambios sustantivos y en una dirección y sentido distinto al actual orden de cosas. Ese sentido es el de un sistema solidario de pensiones, articulado con otros bienes públicos universales.
Dada la emergencia impuesta por la pandemia y la pérdida de ingreso de las familias, el retiro del 10% del ahorro acumulado es lo que corresponde hacer. Es lo más rápido y flexible. Es una forma de liberarse de la letra chica del gobierno, la ineficacia rimbombante y la burocracia de sus medidas que terminan excluyendo a quienes requieren del apoyo del Estado.
En lo demás, seamos claros. Los que más tienen no necesitan hacer uso del retiro del 10% de su capitalización, tan sencillo porque no lo necesitan, no pasan hambre y no la conocen. El sector más rico del país dice lo que dice, porque siempre que ven afectados sus negocios privados, apelan a este ya gastado argumento. Lo dijeron a propósito de la Reforma Educacional en el gobierno de Bachelet (por qué el estado me debe pagar la educación a mi, si yo puedo hacerlo).
Es el afán de hacer de su propia realidad, la realidad de todos. Por eso, no conectan con el resto del país.
Cualquiera sea el resultado de la votación estas próximas horas, el descrédito de las AFPs y del gran empresariado no tiene vuelta atrás. Al gran empresariado no le interesa las pensiones de la población, le interesa obtener financiamiento con platas dulces, ojala no pagar impuestos y obtener el máximo de rentabilidad, incluso a costa de la integridad del país.
Pero Chile está en otra y seguirá su curso. Y el curso que tendrá que seguir es hacer efectiva la realización del Plebiscito Constitucional programado para octubre. La realización de este Plebiscito no es moneda de cambio de la opción de retiro del 10% de los fondos de pensiones. Eso se llama chantaje.
